Rogelio Hernández López
Literalmente fueron muy pocos los criterios propios que tuvo el bloque de diputados que mayoriteó la aprobación del dictamen para la Ley General de Comunicación Social, esa que regulará la propaganda gubernamental en todos los niveles. Gobernación les impuso su modelo caduco.
A la corriente de legisladores del PRI, Verde y Panal poco le importó que le llovieran críticas dentro y fuera por haber cocinado el dictamen sigilosa y alevosamente. Ahora, con todo y presiones se empeñarán en mantener lo esencial.
No obstante, aún se puede hacer algo. Quienes lo intenten debe saber que un cambio de fondo a ese modelo es introducirle algunos criterios para la ampliación del padrón de medios y cuotas en la asignación de ese gasto.
Me explico:
Este lunes 9 debieran empezar las consultas públicas con organizaciones civiles y otros interesados que fueron excluidos del cabildeo, consultas que sí se hicieron discretamente con representantes de los corporativos mediáticos. Lo previsible es que escucharan a los civiles y a otros pero les harán poco caso o ninguno.
Ahora se sabe que de aprobarse cómo va el dictamen de esa ley no sólo legitimará los lineamientos que desde hace varios sexenios aplica la Secretaría de Gobernación sino que dejará intocado el terreno para la arbitrariedad y revalidará los cotos del actual mercado de la información. De aprobarse así, seguirá favoreciendo a las grandes empresas que acaparan ese recurso y mantendrá el régimen de mutuas conveniencias entre estas y los gobernantes.
Lo ideal no se podrá
El modelo de comunicación social que varios organismos sociales pretendían impulsar no era tan radical y mucho menos utópico. Creyeron en la sinceridad de Enrique Peña Nieto cuando en 2012 ofreció que como presidente regularía la publicidad oficial con un órgano ciudadano y autónomo que supervisaría y fomentaría más acceso social a la información. Incluso fue uno de los puntos del Pacto por México que no se cumplieron.
Pero el dictamen que aprobaron no atendió esa promesa; tampoco incorporó algo de las, al menos, 20 iniciativas acumuladas en esa cámara; menos se atendieron las propuestas del relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mucho menos el decálogo del frente amplio llamado #MediosLibres.
Si los hubieran atendido se habría trastocado realmente el actual modelo gubernamental, pero en las actuales condiciones será demasiado difícil avanzar en ese sentido, más ante la sordera que propicia la falta de voluntad política de ese bloque de legisladores gobiernistas a quien les urge el apoyo de los corporativos mediáticos para su campaña electoral.
Algo es posible
Aun en lo aprobado se pueden introducir modificaciones. Hay un resquicio en la parte de los criterios generales. El chance se abrirá dos días (del 9 al 11 de abril) para que se intenten propuestas concretas para enriquecer el dictamen antes que se vote en plenaria el día 16. Habrá, incluso otra oportunidad un poco más difícil antes del 30 de abril en la cancha del Senado de la República.
El dictamen de ley general consta de cinco Títulos, 45 artículos y ocho transitorios, y será de observancia general, es decir para todas las instancias de gobierno del país y entidades autónomas; su base operativa será atendiendo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Esa forma de integrar el padrón tiene que cambiar; tiene que complementar los criterios de eficacia y eficiencia actuales (tirajes y ratings muy altos) con los de inclusión, equidad y pluralidad para que cientos o incluso miles de otros medios puedan acceder a ese gasto público que en 2017 habrá sido mayor a los 20 mil millones de pesos por el total de erogaciones de los órganos de gobierno en sus tres poderes tanto federales, estatales como municipales.
De introducirse esos criterios el padrón se multiplicará de potenciales sujetos de compra de espacios para la información y propaganda gubernamental.
Dicho de otro modo, el padrón ampliado seguirá con los medios de prensa mercantiles hoy favorecidos pero incluiría a medianos y pequeños que garanticen acceso a los públicos que otros no tienen por su información hiperlocal o especializada en áreas temáticas (cultura, salud, deporte, ciencia), y por supuesto al nuevo universo de medios que hace medio siglo no había en México: los medios no lucrativos, en los que no predomina el interés de la ganancia, sino del servicio público.
Esta nueva figura jurídica para referirse a medios de difusión masiva no mercantiles la acuñó hace más de 35 años Miguel Ángel Granados Chapa.
Los medios no lucrativos son los medios públicos u oficiales de gobierno, los medios comunitarios, los de instituciones autónomas como las universidades y también los de asociaciones de periodistas. Los hay impresos, sonoros, digitales y audiovisuales. Son cientos y sus cuotas de ese gasto podrían ser fijas para garantizar el alcance de sus costos de operación y permanencia en esta actividad de interés público. Esto si es posible.
Estoy consciente que ahora sería mucho pedir que un 0.5 por ciento del total del gasto público en publicidad se dedicara a crear uno o varios centros de estudios y capacitación para el desarrollo profesional para periodistas con el fin de reducir varias vulnerabilidades que propician los maltratos, agravios y hasta asesinatos. Pero sería un paso muy serio para introducir a México a la etapa profesionalista del periodismo y de los medios que la sociedad necesita para tomar decisiones informadas.
