México, DF., (CírculoDigital).- La diputada Verónica Juárez Piña pidió a la Comisión Permanente exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR), al gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que informen sobre los avances de la investigación realizada sobre el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo Sonora.

El 5 de junio de 2014 se cumplieron cinco años de la que es considerada la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana: el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que tuvo como resultado la muerte de 25 niñas y 24 niños, y alrededor de 24 menores afectados por quemaduras, así como 80 niños y niñas más por la exposición y/o inhalación del humo toxico.

La historia de esta tragedia se ha destacado por estar envuelta no sólo en el dolor de la pérdida de vidas inocentes, sino también por él sufrimiento, el daño y el reclamo de justicia de las y los padres de las víctimas de la Guardería ABC; resalta, tanto la forma en que se informa el origen del siniestro, así como la manera como se han llevado a cabo las investigaciones del caso –que a la fecha no nos muestran culpables definitivos–, y por lo tanto existe la sospecha pública de que no se ha castigado a los verdaderos culpables que provocaron el fatídico incendio, quienes siguen gozando de impunidad, como si nada hubiera pasado.

El reclamo de justicia de los padres y madres de las niñas y los niños llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a través de un informe reconoció la existencia de 19 funcionarios involucrados en los hechos por negligencia y omisión.

Sin embargo, en junio de 2012 tres años después del siniestro, sólo funcionarios menores habían sido procesados penalmente por la tragedia y ninguno fue encarcelado. Ninguna instancia federal o estatal aceptó llevar a juicio a los copropietarios de la Guardería ABC –entre quienes se encontraban familiares de integrantes del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y Marcia Gómez del Campo, prima política de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, quien fue absuelta del proceso penal iniciado en su contra–.

Así también, el hecho de que las niñas y los niños fallecidos y lesionados se encontraran bajo el cuidado del Estado Mexicano, por virtud de una prestación derivada del derecho a la seguridad social de sus padres, genera una responsabilidad indeclinable e irrenunciable de las diversas autoridades.

Por lo que de nueva cuenta, este al igual que otros casos, dan vida a la dolorosa memoria que se caracteriza por la impunidad y el desinterés de las autoridades federales y estatales en hacer justicia. El reclamo para que se castigue a los culpables del incendio de la Guardería ABC, será permanente, pues se ha demostrado que hubo una serie de complicidades y corrupción que originaron el incendio.

“Ante ello compartimos plenamente la indignación de los padres, madres, familiares y de toda la sociedad por los lamentables hechos donde resultaron heridos y perdieron la vida las niñas y niños de la guardería ABC.

Por lo que, solicitamos a la PGR, al gobierno del estado de Sonora y al IMSS, información sobre los avances de las más recientes investigaciones, y demandamos con toda firmeza que se esclarezcan los hechos, se aprehendan a los responsables y se castigue con todo el peso de la Ley a los autores de este crimen, sin importar su condición política, económica o social”, dijo.

El Congreso debe pronunciarse porque el caso no se convierta en otro número más del expediente de la impunidad que prevalece en nuestro país. Es nuestra responsabilidad exigir justicia y estar atentos y vigilantes de la acción de la autoridad ministerial, y también exigirle a la autoridad que se les repare el daño a los familiares y a las víctimas de los sucesos del incendio de la Guardería ABC , agregó la diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez.

En nuestro país se vive entre la injusticia, la impunidad y el oprobio, por lo que es necesario modificar esta parte de nuestra historia, demandando con energía lo que por derecho nos corresponde a todas y todos los mexicanos: justicia y respeto a nuestros derechos humanos, particularmente en el caso de estas niñas y niños víctimas de la tragedia, concluyó Juárez Piña.