Agencias, Ciudad de México.- El gobierno de Nicaragua ha clausurado casi la mitad de las más de 7,000 ONG registradas en el país, mediante decretos que afectaron a una amplia gama de asociaciones culturales, religiosas, deportivas, científicas, de prensa, desarrollo comunal, educación, salud, beneficencia y de exmilitares, se informó.

Ese detalle consta en el “Expediente ONG”, un dossier de tres informes presentado en Costa Rica por representantes del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Fundación del Río y la Fundación Popol Nah. Las dos últimas fueron también cerradas por el gobierno de Daniel Ortega en 2018.

“En 2018 el gobierno reportaba 7.227 personerías jurídicas activas” de ONG, dijo Amaru Ruiz, director de la ecologista Fundación del Río. “A la fecha han sido canceladas 3,106”, lo que representa más del 42% del total de las asociaciones, añadió.

Ruiz dijo que la mayoría de las ONG fueron cerradas en 2022 y que muchos directivos están presos o exiliados. “Estos cierres demuestran la magnitud de las violaciones al derecho de asociación”, reconocido en la Constitución de Nicaragua y en el sistema internacional de derechos humanos, señaló.

Por su parte, el abogado Carlos Guadamuz, del colectivo Nicaragua Nunca Más, presentó los resultados de una investigación realizada con una muestra de nueve ONG clausuradas por Ortega (ocho nacionales y una internacional) con un promedio de 24 años de trabajo en el país.

De las ocho ONG nacionales, siete sufrieron “allanamientos ilegales”, de los cuales seis fueron violentos, indicó.

Estos organismos dirigían programas de acceso a derechos humanos, de beneficio a mujeres e indígenas y fortalecimiento de liderazgos territoriales, entre otros. Todos tenían documentos legales y solvencia para funcionar, acotó Guadamuz.

El gobierno de Nicaragua ha justificado el cierre de las ONG señalando un supuesto “incumplimiento” en la rendición de cuentas de estas entidades ante el Ministerio de Gobernación (Interior), que les exige presentar estados financieros y renovación anual de directivas, entre muchos otros requisitos.

Pero el propio Ortega ha acusado a las ONG de recibir financiamiento “del imperio”, en alusión a Estados Unidos, para “desestabilizar” a su gobierno, especialmente durante la revuelta social de 2018. Organismos de derechos humanos, a su vez, aseguran que la estrategia sandinista es debilitar a la sociedad civil a través de la desaparición de las ONG.

Según Guadamuz, el cierre de esas nueve ONG tuvo un “impacto económico, social y ambiental” en más de 50 municipios, en su mayoría en las regiones norte y caribeña. Allí, más de 50.000 personas se quedaron sin acceso a servicios de primera necesidad, destacó.

Al mismo tiempo, el Estado se apropió de al menos cuatro millones de dólares en bienes y equipos confiscados a las nueve ONG incluidas en la investigación, añadió.

A su vez, Katherine Ramírez, de la Fundación Popol Nah, que trabajaba en proyectos de desarrollo comunitario en Nicaragua, dijo que en lista de ONG cerradas incluye decenas de ONG europeas y de Estados Unidos, algunas presentes por más de 30 años en el país.

Entre estas figuraban entidades de desarrollo social, de servicios médicos y de educación, así como varias universidades y 54 medios de comunicación independientes que han sido cerrados desde 2018. Pero también han sido cerrados clubes ecuestres, asociaciones de músicos y de farmacéuticos y la conocida Operación Sonrisa, que financiaba cirugías gratuitas a niños de escasos recursos.

“El aparato estatal está en función de restringir la libertad de asociación y su respuesta a los ciudadanos es la cárcel o el exilio”, afirmó Ramírez.

Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con las protestas sociales de 2018, donde la represión de policías y militares dejó al menos 355 muertos, 2,000 heridos y más de 100,000 exiliados, según organismos de derechos humanos.

Esta crisis se agravó en 2021, cuando Ortega se reeligió para un cuarto mandato tras enviar a prisión a sus siete principales rivales políticos y a decenas de dirigentes opositores, líderes estudiantiles y campesinos, empresarios, abogados y periodistas. Según la oposición, la cifra de “presos políticos” supera los 200.