Monitor Sur

Nueva York, Estados Unidos, 29sep2014.-Christof Heyns, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, instó a las autoridades mexicanas a garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos de la muerte de 22 presuntos delincuentes a manos del Ejército, hechos ocurridos el pasado 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Así mismo, instó a realizar una investigación rápida e independiente sobre dichas muertes, al tiempo que celebró la decisión de detener a ocho militares sospechosos de los asesinatos, en lo que podría ser un caso de ejecuciones sumarias.

En un comunicado, la dependencia precisó que “tres mujeres fueron las únicas sobrevivientes, pero dos de ellas fueron detenidas posteriormente por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado”.

Sin embargo, información que salió a la luz recientemente parece contradecir los informes oficiales. En un artículo publicado en la prensa local e internacional, un testigo presencial de los hechos afirma que la mayoría de las personas que murieron durante la operación en Cuadrilla Nueva podrían haber muerto a tiros después de deponer sus armas y entregarse a los militares.

“El gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recalcó Christof Heyns.

El experto en derechos humanos señaló que “toda pérdida de la vida que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal”.

“Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”, dijo el Sr. Heyns, señalando que quizás éste no fue el caso en Tlatlaya, de acuerdo con la nueva información disponible.

“La detención de ocho de los soldados sospechosos de haber participado en esas muertes es un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes”, dijo. “Voy a observar de cerca el progreso en la investigación, y recibiré con beneplácito toda información oficial sobre esta y otras medidas tomadas”.

El Relator Especial pidió además al gobierno mexicano proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron. DM

BATALLÓN IMPLICADO EN TLATLAYA CON HISTORIAL NEGRO

Un oficial del ejército y siete soldados que enfrentan medidas disciplinarias por su participación en el asesinato de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, pertenecen a un batallón del ejército con un historial de incidentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que los ocho estuvieron involucrados en el incidente del 30 de junio en San Pedro Limón, un encuentro que los militares reportaron en un principio como una balacera pero que una testigo describió como una masacre.

Los elementos pertenecen al 102do Batallón de Infantería de la 22da Zona Militar en el Estado de México, de acuerdo con reportes noticiosos y dos personas que hablaron sobre el caso, a condición de guardar el anonimato porque carecen de autorización para hacer declaraciones a la prensa.

El grupo militar se encuentra en San Miguel Ixtapan, cerca de Tlatlaya, área que se dice está bajo control del cártel de La Familia de Michoacán, aunque también es una región en la que grupos rivales del narcotráfico han estado disputándose territorio.

El batallón estuvo en las noticias en diciembre pasado cuando algunos de sus integrantes balearon a cuatro empleados del pueblo de Arcelia en Guerrero, incluido el director y el subdirector de transporte municipal, mientras conducían en un camino rural de regreso de un campo de tiro. Arcelia también es el pueblo natal de varios de los asesinados en el tiroteo de junio.

El ejército dijo que los empleados, que portaban fusiles y vestían ropa de camuflaje para cazar, fueron confundidos con delincuentes. Un sargento, un cabo y dos soldados fueron arrestados.

El 102 también estuvo bajo los reflectores en febrero de 2012. El periódico Reforma, que citó documentos legales, reportó en esa época que durante 2010 y hasta principios de 2011, soldados en el batallón recibieron dinero para que le informaran a La Familia de las operaciones de ese cuerpo militar. Seis personas, incluidas dos oficiales, fueron acusadas formalmente.

El incidente más reciente fue reportado en un principio como una balacera el 30 de junio en la que 22 presuntos delincuentes fueron asesinados y un soldado resultó herido. La versión oficial fue puesta en tela de juicio cuando The Associated Press visitó el sitio algunos días después y no halló indicios de que hubiera habido una batalla prolongada.

La semana pasada, una mujer que dice haber sido testigo de los eventos le dijo a la AP que sólo una persona murió en un enfrentamiento inicial y que el resto fueron baleadas después de que se rindieron. La testigo indicó que entre los muertos estaba su hija de 15 años, Erika Gómez González, que había sido herida en una pierna y yacía en el piso cuando fue asesinada.

El periódico La Jornada publicó fotografías este viernes que muestran cadáveres ensangrentados, presuntamente tomadas inmediatamente después de la balacera, con investigadores y personal militar aún en el lugar.

Las manchas de sangre en el muro de ladrillo de concreto, los marcadores colocados por los investigadores para señalar las evidencias y los escombros que aparecen en las fotografías son iguales a los que los periodistas de la AP fotografiaron días después de que el ejército reportó los fallecimientos.

Entre los muertos en las fotos está una niña que yace de espaldas, tal y como la describió la testigo. El hermano de Erika Gómez la identificó en la fotografía —que la mostraba en el suelo junto a un fusil de asalto— por su ropa ensangrentada y cubierta de lodo.

“Esa playera (camiseta) yo se la compré”, dijo Saddam Guzmán Gómez. “No es cierto que disparara. Le pusieron el arma. Se ve como que se arrastró”, añadió sobre la imagen donde aparece la adolescente.

Muchos de los muertos aparecen acostados junto a la pared de la bodega. Todos se ven con un fusil de asalto a su lado o tomados de las manos, y algunos de los fusiles parecen haber sido apuntalados contra los cuerpos. La mayoría tienen lodo en las rodillas, lo que indica que podrían haber estado hincados o con el rostro boca abajo.

La agencia AP no va a distribuir las fotografías porque no puede determinar cuál es su fuente.

Un sobre amarillo que contenía las fotos dentro de una memoria USB fue enviado en forma anónima el miércoles a MVT, una agencia noticiosa local en el Estado de México, dijo su director Mario Vázquez. Indicó que comparó las fotos con las que su agencia tomó el día del tiroteo y llegó a la conclusión de que se trataba del mismo lugar.

El oficial y siete soldados enfrentan medidas disciplinarias por su participación, pero el ejército ha guardado silencio sobre qué papeles desempeñaron. Están detenidos en una cárcel de la Ciudad de México bajo cargos de crímenes contra la disciplina militar, desobediencia y negligencia en el cumplimiento del deber.

La Procuraduría General de la República también está llevando a cabo una investigación civil, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos efectúa su propia pesquisa.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, defendió el viernes a las fuerzas armadas en una comparecencia ante comisiones en la Cámara de Diputados.

“Si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército Nacional, será la excepción… una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran Ejército y de la Marina Armada de México”, afirmó.

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