México está cansado de la corrupción y la impunidad, toda vez que año tras año la corrupción no se sanciona, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se cometen 12 millones de delitos cada año y el 85 por ciento de ellos no se denuncia; sólo 120 mil terminan en sentencia y únicamente el 1 por ciento se castiga, señaló la senadora Dolores Padierna.

Por ello insistió en que necesitamos fortalecer el concepto de los órganos de fiscalización.

“La Auditoría Superior de la Federación debe tener la facultad de poder auditar en tiempo real para poder prevenir y evitar el robo del erario o cualquier desvió presupuestal; debe investigar todo acto de corrupción y castigar severamente a los servidores públicos responsables; las sanciones deben ser administrativas si se tratan de daños menores, pero penales si se tratan de daños graves. Debe poder auditar e investigar cada peso público este en los tres niveles de gobierno o en los tres Poderes de la Unión y en los órganos autónomos”.

La vicecoordinadora del PRD en el Senado, recordó que la Secretaría de la Función Pública está en extinción, pero debería de ser responsable del control interno y de  las áreas ejecutoras del gasto, es decir, las que ejercen presupuesto público; debe prevenir, corregir, auditar, investigar y sancionar los actos de corrupción de los servidores públicos.

Llegó al Senado de la República una propuesta ciudadana que en realidad ayuda a combatir la corrupción. Nos proponen crear un tribunal de cuentas, una Fiscalía Anticorrupción autónoma, reformar la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación.

Se requiere tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad; sancionar todos los delitos cometidos, no sólo el 1 por ciento; acabar con el dispendio, el despilfarro y el gasto suntuario que se da en todas las dependencias públicas y poderes.

Castigar el cobro que hacen los legisladores por autorizar el Presupuesto federal;  vigilar los gastos de la Cámara de Diputados y Senadores donde no hay rendición de cuentas.

Fiscalizar profundamente a los gobernadores que se gastan el presupuesto del erario como si fuera suyo y no del pueblo de México.

Eliminar las adquisiciones directas que son una fuente de corrupción muy grande.

Hacer públicas las declaraciones patrimoniales; reincorporar los subejercicios a la Tesorería de la Federación; fiscalizar los fideicomisos que se encuentran por centenares en la Banca de Desarrollo y son una verdadera opacidad; que los poderes públicos estén sujetos a fiscalización diaria; que los partidos políticos tengan una chequera transparente y pública donde se puedan revisar sus gastos día a día y que los sindicatos no reciban recursos públicos de parte del gobierno.

En fin, terminar con los malos gobiernos, denunciar los actos de corrupción, terminar con las complicidades y las corruptelas, expuso la perredista en un comunicado.