Por: Ernesto Villanueva/.- Muchos pensamos que con las leyes de acceso la cultura de la información para el público no tendría caminos amplios de regreso y que al autoritarismo iría cediendo gracias a las presiones democratizadoras de varias expresiones de la comunidad. No ha pasado ni lo uno ni lo otro. Veamos dos ejemplos de lo que afirmo.
Primero. El candidato a doctor en derecho e ingeniero John Lee Ward llegó a México hace algunos años con la idea de que el Estado de derecho y la realidad que regula en México transitaban razonablemente por el mismo camino. Con la intención de abonar con México, su país de adopción, a efecto de para aportar sus conocimientos y prácticas democráticas solicitó la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas, que al final del día fue puesta a disposición de la sociedad. Con su empresa Búho Legal bajó la base de datos y mejoró los mecanismos para hacer más amigable la búsqueda de las cédulas profesionales de forma gratuita para todos los interesados. En un grave error de interpretación de la ley, el IFAI confunde los términos de la protección de los datos personales sensibles con los datos públicos que por esa misma razón no pueden estar sujetos a ninguna restricción. ¿Se imagina alguien en su sano juicio a un político, empresario o integrante del crimen organizado haciendo la solicitud a Proceso para que baje su imagen porque no pidió su autorización por escrito? Eso sería en forma sencilla la muerte de la libertad de información y una estocada de grandes proporciones al derecho a la información ambos protegidos por la Constitución y las convenciones y tratados internacionales.
Otra información pública es la relativa a los boletines judiciales de los poderes judiciales federales y locales que permiten a los gobernados: a) Conocer si su abogado realmente ha hecho las promociones legales en tiempo y forma de los diferentes casos judiciales, sin dar a conocer por supuesto el contenido de los juicios y b) Conocer los antecedentes de incidencia jurídicas de políticos para saber su probidad, de empresarios para saber si no han sido demandados y perdido juicios como información de calidad para hacer negocios o no. Esto es muy conocido en Suecia conocido como el Kronofoguen que es una amplia base de datos que permite a las personas los antecedentes de otras para efectos de relaciones comerciales o políticas. Lo que genera el Kronofoguen es confianza, la base de una democracia, que hoy, en el mundo del absurdo, a Lee Ward se busca sancionarlo y obligarlo a que sea opaco, no sé si por ignorancia o colusión o ambas del IFAI para defender muchísimos casos de fraudes, simulaciones y actos de corrupción, información de la cual el IFAI quiere privar a los mexicanos y violar el derecho a saber, la libertad de expresión y la libertad de información y cuyos datos públicos son moneda corriente en las sólidas democracias.
Segundo. Bajo el manto “sagrado” de la autonomía mal entendida se ha buscado contar con un escudo para evitar la transparencia, la rendición de cuentas y facilitar, por ello mismo, que la corrupción no sea un hecho aislado. En días pasados, se designó al Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM después de una “auscultación” a la comunidad del propio IIJ UNAM. Por supuesto, no se sabe quién y qué dijo en la susodicha auscultación. Lo cierto es que el recién designado tenía el consenso de la comunidad pero en contra y a pesar de ello, el Rector José Narro decidió que debía ser el Director con el margen que le da generar puentes de “entendimiento” con los miembros de la Junta de Gobierno, esta figura que sólo nombrarla parece evocar a las dictaduras centroamericanas de los 70´s. Por primera vez, miembros respetados de la comunidad del IIJ UNAM como Jaime Cárdenas han manifestado su preocupación y molestia por este acto de simulación (http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/337/62.pdf). Enrique Carpizo, también investigador del IIJ UNAM se ha referido al caso en estas páginas de Proceso (http://www.proceso.com.mx/?p=380990) .
Además de lo anterior, Diego Valadés Ríos, político convertido en “ideólogo” del Instituto, jugó un papel de estratega del actual director ante las autoridades autoritarias de la UNAM para ungir a uno de sus incondicionales con un proyecto político que pasa por hacer del IIJ UNAM una instancia cercana a lo que se conoce como lavado de dinero con el INE, que preside otro de sus adeptos. El modus operandi es que se le asigne al IIJ UNAM proyectos generosamente pagados con recursos públicos, se pague el overhead y se regresa el dinero para el equipo sin grandes o pocos resultados, ahora sin ojos indiscretos al tener la dirección a su disposición.
A estos personajes no les importa que ahora el IIJ UNAM sea poco a poco conocido por sus actos de autoritarismo, corrupción y discrecionalidad que nunca habían trascendido a la opinión pública. Con ello se devalúa gradualmente la imagen institucional en perjuicio de la comunidad académica ajena a la “mafia” (Enrique Carpizo dixit).
3.- No son sólo palabras al aire. En el proceso de elección en curso de los nuevos consejeros electorales locales me llamó la atención la explicación del coordinador del área de derecho electoral que, a su decir, había un grupo de 25 “prestigiados académicos expertos en derechos electoral” quienes habrían sido el último filtro de selección para evaluar la idoneidad de los candidatos a consejeros. Si uno revisa la página web del IIJ UNAM (www,jurídicas.unam.mx) podrá observar que la mencionada área tiene sólo dos miembros, ¡el coordinador y el presidente del INE! Un análisis del PRD arroja que de los candidatos palomeados por esta dupla correspondía el 70% con afinidades al PRI y 30% al PAN, eso generó que se hayan presentado y ganado varias demandas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exhibiendo el negocio de Valadés y sus socios(http://www.animalpolitico.com/2014/09/denuncian-opacidad-en-el-proceso-de-designacion-de-los-nuevos-consejeros-electorales-estatales/).
Por estas razones, es necesario reformar la legislación universitaria de la UNAM para ajustarla a los mejores estándares internacionales y tomar modelos como el de la UAM que combina una definitoria participación transparente de la comunidad académica para la elección de sus directivos, lo que genera certeza, un ambiente laboral sin acosos o con muy pocos y transparencia en el uso de los recursos públicos que se destinan a los profesores-investigadores en esa universidad y con modelos mensurables y transparentes de la evaluación del rendimiento académico. Los deseos de poder económico y político de Diego Valadés han terminado por resquebrajar la tolerancia y resignación permanente de la comunidad con efectos imprevisibles. Al tiempo.
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