México, D. F., 6 de marzo de 2015 (Círculo Digital).- Eduardo Medina Mora, aspirante al cargo de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene un pasado controvertido.
Está señalado como espía de legisladores, por anomalías en compras por la ASF, tuvo varias recomendaciones de derechos humanos y se le imputan ligas con el narcotráfico, además de ser considerado como una pieza clave del salinismo, entre otros detalles.
Espionaje
Medina Mora ordenó un riguroso espionaje de legisladores siendo director del Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen-2000 a 2005) mediante la operación del área Técnica para Acceder en Línea al Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa (SAAPIL), encargada de vigilar las 24 horas diarias a legisladores, según confirma el contrato CISEN/UO/024/07.
El espionaje a senadores y diputados se realizó mediante acceso a claves privadas, reportes y cortes estratégicos de información, análisis de contenidos, perfiles y mapas de legisladores, sin una orden judicial de por medio. El Cisen erogó un millón de pesos para perfeccionar el SAAPIL.
Bajo ese esquema, se etiquetó a legisladores como un peligro para la seguridad nacional.
Compras
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 16 recomendaciones a Medina Mora en el 2000, todas ellas relacionadas con anomalías en la compra de softwares:
(http://www.asf.gob.mx/trans/Informes/IR2000i/ir2000/Tomos/Tomo2/CISEN.htm).
Medina Mora pagó desde el Cisen, según el documento interno “Relación de Pago por Arrendamiento”, un promedio de 15 millones de pesos por rentas de oficinas de espionaje, sin aportar mayores datos.
Durante su administración, Medina Mora acondicionó las tres instalaciones del Cisen -de acuerdo con el contrato CISEN 012/04, anexo 3.1— incluyendo la central ubicada en Camino Real de Contreras número 35, colonia La Concepción, Delegación Magdalena Contreras, con un gimnasio para los agentes operativos, zona de recreación que incluye ping-pong, canchas de tenis etcétera, en un espacio de 1 653.94 metros cuadrados.
Además, de acuerdo con la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, Medina Mora gastó 27 mil pesos en viáticos nacionales y 289 mil 414.59 pesos en viajes internacionales.
Casos
Tras el paso de Medina Mora en el Cisen, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, la CNDH emitió una alta cifra de recomendaciones.
Entre los casos más sonados aparecen el llamado michoacanazo, una acción que ejecutó la PGR en una fecha sospechosamente cercana a una elección estatal. En ese operativo arrestó a 11 presidentes municipales, una decena de funcionarios de mandos medios del estado y hasta un juez, por presuntas ligas con el crimen organizado —julio de 2009.
Esto propició que la entonces bancada perredista en el Senado de la República amagara con promover un juicio político contra Medina Mora, entonces procurador.
Como Procurador General de la República fue responsable de la violación grave de los derechos de Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres indígenas ñhä-ñhú (otomíes), detenidas en 2006 y encarceladas por más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).
Siendo procurador, Medina Mora avaló los operativos militarizados en los cuales participaron un promedio de 45 mil elementos en operativos en las calles de zonas urbanas o en puntos carreteros estratégicos, donde se realizan revisiones tanto de casas (en muchos casos, sin tener orden judicial de cateo), como de personas y automóviles, mismas que fueron caracterizadas por tratos que vulneran derechos fundamentales, hasta la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
En dos de las tres últimas investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos, formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casos Atenco y Oaxaca, él aparece como responsable en la línea de mando de los que en ese momento eran sus subalternos.
También se le relaciona con la defensa de compañías tabacaleras al combatir la Ley de los No Fumadores; los juicios paralelos o mediáticos; fue negociador de la iniciativa Mérida; también se le involucra en los operativos de trasiego de armas de EU a México, como el llamado “Rápido y furioso”, que todavía sigue el curso de una investigación en Estados Unidos.
Ligas
Otro caso que ha ensombrecido el pasado de Medina Mora, es la relación con el extinto comisario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Enrique Bayardo del Villar, detenido por sus ligas con el narcotráfico en 2008.
La relación Medina Mora-Bayardo del Villar inició apenas unos meses después de tomar posesión como titular de la Secretaría de Seguridad Pública —en febrero de 2006—, dando un contrato ‘por honorarios’ a través del oficial mayor para “efectuar las actividades consistentes en apoyo en análisis de información confidencial, procesamiento de documentos relevantes, diseño de estrategias, logística de operación e investigación y apoyo a funciones de control y evaluación de personal”.
Bayardo apenas tuvo que declarar que era abogado de la Universidad Cristóbal Colón para obtener dos contratos, uno en febrero a marzo, y una ampliación de abril a noviembre del 2006. Ambos por un monto de 770 mil pesos. El acuerdo fue rescindido sin explicación alguna en agosto del 2006.
Los contratos entre Medina Mora y Bayardo del Villar están firmados por Rafael Ibarra Consejo, oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública en ese año.
En octubre de 2008, Bayardo del Villar confesó que trabajaba para el cartel de los Zambada desde hacía 10 años. También dijo que colaboraba con la Agencia Estadounidense Anti-drogras, la DEA.
En 2001, el gobierno del Presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, conocida por sus siglas como Femospp (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado).
A finales de noviembre de 2006, el entonces procurador general de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, emitió un acuerdo para desaparecer la Femospp. Esa decisión fue refrendada por su sucesor, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, mediante acuerdo A/317/2006 de la PGR en marzo de 2007.
Durante la administración del Presidente Calderón se caracterizó por perpetuar la impunidad y restar importancia al tema: el destino de la información y el trabajo desarrollado por la Femospp quedó bajo la dirección de la Coordinación General de Investigaciones (CGI) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales mediante el citado acuerdo A/317/2006, sin que se expresara una postura clara del gobierno, acorde a la relevancia del tema, sobre la manera en que serían asumidas las tareas.
Desde entonces las averiguaciones previas que quedaron bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Investigación no han tenido avances significativos, se desprende del informe elaborado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2010.
El aspirante a ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también es considerado un colaborador cercano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Medina Mora ha estado bajo el mando de Luis Téllez, ex secretario de Energía con Ernesto Zedillo como parte de una plantilla tecnocrática transexenal que responde a los intereses de Salinas de Gortari.
Téllez fue jefe de Medina Mora en el Grupo Desc, la firma de la familia Senderos especializada en asuntos inmobiliarios, químicos, alimenticios y de auto-partes.
Instalado en la oficina del gobierno federal dedicada a la recopilación de información estratégica (el Cisen), Medina Mora habría estado en buenas condiciones de ayudar a su amigo Téllez cuando éste dejó Desc para representar en México los intereses de uno de los más poderosos fondos de inversión trasnacional, el Grupo Carlyle.
Cargos
Entre diciembre del 2000 y septiembre del 2005, Eduardo Medina Mora fungió como Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; entre septiembre de 2005 y noviembre del 2006 fungió como Secretario de Seguridad Pública; entre diciembre del 2006 y septiembre del 2009 fue Procurador General de la República.
El perfil de Medina Mora en cargos públicos creció con el entonces Presidente Vicente Fox al ser designado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen-2000 a 2005), y posteriormente, como secretario federal de seguridad pública tras la muerte de Ramón Martín Huerta en un accidente oscuro (2005-2006).
Medina Mora ocupó durante la administración del panista Felipe Calderón, el cargo de procurador General de la República durante el periodo 2006-2009, siendo un ariete clave en la llamada ‘Guerra contra el Narcotráfico’.
Eduardo Medina salió de la PGR en medio de un escándalo de corrupción y complicidad con el narcotráfico que puso en prisión a varios funcionarios a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que estuvo bajo su mando.
La PGR bajo el mando de Medina Mora descubrió en el testigo protegido Jennifer su mejor arma para encarcelar gente a placer.
El exceso de estos testigos protegidos devino en persecución a adversarios políticos y contra los que el gobierno de ese tiempo consideraba sus enemigos, no necesariamente criminales.
Envuelto en esa serie de escándalos, la relación de Medina Mora y Genaro García Luna, incondicional secretario de Seguridad del entonces presidente panista Felipe Calderón, se torno insalvable.
Entonces decidieron literalmente proteger a Medina Mora con el exilio diplomático. Lo mandaron de embajador -sin experiencia ni formación- al Reino Unido.
Todas las posiciones que ha ocupado Medina Mora están relacionadas con la intermediación de Salinas.
Fue premiado con las embajadas en Londres y Washington. Y ahora está en la terna de la que saldrá un nuevo ministro de la SCJN. (Con información de Agencias e insurgentepress.com)
