Ciudad de México, 23 de marzo 2015 (Círculo Digital).- En cuestas aseguran que México es el país de América Latina con mayores índices de fraudes y delitos de índole patrimonial, originados básicamente, a un problema de impunidad.
unque las encuestas referidas indican que México es el país de América Latina con mayores índices de fraudes y delitos de índole patrimonial, los orígenes de ese fenómeno no están en la idiosincrasia mexicana, en la falta de educación o en la extrema pobreza, sino, básicamente, obedece a un problema de impunidad, asegura el abogado Martín Millán, con 25 años de experiencia en litigios penales.
Martín Millan, abogado y experto en litigios penales, y en una cuesta realizada por KPMG, señala que México ocupa el primer lugar en incidencia de fraudes de toda América Latina, con 75 por ciento, seguirdo de Brasil, con 68 por ciento.
El posible factor de esta problemática, se debe a que las agencias del Ministerio Público del país están saturadas de denuncias, lo que origina que lleven varios años sin que los defraudadores enfrenten siquiera una orden de aprehensión.
Además de la sobrecarga de trabajo de las procuradurías de justicia y de los juzgados, que desahogan un promedio de mil 200 casos de delitos patrimoniales al año, según cifras del Poder Judicial de la Federación, asimismo de los vicios de excesivo formalismo en que incurren agentes del Ministerio Público, jueces y defensores, derivado de la trayectoria cultural y académica de los abogados mexicanos, atrasan la resolución de fondo de los juicios contra los defraudadores que ya están presos.
Los actos más comunes ligados a delitos patrimoniales son desvíos de dinero de las cuentas empresariales por parte de contadores o personal de confianza de los accionistas; 72 por ciento, disposición de dinero para gastos personales por mandos medios en empresas; 14 por ciento, engaños a clientes de diversa índole; 8 por ciento, abuso de confianza y falta de ética, según informes de las consultoras Kroll, KPMG, PwC y EY.
Ocho de cada diez empresas en México han padecido de algún fraude, y el monto del daño oscila entre 150 mil y 200 mil pesos. El promedio de edad de los defraudadores va de los 20 a los 30 años, y el responsable más frecuente es el que tiene un puesto operativo, quien por lo regular lleva como mínimo tres años en la compañía
Estas cifras, son contabilizadas en los tres años pasados, en donde, las incidencias de fraudes a empresas, o los que empleados de alguna compañía cometen contra los usuarios de los servicios que otorgan las mismas aumentaron entre 13 y 15 por ciento.
Jesús Alberto Guerrero Rojas, otro abogado con amplia experiencia en la asesoría a víctimas de fraude, explica que para poder lograr una orden de aprehensión contra un defraudador en este país, el promedio estándar y con un muy buen abogado acusador, es de nueve meses. (Con información de la Jornada)