México, DF, 21 de febrero 2015 (Círculo Digital).- En los últimos años, el gobierno de México incrementó en 43.9% el presupuesto destinado al combate al terrorismo, principalmente a través de la detección de posibles operaciones de lavado de dinero con fines de financiamiento para esta actividad, como parte de las acciones previstas en la Política de Seguridad Pública del periodo que va de 2013 a 2018.

De acuerdo con el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde la administración anterior se estableció la necesidad de orientar la política hacia el combate frontal contra tres ejes principales: narcotráfico, crimen organizado, así como detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Según el informe realizado al programa de Política de Seguridad Pública, indica que los recursos para combatirlo en el país pasaron de 109.5 mdp en 2010, a 157.6 mdp en 2013.

En el diseño para combatir este delito, se planteó un esquema en el que se coordinan las secretarías de Gobernación y Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) para prevenir y detectar las operaciones relacionadas con financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.

“Al respecto, como mecanismo de prevención de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el SAT elaboró el subprograma de Supervisión a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero”, se indica.

De acuerdo con el esquema, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es clave en la detección de operaciones de financiamiento para posibles actos de terrorismo.

El informe también señala que en el periodo 2007‐2013 esta área emitió 39.7 millones de reportes de operaciones relevantes, 21.5 millones de reportes de operaciones con dólares en efectivo y 2.8 millones de reportes de operaciones con transferencias internacionales, aunque no se especifica cuáles pudieron estar asociadas a este delito.

Sin embargo, de las 316 averiguaciones previas por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 51.9% (164) estaban pendientes de despacho; 35.4% (112) fueron remitidas ante la autoridad judicial competente y 12.7% (40) restante no se consignaron, ya sea por la determinación del no ejercicio de la acción penal, la acumulación de la averiguación previa o la decisión de enviarla a reserva. (Con información de El Universal)