Guerrero, (CirculoDigital).- A cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas a manos de policías locales en el estado de Guerrero, peritos argentinos dijeron que solo se ha comprobado científicamente la identidad de uno de los jóvenes, pero no existen evidencias suficientes para concluir, como afirma el gobierno, que fue calcinado en un basurero ni para saber cuál fue el destino de los otros 42.

El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), que trabaja con la fiscalía mexicana como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, explicó que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades junto a un río en el municipio de Cocula, Guerrero, en el sur del país, con los sucesos que, de acuerdo a la versión oficial, tuvieron lugar en el basurero de esa misma localidad.

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene que la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 un grupo de policías locales de las localidades de Iguala y Cocula atacaron a un grupo de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, con resultado de seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos.

Policías detuvieron a los 43 y supuestamente los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos quienes, según las autoridades, los llevaron al basurero de Cocula, hicieron una gran hoguera, calcinaron los cuerpos e intentaron borrar toda evidencia del crimen metiendo los restos y cenizas en bolsas y arrojándolas al río.

Las autoridades localizaron una de esas bolsas junto al río San Juan y de ella extrajeron las 17 muestras que la fiscalía envió a la Universidad de Innsbruck para su análisis.

Hasta el momento, el laboratorio austriaco solo ha podido identificar un trozo de hueso, que correspondía al estudiante desaparecido Alexander Mora, pero no pudo extraer ADN del resto porque el calor dañó la información genética. No obstante, van a realizar nuevas pruebas.

Para el procurador mexicano, Jesús Murillo Karam, la identificación de Mora, las declaraciones de varios detenidos y otros datos que no especificó, son pruebas suficientes para decir que en el basurero de Cocula “mataron por lo menos a uno”. Eso “me hace pensar que ahí fue todo”, ha dicho.

Sin embargo, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, y varias organizaciones de la sociedad civil tienen dudas sobre la versión oficial: Amnistía Internacional la tachó de “endeble” y “apresurada”; y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México no ven factible que se pueda calcinar a 43 cuerpos en una hoguera al aire libre y en un lugar como un basurero.

Los argentinos, los únicos peritos independientes autorizados a trabajar en los mismos lugares y con las mismas evidencias que la fiscalía, confirmaron la identificación de Mora pero al ser consultados recordaron, como dijeron en su comunicado del 7 de diciembre, que la evidencia que une el basurero con los restos encontrados en el río “es esencialmente testimonial” y, por tanto, no ofrece la necesaria “certidumbre científica”.

Este grupo sigue trabajando en las labores de identificación y en las evidencias extraídas del basurero para intentar dar respuestas científicas a las familias sobre el destino de sus hijos.

Las autoridades han detenido hasta ahora a 99 personas vinculadas con los hechos de Iguala, la más reciente, una funcionaria de Cocula de cuya consignación se informó el domingo. Entre ellos hay numerosos policías, miembros de Guerreros Unidos y al alcalde de esa localidad, José Luis Abarca, y su mujer.

Pero aunque a Abarca se le considera “autor intelectual” de la masacre y está en prisión, no se ha hecho público que se haya abierto un proceso contra él por este crimen, un caso que ha destapado los vínculos entre autoridades y crimen organizado en México.

Según el abogado de las víctimas, no se ha acusado a nadie por el crimen de desaparición forzada.

Una de las últimas detenciones destacadas fue la de Felipe Rodríguez, alias “El Cepillo”, “sicario de la organización criminal (…) y autor material del homicidio del caso Ayotzinapa”, según un comunicado de la Procuraduría del 16 de enero.

Perseo Quiroz, director en México de Amnistía Internacional, dijo que las declaraciones de tres detenidos no son suficientes para considerar probado un hecho, máxime cuando “hemos recibido testimonios de que no se cumplió el debido proceso” en algunas averiguaciones y detenciones. Human Right Watch también expresó su preocupación en el mismo sentido.

Familiares de policías de Iguala realizaron el sábado una marcha en la que denunciaron detenciones ilegales de algunos agentes. María Iris Román explicó que su esposo Ubaldo Toral, salió de vacaciones el 25 de septiembre y se presentó a laborar el 7 de octubre, “por lo que no pudo haber participado en el ataque el 26”. En tanto, Marco Antonio Ramírez “descansaba en la casa ese día y cuando se presentó a su turno el 27 fue detenido”, dijo su mujer, Petra Cruz.

La debilidad de ciertas declaraciones quedó constatada una semana después de las desapariciones, cuando un arrestado por las autoridades de Guerrero dijo haber asesinado y calcinado a 17 estudiantes en un cerro donde sí se encontraron cadáveres pero que resultaron no ser los de los jóvenes de Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales, en declaraciones, consideró que la detención de “El Cepillo” ”no afianza ” la tesis oficial con nuevas evidencias sino que ofrece ” la misma declaración ” con la que el gobierno ” quiere dar carpetazo al caso”.
La investigación sigue oficialmente abierta pero Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo el 13 de enero que ” se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria “, palabras que enojaron a los padres de familia, que no han dejado de manifestarse exigiendo la presentación con vida de los jóvenes.

Piden también saber la verdad de un crimen que ha conmocionado dentro y fuera de México y para el que la ONU ha exigido una investigación transparente.

Después de cuatro meses, su principal reivindicación es que se reanude la búsqueda y se investigue tanto al ejército como al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y al ex procurador estatal, Iñaky Blanco puesto que ” hay muchos indicios que los involucran de una manera u otra”, explicó Rosales.

El abogado añadió que los padres confían en que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comenzarán a trabajar sobre el terreno en las próximas semanas, puedan ayudar a que se abran esas nuevas líneas de investigación y a que se utilicen otras técnicas para la búsqueda con vida de los 42 estudiantes a los que parece que se los comió la tierra.