Agencias / MonitorSur, Xalapa, Veracruz .- Son varios los países en los cuales, a fuerza de pandemia, se instaló el debate sobre la política impositiva: en medio de la histórica paralización de la economía, los Estados recaudan menos y de algún lado deben obtener el dinero para asistir al sector productivo, sostener el empleo y brindar planes sociales en los grupos más excluidos, que se llevan la peor parte del conflicto. El contexto se agrava en aquellas naciones colapsadas por deudas, el trabajo informal y grandes niveles de pobreza, donde hay que redoblar los esfuerzos.

En América Latina, región caracterizada por su injusta redistribución de la riqueza, partidos de tendencia progresista o de izquierda presentan proyectos de ley para subir las cargas tributarias sobre los individuos mejores acomodados, y los medios de comunicación comienzan a tocar el tema. De hecho, tras la aparición del coronavirus, hay latinos preguntándose por primera vez por qué las personas o firmas de mayores ingresos abonan tan pocos impuestos, y aparece la cuestión de fondo: ¿quién debería pagar la crisis?

La mejor forma de responder a este crucial interrogante, impensado antes de la emergencia sanitaria, es viendo los datos duros.

La contribución de los que más ganan, un porcentaje ínfimo sobre el PBI

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) brinda cifras sobre cuánto representa en el Producto Bruto Interno (PBI) de cada nación el tributo que los Estados cobran a quienes más dinero perciben, es decir, el impuesto sobre ingresos y ganancias para individuos o empresas. Así, se evidencia que los ricos y las compañías mejores posicionadas en la región tienen muchos más beneficios que en otras zonas del mundo. Repasemos.

Detrás de Bahamas, donde la tasa era igual a cero, Paraguay fue el segundo país con las cargas menos significativas en 2018, equivaliendo al 2,3 % del PBI. La lista continúa con Guatemala y Venezuela —la nación bolivariana con datos del 2015—, que según la OCDE acogían una exigua contribución igual al 3,5 % del Producto. Volviendo al 2018, la Bolivia conducida por Evo Morales reflejaba un bajo 3,8 %, República Dominicana 4 %, Panamá 4,1 %, Ecuador 4,8 % y Costa Rica 4,9 %.

Argentina, cuya administración pública estaba al mando de Mauricio Macri, recibía de los sectores con mayores ingresos un monto igual al 5,3 % en 2017, sin embargo, ello se redujo al 5,1 % el año siguiente. Este país del Cono Sur, que integra el grupo de los que menos cobran a quienes más ganan, tiene un caso particular: lo recaudado por el impuesto sobre bienes y servicios era casi el triple, un 14,5 %, siendo una carga que afecta a todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, cuando una vecina de la humilde Villa 31 compra un alimento en el mercado, también paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Luego aparece Santa Lucía, que hace dos años cobraba a los grupos más afortunados una suma similar al 5,1 % del PBI, y Perú, con el 5,9 %. En el ‘ranking’ de fiscos laxos en América Latina también figura Honduras, con el 6,3 %, Colombia, 6,5 %, y El Salvador, con el 7 %. A su vez, Nicaragua, México y Brasil tenían el 7,1 % cada uno, mientras que Chile y Belice se hacían con un monto similar al 7,5 %. Por su parte, Uruguay cobró el 7,7 %, Jamaica 8,5 % y Barbados 9 %.

El listado finaliza con Guyana, que marcaba el 9,8 %, Cuba, con datos del 11,1 % sobre el Producto, y Trinidad y Tobago, el país de la región que más dinero percibía de los grupos acomodados en proporción a su PBI: 12,8 %. Así, en Latinoamérica y el Caribe los sectores de mayores ingresos aportaban ese año una media del 6,3 % de todo lo producido en la región, mucho menos que el promedio global de la OCDE, que fue del 11,5 %.

En las naciones “felices”, los millonarios pagan

Así, mientras dirigentes conservadores aseguran que se viene una “dictadura comunista” cuando se intenta instalar el tema, vale la pena mencionar lo que sucede en otras sociedades más desarrolladas, todas ellas capitalistas. Y, aunque sea tedioso comparar América Latina con los países nórdicos, donde todo parece funcionar bien, nunca está demás recordar que las naciones mejor ubicadas en el Reporte Mundial de la Felicidad del 2020 tienen una carga impositiva mucho más alta para los ricos. Es decir, los lugares con mejor desarrollo humano también encabezan la tabla de la OCDE en materia impositiva sobre grupos de grandes ganancias.

Las cifras no son opinables: Dinamarca, el segundo país con la población más feliz del mundo según Naciones Unidas, es también el Estado que más impuestos cobra a los grupos de mayores ingresos, lo que equivale al 27,9 % del PBI. A su vez, el tributo sobre bienes y servicios —todas las actividades de todos los ciudadanos— significa la mitad, 14,7 %. Esta tendencia, donde las cargas a los más afortunados conforman un total mayor a los impuestos comunes, se da en decenas de países, sobre todo en los territorios más “felices”. Ninguno es latinoamericano.

Es que, en este sector del planeta, ocurre exactamente lo inverso: los impuestos de toda la sociedad pueden duplicar o triplicar la recaudación obtenida de sujetos o compañías con altas utilidades.

“Avanzar en una mayor justicia tributaria”

Para tomar mejor dimensión del asunto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió una gráfica donde se comparan algunos países de la región y otras partes del mundo, con menos extremismos —sin naciones nórdicas—, basados en estadísticas del 2017.

“En este contexto de crisis económica y social, es necesario avanzar en una mayor justicia tributaria en toda la región”, le dice a este medio Florencia Gutiérrez, miembro del equipo. Y mientras en distintas partes del mundo comienza a ponerse el foco en el problema, esa economista insiste en que se debería “recaudar más de quienes más poseen, que representan un porcentaje ínfimo de la población”.

Así, el gravamen que se discute por estas horas es el impuesto al patrimonio, también conocido como impuesto a la riqueza. Es decir, más allá de los ingresos, se trata de grandes fortunas ya acumuladas, y las propuestas varían según el país. En Latinoamérica, esta carga existe en pocas naciones, como Uruguay, Colombia y Argentina, y en 2017 representó el 1 %, 0,4 % y 0,2 % del PBI, respectivamente. Poco y nada.

“El 10% más rico de la región posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5,4% de su renta”, señaló en 2016 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de Naciones Unidas.

Dos años más tarde, lanzó un análisis sobre “la cultura del privilegio arraigada” entre los latinos: “Su génesis es indiscernible de la conquista y la colonización, por medio de las cuales se sometió a poblaciones indígenas a trabajos forzados y a personas afrodescendientes a la esclavitud, se expropiaron los bienes y riquezas de los pueblos originarios, prohibieron sus creencias y valores, se les aplicó un maltrato sistemático y les negaron todo estatuto de ciudadanía”. Y concluyó: “Las desigualdades pasadas se transmiten y reproducen en el presente”.

La inequidad sobre cómo se reparte el capital en esta zona del planeta no es algo nuevo. La novedad es que ahora, con la llegada del virus, muchos más se preguntan si puede ser diferente.

Con información de la agencia ‘RT’,