Agencias, Ciudad de México.- A pocos días de las primeras elecciones judiciales federales en México, la plataforma ciudadana Match Judicial denuncia públicamente un intento de censura institucional que representa no solo una agresión a la libertad de expresión, sino una forma grave de violencia política en razón de género, ejercida contra su fundadora, Alina Paola Pantoja.

Desde el 3 de mayo, Alina ha sido blanco de una campaña de ataques digitales, desinformación, amenazas y presión colectiva encabezada por personas vinculadas a una candidatura del Poder Judicial de la Federación. Sin respaldo institucional alguno. Ninguna autoridad —ni la Policía Cibernética ni el Ministerio Público— ha respondido sus solicitudes para levantar un acta de hechos o brindarle protección. Esta inacción institucional, documentada en una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituye un acto de revictimización y una grave omisión frente a una mujer activista que ejerce su derecho a informar y participar.

Previo a estos ataques, Alina recibió advertencias directas para que “regalara”, “vendiera” o eliminara Match Judicial. Se le insinuó que, de no hacerlo, el proyecto podría desaparecer por medios externos. Estas presiones ocurrieron antes de cualquier procedimiento institucional y revelan un intento deliberado de silenciar una iniciativa ciudadana por vías extralegales.

En paralelo, el Instituto Nacional Electoral inició un procedimiento (expediente reservado) en el que se acusa indirectamente a la plataforma Match Judicial de estar vinculada a la “presunta contratación de propaganda” y de ser una “aportación de ente prohibido”. Estas acusaciones se derivan del hecho de que en el sitio web www.matchjudicial.com se alojan perfiles públicos de personas candidatas al Poder Judicial.

A pesar de que la plataforma no solicita votos, no pauta contenido, no recibe financiamiento institucional ni público, y trabaja con información abierta del propio INE y otras fuentes oficiales, el organismo electoral decidió abrir un expediente sin siquiera notificar formalmente a Match Judicial, a quien se alude directamente. Esto no solo vulnera el derecho de defensa y el principio de debido proceso, sino que evidencia una persecución por vías institucionales hacia una mujer que ha promovido la transparencia desde un enfoque ciudadano, técnico y apartidista.

Match Judicial no es una campaña ni una plataforma política. Es un esfuerzo independiente que ha sistematizado y hecho accesibles más de 3,400 perfiles judiciales con el objetivo de que las personas votantes ejerzan un voto informado, libre y consciente el próximo 1 de junio del 2025.

Alina Pantoja presentó también una demanda formal solicitando intervención inmediata mediante el recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación por omisión y falta de garantías institucionales. En su denuncia subraya que este intento de silenciarla no es un caso aislado, sino parte de una estructura de violencia institucional que busca inhibir la participación de mujeres en espacios públicos, particularmente aquellas que promueven la rendición de cuentas en el ámbito judicial.

Los derechos fundamentales respaldan el trabajo de Match Judicial. El artículo 6° constitucional garantiza el derecho a la información y la libertad de expresión; el artículo 7° protege la libre difusión de ideas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia política por razón de género, incluida su modalidad digital. Además, la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona los intentos de obstaculizar o castigar la participación de las mujeres en procesos democráticos. La jurisprudencia 21/2016 del TEPJF y la Recomendación General 43/2020 de la CNDH refuerzan la obligación del Estado de prevenir la violencia institucional contra defensoras de derechos.

El funcionamiento de Match Judicial se encuentra dentro del marco legal y respeta los principios establecidos por el Instituto Nacional Electoral. No constituye una “aportación de ente prohibido” ni una violación a las reglas de fiscalización. La plataforma no solicita votos, no pauta contenido, no promueve a ninguna candidatura y no recibe financiamiento público ni privado para fines propagandísticos. La única opción de pago que existe es un servicio de verificación de identidad —la “palomita azul”— similar al que ofrecen plataformas como Facebook, Instagram, X o LinkedIn. Este servicio es completamente opcional, no implica promoción personalizada ni condiciona la visibilidad en el sitio.

Match Judicial se apega al Reglamento de Fiscalización del INE, en particular a los artículos 3, 7 y 23, así como al artículo 254 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Su única función es facilitar el acceso a información pública, de forma transparente, apartidista y ciudadana.

Lo que está ocurriendo es inadmisible
Castigar el acceso a la información pública con expedientes sancionadores, omitir notificaciones a quien es señalada y negarle asistencia a una mujer amenazada, no es legalidad: es censura encubierta.

Desde Match Judicial reiteramos:
Informar no es un delito. Cuestionar no es traición. Participar no debe ser castigo.

Alina Pantoja no está sola. Las mujeres no estamos solas. No vamos a callar.

Este 1 de junio, vota con libertad, vota con conciencia, vota con información.
Porque cuando la justicia se elige, también se defiende.