Rogelio Hernández López
Casi desapercibidas por el barullo del proceso electoral aparecieron seis señales del otro gran cambio que viene en México, entre el 15 de noviembre de 2017 y el 20 de febrero, Y sí, es un cambio profundo.
A más tardar en 60 días debe trastocarse la médula ósea del modelo actual de relaciones entre el Estado y el periodismo con un perfil diferente, como lo anuncian dos importantes cartas y otros cuatro hechos no tan difundidos.
El destinatario de las dos cartas referidas fue el Congreso de la Unión, para empujarlo a que legisle para ordenar y transparentar los pagos de los gobiernos a los medios. Parece inminente que, por fin, se creará una ley para regular el gasto público en publicidad y que será general y alcanzará a los gobiernos de los tres niveles.
Las señales
Primero fue un amparo de Artículo 19; lo atendió la Corte; luego 85 organizaciones y periodistas, después un juez; le siguió un acuerdo bicameral. Y un día después tres de las instituciones democráticas más creíbles.
Primero fue la Corte. La organización civil de raíz inglesa, Artículo 19, inició una petición de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque las dos cámaras legislativas federales no han cumplido con el mandato constitucional y de la ley electoral de legislar sobre el gasto público en materia de publicidad. El 15 de noviembre de 2017 la Primera Sala de la Corte resolvió que el Poder Legislativo federal podía caer en omisión y ordenó subsanar la oquedad a más tardar el 30 de abril de 2018, o cometería delito.
Después 85 organismos civiles y periodistas. La primera de las cartas trascendentes que presiona para que se avance en la nueva ley se entregó con el respaldo de una movilización social dentro las instalaciones del Senado de la República el 7 de enero de 2018. Signada por unas 85 organizaciones sociales, académicos y unos pocos periodistas entregaron un decálogo –y sus argumentos– con los criterios que a su juicio deben contener esa regulación de la publicidad oficial.
Luego, un juez. Tres semanas después, el mero día del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del último año de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, el 1 de febrero de 2017, el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México emplazó a las dos cámaras para que informaran sobre el acatamiento del fallo de la Corte 75 días atrás.
Vino un acuerdo bicameral. Para el 19 de febrero, los presidentes del periodo legislativo en ambas cámaras del Congreso de la Unión, Edgar Romo y Ernesto Cordero se reunieron para acordar tres temas prioritarios para la agenda bicameral, todos vinculados con el combate a la corrupción: el nombramiento del fiscal anticorrupción, designar al nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación y la ley que regulará la publicidad gubernamental.
Un día después, la otra carta. Y en medio de las presiones judiciales y civiles, el 20 de febrero surgió una segunda y sorpresiva carta dirigida a los dos líderes de ambas cámaras: Los titulares de los organismos autónomos con mayor credibilidad: Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En una breve misiva advirtieron que la nueva ley debe ser resultado del dialogo y la discusión con las partes interesadas, que “todas las voces sean escuchadas. Lorenzo Córdova, Francisco Acuña y Luis Rául González Pérez, anunciaron (también como presión) que sus organismos también acompañaran todo el proceso legislativo —como vigilantes que deben ser del cumplimiento de los derechos civiles– y, además, solicitan respuesta a su misiva.
24 iniciativas congeladas
En las dos cámaras legisladoras hay, al menos 24 iniciativas que esperan desde 2002 se norme esa relación prensa-gobierno.
En el Senado hay cuatro iniciativas: dos del PRD que presentaron Pablo Gómez y Armando Ríos Piter; una, de los senadores del PAN Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo, Silvia Leticia Martínez y Juan Carlos Romero Hicks y una cuarta también del PRD del 28 de noviembre del 2017. En la Cámara de Diputados, están anidadas al menos 20 desde 2002. Ninguna del PRI.
La Carta de criterios
De las dos cartas esenciales entregadas en este ciclo al Congreso de las Unión, la que perfila el punto de vista social y de algunos periodistas –-como este reportero— es la que consensuaron 85 organizaciones civiles y algunos periodistas. Esta carta va al fondo de la transformación que, según su sentido, transformaría lo esencial del actual modelo de comunicación política, o sea de las relaciones prensa-gobiernos. Su decálogo es este:
- La publicidad oficial no debe desaparecer.
- Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.
- Definir criterios de asignación basados en la idoneidad
- Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.
- Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
- Contenidos de utilidad pública, libres de promoción personalizada.
- La publicidad oficial debe ser siempre identificable.
- Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
- Mecanismos de control eficaces
- Uso racional de los recursos públicos.
Y este reportero espera conseguir el apoyo necesario para que se agregue un punto décimo primero:
- Fomento de buenas prácticas profesionales del periodismo (lo que implica capacitación y fomento).
Silencios que hablan. A estos signos para el cambio estructural que viene le faltan todavía las señales públicas de los grandes empresarios de los medios y del señor de Los Pinos. Posiciones que podrían decantar los filos del alcance y trasparencia que se necesita para dar credibilidad al modelo nuevo de relaciones Estado-medios.
