Especial

San Salvador, El Salvador, 7 febrero 2018.-El reciente asesinato de otro policía confirma el desespero de las estructuras criminales en El Salvador, que apelan a la violencia y la victimización para presionar al Estado.

William Lemus fue ultimado el pasado viernes en la capitalina colonia San Patricio por pandilleros de la ‘Mara 18’, con el propósito de fondo de presionar al gobierno para que interrumpa las medidas extraordinarias de seguridad.

El último tercio del pasado año también estuvo marcado por las agresiones a policías y militares en su entorno familiar, por lo general recónditos cantones, situación manipulada por la derecha salvadoreña para vender la imagen de Estado fallido.

Además, tanto los ‘mareros’ como la oposición amplifican la existencia de supuestos escuadrones de exterminio que ajustician extra-judicialmente a los delincuentes, algo negado enfáticamente por las autoridades y el gobierno de El Salvador.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, denunció las presiones para que la Asamblea Legislativa rechace la prórroga de las medidas recién solicitada por el Ejecutivo, dado los resultados positivos.

“Hay todo un esfuerzo de los grupos criminales para evitar que continúen los operativos policiales, para hacerse como víctimas y no victimarios”, advirtió el funcionario, quien insistió en el respeto gubernamental a los derechos humanos.

Aún así, organizaciones internacionales creen esas versiones, e incluso sugieren el fin de unas medidas que en apenas un año redujeron a la mitad los homicidios y las extorsiones en una nación estigmatizada por el pandillerismo.

De hecho, la relatora especial de Naciones Unidas, Agnes Callamard, criticó la política de aislar en cárceles de máxima seguridad a los cabecillas de las ‘maras’, sin tener en cuenta que muchos eran tan o más peligrosos dentro que fuera.

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén discrepó de inmediato sobre lo que consideró una ‘confusión’ de la alta funcionaria, pues la política demostró ser eficaz, y responde a un mandato mayor: el reclamo del pueblo de vivir con seguridad.

Por otro lado, Callamard reconoció como positivos los logros del plan El Salvador Seguro, y los programas Yo Cambio y Jóvenes Con Todo, que combaten la violencia mediante la creación de oportunidades y el rescate de espacios públicos.

A su vez, las autoridades desestimaron las denuncias de supuestas ejecuciones extra-judiciales, pues por cada criminal ultimado en enfrentamientos con la policía, unos 130 son arrestados, y los casos de abuso de poder han sido llevados a juicio y sancionados.

El panorama dista de ser idílico, pero tampoco impera una Ley del Talión ni el gobierno se deja tentar por el criterio populista de armar a la población, propuesto por algunos políticos de derecha, y que solo engendraría más violencia. (Charly Morales Valido/PL).