Redacción
Ciudad de México, 21 marzo 2018.-En la gestión de Enrique Peña Nieto se han registrado más hechos de violencia contra periodistas, con 1.986 agresiones cometidas entre 2012 y 2017, según un nuevo informe.
Unos 1.986 hechos contra medios de comunicación y periodistas fueron registrados en México, entre diciembre de 2012 y febrero de 2018, según el informe publicado este martes por la organización civil Artículo 19.
El texto denominado “Democracia simulada, nada que aplaudir” revela que la referida cifra es la más alta desde que comenzaron a investigar las agresiones contra comunicadores en el país, en 2007.
Según el documento, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento para los periodistas con respecto al mandato del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), con 894 agresiones cometidas.
A partir de 2015, la violencia contra los profesionales de la comunicación ha ido en aumento año tras año; en 2016 constataron 426 casos, más que los 397 del año anterior, y en 2017, fueron 507.
Al respecto, el 2017 fue calificado como el más violento de la última década para México con un incremento del 53 por ciento en relación con el 2013, cuando Peña Nieto empezaba su gestión.
Funcionarios involucrados en la violencia
Según el informe de Artículo 19, de los 1.986 hechos de violencia contra periodistas, solo el 8 por ciento fue ejecutado presuntamente por miembros del crimen organizado y el 48 por ciento por funcionarios públicos.
La organización civil indicó que uno de los principales problemas para determinar a los responsables es “la falta de investigaciones diligentes, exhaustivas, completas e imparciales”.
Aumento de la impunidad
La directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Ruelas, afirmó que la violencia contra la prensa durante el Gobierno de Peña Nieto ha sido caracterizada por la impunidad.
Además, recordó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició 800 averiguaciones previas por agresiones contra periodistas, entre julio de 2010 y febrero de 2016, y solo dos sentencias han sido dictadas.
“Necesitamos una Fiscalía que sea autónoma de verdad, que haga investigaciones exhaustivas e imparciales, y para ello se requiere de voluntad política”, insistió Ruelas.
