La Comisión Permanente hizo un llamado al Congreso de Coahuila y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que soliciten a los consejos de la Judicatura y a los tribunales superiores de justicia de dichas entidades información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea.

En el debate de este dictamen, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que es fundamental tener claridad sobre las razones para que se hicieran depósitos en instituciones de esa naturaleza.

Además, se pronunció por hacer las adecuaciones pertinentes: “Me parece –dijo– que aún hay espacios que tenemos que corregir para evitar” este tipo de problemáticas.

El senador Arturo Zamora Jiménez destacó que los recursos que se otorgaron para los sistemas de justicia en las entidades federativas están dirigidos a fortalecer la administración pública en esta materia.

Sin embargo, consideró que estos recursos económicos se invirtieron a través de un fideicomiso que tiene “un sentido más popular”, por lo que debe revisarse este esquema.

Por Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón propuso la creación de un grupo de trabajo que permita encauzar esta problemática hacia una solución, “porque no solamente estamos hablando de una imprudencia, sino quizás de una ilegalidad”.

Es necesario saber qué fue lo que llevó a la administración de los tribunales superiores de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal a meter su dinero, en esta sociedad financiera popular, “nos tienen que explicar qué demonios andaban haciendo estos tribunales metiendo, en un caso, 120 millones de pesos y en el otro cerca de 90 millones de pesos”.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez consideró que el marco legal que regula a este tipo de instituciones financieras tiene que ser modificado, a fin de que no se repita un hecho tan lamentable que afectó a millones de hogares mexicanos.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el legislador expresó: “Creo que podemos lograr un buen acuerdo parlamentario” para resolver las deficiencias legales y lograr una salida digna al problema que enfrentan los ahorradores de Ficrea.

En el punto de acuerdo, que fue presentado por el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del PRI, se menciona que dentro de los ahorradores defraudados por esta institución se encuentran los tribunales de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal.

Se agrega que el magistrado Edgar Elías Azar informó que el Tribunal Superior de Justicia capitalino,  invirtió en Ficrea la cantidad de 120 millones de pesos, “recursos que deben esclarecerse en cuanto su procedencia, ya que presumiblemente pueden ser parte del erario público” de la Ciudad de México.

También se sabe que el Poder Judicial de Coahuila invirtió recursos de su Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia en Ficrea y a pesar de que el órgano judicial del estado  emprendió acciones para recuperar los cerca de 90 millones de pesos,  es necesario contar con información que nos permita saber las razones por las que se decidió invertir esa cantidad, se agrega en el documento.

Por ello, sin sesgos políticos o partidistas, debe clarificarse el por qué desde el ámbito judicial del Distrito Federal y Coahuila, se invirtieron recursos públicos en Ficrea y que actualmente se encuentra en investigación, coincidieron los senadores Blanca Alcalá Ruiz y Arturo Zamora Jiménez.

En la sesión de este día de la Comisión Permanente, la legisladora Blanca Alcalá expuso que en la reunión que tendrán el próximo viernes 16 de este mes con autoridades encargadas de la investigación a Ficrea, se deben definir las razones por las que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de ambas entidades hicieron depósitos en la citada sociedad de inversión.

Arturo Zamora, expresó que los recursos públicos de los sistemas de justicia en las entidades federativas deben destinarse, entre otros, a capacitación de jueces y magistrados para una mejor impartición de justicia pronta y expedita, y no se desvíen.

Los recursos públicos que se invirtieron en un fideicomiso en Ficrea por parte de los entes judiciales en el DF y en Coahuila, pudieron tener un buen propósito, pero ante las irregularidades que ha presentado la sociedad referida, es motivo para que se investigue el destino del dinero, dijo.