La senadora Dolores Padierna pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Congreso del estado de Puebla intervenir en los casos de luchadores sociales detenidos en esa entidad.

A la CNDH, la Vicecoordinadora de los senadores del PRD solicitó un informe que documente la situación jurídica y de violaciones a los derechos humanos de las que han sido objeto los luchadores sociales.

Y al Congreso Local le pidió llevar a cabo comparecencias o reuniones de trabajo con los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del estado para revisar la actuación que han tenido en estas detenciones, procesamiento y encarcelamiento.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora del PRD recordó que en abril de 2014, en Puebla, fue detenida Enedina Rosas Vélez, cuyo delito fue negarse a firmar en su calidad de comisaria ejidal, la autorización para el paso del gasoducto que se pretende construir como parte del proyecto integral Morelos.

“Al día siguiente de la detención de Enedina Rosas, el defensor de Derechos Humanos, Juan Carlos Flores, también opositor a dicho proyecto, comenzó a organizar manifestaciones por su liberación, y después de acudir a una reunión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, fue detenido con lujo de violencia y acusado por delitos que nunca cometió, con base en falsos testimonios rendidos por diversas autoridades policiales”, mencionó.

Padierna Luna sostuvo que estas aprehensiones marcaron el inicio de una política de represión y hostigamiento contra quienes se manifiestan o se oponen a las decisiones o mandatos del gobernador Moreno Valle.

Agregó que el mandatario poblano “ha utilizado a las instituciones del Estado para encarcelar injustamente a decenas de activistas, defensores y autoridades municipales que lo cuestionaban pública y pacíficamente”.

Informó que a estas detenciones se sumaron la de Abraham Cordero, también opositor del Proyecto Integral Morelos; así como la de más de una docena de campesinos, indígenas y ancianos, quienes protestaron contra la supresión del servicio del registro civil en sus pueblos y que son autoridades elegidas mediante el sistema de usos y costumbres.

“Incluso han detenido a abogados y ejidatarios que se han opuesto a que sus tierras sean expropiadas con fines comerciales y que han resistido los embates del poder público estatal para despojarlos de su único patrimonio”, señaló.

Dijo que hasta el momento no se ha podido poner límite a las flagrantes violaciones y de acuerdo a con organizaciones, tanto el Poder Judicial como la Comisión de Derechos Humanos, actúan al servicio del gobernador y legitiman estas acciones en contra de activistas, defensores y autoridades indígenas.

“La persecución y encierro que el gobierno de Puebla impone a activistas, defensores y autoridades indígenas, es una respuesta violenta contra una diversidad de manifestaciones ciudadanas pacíficas en defensa del territorio, del patrimonio cultural y la identidad de los pueblos” subrayó la legisladora.

Igualmete, diputados del PRD Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Reymundo Nájera Medina y Vicario Portillo Martínez propusieron a la Comisión Permanente exhortar a diversas autoridades del gobierno de Puebla y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares de la entidad, a garantizar sus derechos, integridad y seguridad.

Asimismo, al Gobierno del Distrito Federal a hacer pública la información que esclarezca si tenía conocimiento del operativo que la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla llevó a cabo el 22 de diciembre de 2014 para detener a Atl Rubén Sarabia Reyna en la Ciudad de México.

Piden investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos de Adan Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, Alcalde Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, y Jairo Javier Montes Bautista, Alcalde Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

También al gobierno de Puebla a cesar el hostigamiento y la represión contras las comunidades indígenas, y la protesta social.

Y a la Procuraduría del estado a garantizar el debido proceso para Adan Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, Alcalde Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, y Jairo Javier Montes Bautista, Alcalde Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, con respeto pleno a las garantías procesales de los imputados, observando los más altos estándares en materia de derechos humanos, a investigar los presuntos actos de tortura que les han sido infligidos y a garantizar su seguridad e integridad.

Las legisladoras y los legisladores perredistas invitan a la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla a otorgar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia Amador, Alejandra López Reyna, Irma Reyna Martínez, Raúl Pérez Velázquez y Leonardo Báez Serrano, Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi, Albino Tlachi y Alfredo Portillo.

La diputada Roxana Luna Porquillo aseguró que actualmente, en México nos enfrentamos a un serio problema en materia de protección de derechos humanos puesto que persisten sistemáticas violaciones entre las que podemos enumerar las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamientos y ejecuciones extrajudiciales, por mencionar algunas de las más recurrentes.

En este sentido –dijo– nos compete enunciar hoy una situación preocupante para el país. En Puebla, las violaciones a los derechos humanos de personas activistas y opositoras al gobierno del estado son una constante que parece recrudecerse cada vez más.

Se deben atender las injusticias que se han cometido contra pobladores de las comunidades poblanas de Cholula, Chalchihuapan y San Miguel Canoa, así como contra activistas del estado. Todas estas acciones se han enmarcado en un contexto de hostigamiento, represión y criminalización de la protesta social, precisó.