Rogelio Hernández López

Dirían los cursis poetas y los periodistas adoradores de los lugares comunes que este jueves 7 de junio de 2018, comenzó el principio del fin del día de la libertad de expresión en México, pero de ese que comenzó como festejo del sistema de conveniencias que crearon gobernantes pro establishment y empresarios acaparadores del mercado de la información desde los tiempos de Miguel Alemán. En poco tiempo, la comunicación política hoy oficial y el gasto público en medios de prensa tendrán que cambiar, transparentarse y ampliarse a más medios. No es poco. Veamos:

La nota confirmadora

Ese 7 de junio, desde temprano, varios portales informativos reportaron una noticia, que casi se pierde entre la polvadera de las coberturas electorales:

Un grupo de 51 senadores presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social o Ley “Chayote”, bajo el argumento que no garantiza “cancha pareja” para todos los medios de comunicación del país, adelantó el reportero de Capital Media, Víctor Mayén.

Este jueves acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los senadores del PAN, Ernesto Ruffo Appel y Daniel Avila Ruiz, así como la independiente Martha Tagle Martínez para entregar las firmas que por ley se tienen que presentar para que proceda la impugnación de esta legislación.

La legisladora sin grupo parlamentario, Martha Tagle explicó que la Ley “Chayote” no garantiza que existan medios libres.

Escenario para derogar

La cantidad de senadores (51) garantiza el número suficiente para que la Corte acepte el procedimiento y tenga que resolver en torno al procedimiento de inconstitucionalidad. Sólo con eso, la ley Chayo serán enjuiciada juídicamente por la corte.

Antes de que los ministros de la Corte analicen y voten tendrán que aceptar las incidencias que hicieron –y seguramente reiterarán– la mayoría de organizaciones civiles y algunos periodistas que se expresaron en contra de la ley previamente y posterior a su aprobación camaral.

Más aún la Corte tiene que ponderar también dos atmósferas políticas que rodean a dicha ley: una, que se aprobó con descontón parlamentario del PRI y sus aliados, violando procedimientos legislativos para avasallar practicamente a toda la oposición.

Además, cuando la SCJN determine abordar el procedimiento en el pleno de magistrados habrá pasado el día de los comicios nacionales y pesará la nueva composición política de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Según los escenarios posibles habrán perdido la hegemonía el PRI y sus aliados.

Aún más, en ese medio ambiente que predominará después del 1 de julio, pesaran los pronunciamientos que han hecho ya, en distintos momentos, los candidatos presidenciales de las coaliciones Juntos Haremos Historia y Frente por México, que según las encuestas obtendrán las dos minorías mayores en el Congreso de la Unión. Ellos, de proponérselo modificarían todo lo que les disguste de la llamada ley chayo

Esto significa ya que jurídica, social y políticamente la ley impugnada por los senadores tendría que ser derogada por la Corte.

Bueno para todos (casi).

Para quienes no conozcan los elementos negativos y rechazables de esa ley tiene que referirse que su estructuctura y sentido institucionalizó los procedimientos que por décadas aplicaron los gobiernos del PRI (y continuaron los del PAN) desde la Secretaría de Gobernación, procedimientos que le conceden todavía facultades discrecionales para contratar espacios en los medios de comunicación y también amplios margenes para hacerlo con opacidad.

Cuando se deroge esa ley, se modificará en la forma y el fondo el modelo de comunicación política gubernamental en el mercado de la información de interés público, que hoy en la opinión de expertos es discrecional, opaca, obstructora del libre flujo de la información pero sobre todo injusta porque los gobernantes seguirían favoreciendo a las grandes empresas de los medios.

Se terminará pronto ese modelo o régimen de comunicación gubernamental que a políticos y empresas les gustaba festejar, los 7 de junio, como el día de la libertad de expresión, su libertad legal para disponer de recursos y “orientar” la información.

Ese modelo, gracias a los cambios en varias legislaciones, especialmente en los electoral ha ido cambiando paulatinamente. También por el desarrollo de más medios y competencia en el mercado se  ha disminuido el nivel de acaparamiento de las grandes empresas, especialmente de televisión.

En 2016, tras una modesta investigación documental de este reportero se pudo constatar que de 2013, 2014 y 2015 “los grandes corporativos siguían llevándose las mayores tajadas del llamado pastel publicitario (Huerta Wong & Gómez García, 2014).

Para ese periodo, en promedio el 62 por ciento se destinó a la televisión (Televisa, Tv Azteca y otros 6 canales) 11 por ciento para la radio, 13 por ciento para la prensa escrita, 7 por ciento para Internet que sigue a la alza. Y el resto fue para Otros; rubro en donde no entran los medios públicos, ni los comunitarios y solamente unos cuantos de los miles de periódicos impresos y digitales que tristemente se disputan las migajas que quedan de ese gasto de gobiernos locales y más escasamente de empresas privadas anunciantes.

Esa baja paulatina en los ingresos de las grandes empresas mediáticas la confirmó el estudio de Integralia Consultores y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad Ciudad de México, que denominó Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en méxico. (https://dinerobajolamesa.org). El acaparamiento de las dos grandes televisoras ha disminuido sensiblemente, porque también se han incorporado a nuevos actores, sobre todo “aliados convenientes” para los gobernantes.

Dice el estudio de Integralia:

“De acuerdo con un análisis del Sistema de Comunicación Social (ComSoc) del gobierno federal hecho por Fundar, con datos de 2016, existe una gran concentración de recursos en unos cuantos proveedores de publicidad oficial. De los 1,163 registrados en 2016, (sólo) 10 concentraron 49% de los recursos”, pero ya no fueron las dos grandes televisoras, porque en este trabajo solo registraron el 29.42 por ciento del gasto público federal, al parecer su tramo del pastel publicitario para TV bajó casi en cincuenta por ciento.

Por todo lo anterior es que presumo que al derogarse la ley u ordenarse su reforma de fondo, es previsible que disminuyan los factores que permiten lo discrecional, la opacidad  y la inequidad. Y entonces ya no será tan favorable a las grandes empresas de los medios y a todos aquellos que por conveniencia pactan con los gobiernos para demerito delos derechos de la gente a estar mejor informada y del periodismo que quiere ser más libre y profesional.

Parte de la buena noticia, para casi todos, es que cuando cambie esa ley, ilegítima y presumiblemente anticonstitucional, tendrá que establecerse otro día para festejar una libertad de expresión con menos retenes, libertad mucho más amplia con un piso más parejo y equitativo para informantes y al servicio de los ciudadanos.