Redacción
Ciudad de México, 7 marzo 2017.-El partido Morena denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Josefina Vázquez Mota para que investigue el financiamiento otorgado por el Gobierno federal a su fundación ‘Juntos Podemos’ por un monto de mil 036 millones de pesos.
Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), acudió hoy a las instalaciones de la PGR, donde interpuso la denuncia de hechos por presuntos actos delictivos cometidos por Vázquez Mota, tras haber recibido dinero del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a través de diversas organizaciones.
“Presentamos la denuncia penal como lo anunciamos hace un par de días en contra de la señora Vázquez Mota, por el tema de posible desvío de recursos públicos a favor de la fundación Juntos Podemos.
“Se debe aclarar a dónde fueron a parar los mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación ayer señaló que todavía no está terminado, que la auditoría que se realizó tuvo observaciones y que la auditoría sólo tuvo que ver con el 2015, pero también se recibieron recursos en el 2016”, precisó Duarte Olivares.
El también dirigente de Morena en el Estado de México refirió que en el documento entregado a la PGR, Juntos Podemos/Together We Can recibió del IME, entidad sectorizada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se detalla que los recursos públicos suman mil 36 millones 189 mil 52 pesos entre 2014 y 2016.
“Hay todavía falta de claridad, la organización Mexicanos contra la Corrupción señaló que sí hay elementos para seguir dudando de que, como lo dijo la misma Vázquez Mota, ya estaba aclarado y ya estaba exonerada, pero eso es falso.
“El señor Anaya presumía el tema de las manos limpias, de la lucha contra la corrupción, y hoy está enredado su partido y la señora Vázquez Mota en un tema que debe aclarar. Ella ha mentido en el tema, reconoció que había recibido recursos, después dijo que la auditoría ya la había exonerado. Tendrá que aclarar si el dinero fue a parar a sus arcas personales o para financiar actividades políticas”, exigió Duarte Olivares.
Y recordó que el tema del uso indebido de recursos por parte de Vázquez Mota no está finiquitado, ni ha sido absuelta.
“Hay información que sostiene que ha recibido recursos en el 2014, 2015 y 2016. Lo que dijo la Auditoría sólo fue sobre el 2015 e insisto, aclaró el auditor que no está finiquitado el tema y que hay que investigar a fondo.
“Estamos pidiendo que se investigue 2014, 2015 y 2016 y habría que en un ejercicio de transparencia se diera a conocer cuánto se tiene pactado en términos de recursos para el 2017”, puntualizó tras interponer la demanda.
Entre los argumentos de la denuncia, se plantea que existe evidencia, proporcionada por la Asociación Civil Mexicanos Contra de la Corrupción y la Impunidad, que cerca del 43 por ciento de los recursos recibidos, fueron utilizados por Vázquez Mota, presidenta honoraria de Juntos Podemos para su traslado a diversos puntos de los Estados Unidos, así como de otras personas.
“Ahora que se presenta la denuncia hay una oportunidad de que una autoridad en materia de procuración de justicia solicite más información y formalmente se pida a la auditoría, a inteligencia financiera de Hacienda, a donde fue a parar el dinero”, manifestó el representante ante el INE.
Duarte señaló que el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación advierte una decena de irregularidades.
Mencionó, entre ellas, que no hay información sobre los servicios que el Gobierno de México desarrolla mediante el IME, tampoco acreditó que los 89 enlaces nacionales y extranjeros que colaboraron desarrollaron programas de beneficio a la población mexicana en el exterior.
El también presidente de Morena Edomex consideró que por estas razones la PGR puede investigar a la ex candidata presidencial por la comisión del delito de peculado.
El Código Penal, artículo 223 fracción IV, señala que comete esta falta cualquier persona que sin ser servidor público federal y estando obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
