Por Daniel Pensamiento/InsurgentePress/Ciudad de México.- José Luis Abarca siendo Alcalde de Iguala, movió en cuentas bancarias personales alrededor de 77 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que serían claves para adquirir bienes inmuebles y construir una red de operaciones criminales cuyo desenlace fatídico alcanzó a 47 normalistas de Ayotzinapa, en esa empobrecida región de Guerrero.

Los primeros indicios de corrupción de Abarca llegaron a los escritorios oficiales 10 meses antes de la desaparición forzada de los normalistas a manos de policías y sicarios de aquel trágico tránsito de la noche al amanecer de los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

El expediente 13-D-12035-02-1416 GF-276, que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, desmenuzó las operaciones bancarias ilícitas de recursos públicos que realizó Abarca para construir una maraña de complicidades en la región de Iguala durante 2013.

La ASF advirtió que no había certeza ni confianza en la información que entregó la administración del Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, sobre el destino final de los recursos públicos entregados en 2013.
“El Estado entregó los recursos del FISM 2013, por 77,150.9 miles de pesos al municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de entrega publicado en el medio de difusión local; por su parte, el municipio no gravó, afecto en garantía, ni destinó a mecanismos de fuente de pago los recursos que recibidos”, se desprende del documento de la ASF.

El municipio recibió los recursos en una cuenta bancaria que abrió en el mes de febrero de 2013, diferente a la utilizada en operaciones oficiales del FISM en 2012.

La ASF había solicitado a la Controlaría Interna del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, abrir procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que movieron los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en una cuenta bancaria alterna. Esa sanción nunca llegó.

En 2013, Abarca siendo Alcalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reportó un gasto de 26.5 millones del FISM en nueve obras no registradas en los rubros establecidos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Paradójicamente entre las obras que Abarca aseguró haber realizado con recursos del FISM aparecen: disposición final de residuos sólidos del basurero de la Colonia Centro, rehabilitación del relleno sanitario municipal ” Metlapa”, adquisición y distribución de fertilizantes primavera y semilla mejorada.

“Se presume un probable daño o prejuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 26,515,478.70 pesos (veintiséis millones quinientos quince mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 70/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por haber pagado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013, nueve obras que no se encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal”, indicó la ASF.

Además, la ASF detectó que el entonces Edil destinó 37 millones 136 mil a 51 obras que no beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

En una visita de campo la ASF encontró que Abarca literalmente embelleció áreas para incrementar la plusvalía comercial de bienes inmuebles de su propiedad en distintos perímetros y centro de Iguala.

Abarca adquirió 17 propiedades a su nombre, entre locales para vender joyas, una plaza comercial, un rancho, varias casas en fraccionamientos residenciales y terrenos, además, una residencia y joyería de su esposa.

En conclusión la ASF señaló que la administración de Abarca manejo a su antojo los recursos del FISM. Y de ahí tejió su historia guiado por la ambición política hacia un precipicio abrupto.

La desaparición forzada de 43 normalistas y ejecución de seis civiles a manos de balas de armas de asalto oficiales, obligaron a Abarca solicitar licencia del cargo, y huir con esposa María de Los Ángeles Pineda Villa, bajo la mirada de complicidad de las diversas corporaciones policiacas 72 horas después de los trágicos hechos en esa región.

El pasado 4 de noviembre, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) capturaron al matrimonio Abarca, escondidos en un domicilio de la calle Cedro número 50, colonia Tenorios, en la Delegación de Iztapalapa, Distrito Federal.

Tres meses después el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer ’su verdad histórica’. Sicarios del Cártel de Guerreros Unidos ejecutaron a normalistas y quemaron los cuerpos en el basurero de Cocula.

La PGR acusó a Abarca de homicidio y crimen organizado, paralelamente abrió un proceso judicial contra su esposa Pineda Villa, por sus presuntas ligas con el Cártel de ‘Guerreros Unidos’.

Hoy el matrimonio Abarca se encuentra detrás de fríos barrotes de una prisión de máxima seguridad con un pasado lúgubre detrás de ellos; mientras que el dolor de los padres de normalistas es inacabable, siguen en busca de descifrar el ¿Por qué los mataron?.