Redacción

Ciudad de México, 13 junio 2017.-El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, reconoció que la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos en México es un desafío extraordinario por las condiciones de violencia que genera el crimen organizado.

En reunión de trabajo con la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente, sostuvo que ningún comunicador que ha solicitado su inclusión en el “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” ha sido asesinado.

Campa Cifrián anunció que se fortalecerá el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y se crearán unidades estatales para emitir alertas tempranas a fin de detectar posibles agresiones.

Al comparecer ante la Primera Comisión de la Permanente, conjuntamente con la responsable de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Irene Herrarías, y el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el funcionario dijo que es necesario que los periodistas y medios de comunicación confíen más en ese mecanismo que ha dado resultados ya que ninguno de los 536 periodistas y defensores de derechos humanos que están bajo su resguardo ha sufrido ninguna agresión.

Insistió en que muchas vidas de periodistas se hubieran salvado si se hubieran atendido alguna señal de alerta que se dio.

Expuso que así ocurrió con el periodista guerrerense Cecilio Pineda, a quien se le insistió para que se acogiera al mecanismo, se rentó incluso una casa acorde a sus necesidades, pero no aceptó, ya que fue imposible convencerlo del riesgo que corría en Altamirano. “No hay manera de que le impongamos medidas de protección a un periodista que no está dispuesto a aceptarlas”.

Campa Cifrián respondió al cuestionamiento de los legisladores que si bien el crimen organizado y la violencia han provocado el incremento de crímenes de comunicadores, de acuerdo a registros de la Secretaría de Gobernación, en un 40 por ciento los responsables han sido autoridades gubernamentales.

Por su parte, el titular de la Feadle insistió en que es imprescindible fortalecer a esa instancia para que pueda cumplir con su responsabilidad y acabar con la impunidad que priva en los asesinatos de periodistas.

Resaltó que se requieren mayores recursos y un mayor número de ministerios públicos, policías de investigación y peritos que apoyen de manera permanente su labor.

Denunció que esa fiscalía ha sufrido recorte de recursos y personal y advirtió que se requiere solucionar ello a fin de que tanto los ministerios públicos (MP) como el demás personal cuenten con mayores lugares de trabajo, que además sean dignos, ya que en la actualidad tres MP trabajan en un solo escritorio.