Agencias, Ciudad de México.- El gobierno del presidente Joe Biden dio a conocer nuevas normas para procesar los pedidos de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México con la esperanza de resolverlos en meses en lugar de años.

Las normas autorizan a los funcionarios a otorgar o denegar solicitudes, una autoridad que ha estado limitada a los jueces de inmigración para la gente que llega a la frontera sur.

Hasta ahora, los funcionarios sólo podían realizar los exámenes iniciales y brindar ayuda humanitaria.

El cambio podría tener amplio impacto, pero funcionarios del gobierno dijeron que al comienzo procederán lentamente y sin recursos adicionales. Entrará en vigencia 60 días después de que la norma aparezca en el Registro Federal, lo que sucederá la próxima semana.

El gobierno calculó el año pasado que necesitaría contratar a 800 empleados más para manejar unos 75,000 casos al año. Sin más dinero ni empleados, no está claro cuál será el impacto inicial de la medida.

Desde 2017, Estados Unidos ha sido el destino más buscado del mundo por los solicitantes de asilo, según la agencia de la ONU para los refugiados, lo que significa una enorme presión sobre los tribunales de inmigración. Hay casi 1.7 millones de casos retrasados.

“El sistema actual de procesamiento de solicitudes de asilo en nuestras fronteras necesita reparaciones desde hace tiempo”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuyo departamento incluye la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, la cual cuenta con funcionarios de asilo.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que las nuevas normas aliviarán la presión sobre las cortes migratorias, las cuales dependen del Departamento de Justicia. El procesamiento de los pedidos de asilo de personas no detenidas dura en promedio casi cuatro años.

“Esta norma hace avanzar nuestras labores para garantizar que los pedidos de asilo se procesen con imparcialidad, en forma expedita y de manera congruente con el debido proceso”, dijo Garland.

Las nuevas normas recibieron más de 5.300 comentarios del público desde que se las propuso en agosto. Bajo ellas, los funcionarios de asilo prevén resolver los casos en 90 días. Las solicitudes denegadas pasarán a jueces de inmigración, quienes también prevén emitir un fallo en 90 días.

Los jueces podrán procesar los casos más rápidamente con la documentación detallada que reciben de los agentes de asilo, señalaron funcionarios.

Algunos activistas en pro de la migración aplaudieron los cambios como una manera de garantizar que las personas que huyen de persecuciones no tengan que esperar años para recibir asilo y otras protecciones en Estados Unidos. Otros dijeron que estas nuevas normas están obligando a las personas a pasar demasiado rápido a través de un complejo sistema migratorio, dejándolas sin tiempo para obtener abogados que puedan asistirles al presentar una solicitud de asilo.

“(Presenta) el riesgo de sacrificar la toma de decisiones precisas a cambio de la velocidad”, dijo Eleanor Acer, directora de protección de refugiados para Human Rights First, en un comunicado. “Imponer plazos no realistas llevará a tomar decisiones equivocadas, arbitrajes adicionales para corregir esos errores, y el regreso indebido a la persecución de personas que cumplen los requisitos para recibir asilo”.

Aquellos que quieren límites más estrictos a la inmigración hacia Estados Unidos expresaron temores de que los funcionarios de asilo no estén tan preparados como los jueces de inmigración para detectar solicitudes fraudulentas. Funcionarios de la agencia aseguraron que no es el caso.

Se desconoce también la manera en que los funcionarios de asilo podrían hacer frente a un aumento en sus responsabilidades sin que haya personal adicional. Ya lidian con una gran carga de trabajo al decidir los casos de personas que ya se encuentran en Estados Unidos.

Las nuevas normas podrían enfrentar obstáculos legales. Muchos cambios al sistema de inmigración propuestos durante los gobiernos de Donald Trump y Biden han sido impugnados exitosamente, demorados o modificados en los tribunales.