Rogelio Hernández López
Una buena cantidad de periodistas, empresarios de medios y analistas debieron leer acuciosamente la iniciativa de Ley de Propaganda Oficial que presentó, el 9 de octubre, el legendario hombre de izquierda Pablo Gómez Álvarez y toparse con algunas sorpresas…
Por ejemplo, anunció que el gasto público anual será del 0.3 por ciento del presupuesto de egresos de la federación. Eso significaría 15 mil 539 millones de pesos, casi cuatro veces más que lo autorizado a Peña Nieto en 2018.
Y hay otras sorpresas en la iniciativa que presentó Gómez Álvarez sin especificar que es la oficial del grupo parlamentario de Morena:
- La ley sería General, no solo para el gobierno federal sino de aplicación en todo el país.
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Prohíbe expresamente disimular propaganda como noticia; estipula sanciones administrativas y penales para quien viole la norma.
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Del total del gasto, no podrá contratarse con una sola empresa más del 25 por ciento;
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Una rama de de medios (televisión, por ejemplo) tampoco rebasará más del 50 por ciento;
Prohibicionista
Ahí paran las sorpresas porque la esencia de la propuesta del ex líder estudiantil en 1968, es para poner limitantes severas a todos los funcionarios públicos que han hecho dispendios en este gasto y, que por lo general lo usan para favorecer o sancionar medios y/o para la autopromoción.
Con ese espíritu prohibicionista Gómez le cambia el nombre de Comunicación Social por el de Propaganda Oficial. Pero además, no incorpora la vigilancia ciudadana, ni a los medios públicos como lo han ofrecido varios morenistas como Virgilio Caballero y Jesús Ramírez Cuevas.
Gómez Álvarez también omite incorporar a los medios más libres por no ser lucrativos que han proliferado como sujetos beneficiarios del gasto público; igual elude establecer más criterios económicos para que ese recurso, por ser tan cuantioso equilibre las distorsiones del mercado que hoy son a favor de los medios más grandes y acaparadores.
En resumen, la iniciativa mantiene varios cotos a los flujos de la información necesaria socialmente. Véanse algunos ejemplos:
- No se propone el consejo consultivo que vigilaría la aplicación de la ley y del gasto, como lo había propagandizado el periodista Virgilio Caballero; la función se le otorga a las contralorías internas y a la Secretaría de la Función Pública.
Omite fortalecer, por la vía del gasto en propaganda, a los medios públicos. Ramírez Cuevas ha ofrecido en varias ocasiones, incluso lo hizo en la Cámara de Diputados, que generarían una ley que fortalecería el sistema de medio públicos. La iniciativa ni siquiera los menciona.
Tampoco se modifican los criterios generales para contratar propaganda o publicidad a los medios que garanticen alcance masivo y altos ratings, como lo han hecho los gobiernos recientes y que solo cumplen los medios industrializados o consolidados.
– Gómez propone, eso sí, como condición para contratar a los medios que estén en un padrón único, incluidos los de estados, lo cuál parece bien. Pero es relativo porque el mismo esquema favorecedor de los grandes medios se reproduce en los estados; no abre resquicios para que ingresen a ese padrón los medios no lucrativos que han proliferado recientemente por iniciativa de periodistas independientes, ni a los medios locales modestos ni los especializados que ofrecen temas y lineas editoriales que otros no ofrecen.
No baja a la mitad el gasto
La sorpresa mayor, al menos para este reportero, es el monto que se destina para gasto federal en propaganda, que contrasta con el anuncio de que el gasto publico publicitario se reduciría a la mitad, como lo han reiterado Andrés Manuel López Obrador y Cuevas Ramírez, hasta ahora nombrado como vocero.
La erogación total anual que refirió Gómez Álvarez, en los considerandos previos a la propuesta de ley es que sería equivalente y no mayor al 0.3 por ciento del presupuesto de egresos de la federación. Lo fraseó de este modo:
“E. Gasto en propaganda. Se contemplan reglas especiales en la materia, entre ellas destaca la limitación al gasto anual en propaganda, mismo que no podría exceder del 0.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.”
Es casi seguro que el economista se equivocó con ese porcentaje. La cantidad que resulta por su enunciado es exorbitante para un año. Veamos:
El presupuesto de egresos de la federación autorizado para 2018 fue de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. Con las políticas de austeridad y restricción del déficit público que han ofrecido para 2019 el monto del total de egresos podría ser similar al del año anterior.
De acuerdo con eso, al rubro propaganda, que será único para todas las dependencias del gobierno federal (secretarías y órganos autónomos y descentralizados) ese 0.3 por ciento del presupuesto aprobado para 2018, significará: 15 mil 539 millones de pesos.
En 2018, el gasto en publicidad aprobado para el gobierno de Peña Nieto fue de alrededor de 4 mil millones y, como cada año, fue rebasado con transferencias de toda índole; igual ocurre en la mayoría de gobiernos estatales. Así, todo el gasto publicitario real, o sea con excesos, en todo el gobierno (federal, 32 estatales, y la mayoría de municipales) en 2018 podría superar los 22 mil millones de pesos. Esa cantidad para un año es insultante, como coinciden en calificarlo todas las críticas.
Y entonces, por eso la sorpresa de que Gómez Álvarez haya expuesto como techo casi 16 mil millones. ¿Se equivocó el ex comunista y economista de academia? o ¿Negoció con empresarios? Veremos como se desatan las discusiones en rededor de este proyecto de ley general de propaganda gubernamental.
