México, DF., (Círculo Digital).- La senadora Dolores Padierna Luna solicitó que la Procuraduría General de la República abra una línea de investigación respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya e Iguala, a partir de que existen indicios que señalan la presencia de un mismo grupo de la delincuencia organizada en ambos casos y se defina si están vinculados.

También solicitó que la PGR agote todas las líneas de investigación existentes y, aquellas que deriven de la información proporcionada por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con dichos acontecimientos.

Además, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos valore la expedición de una nueva recomendación que permita atender los hechos ocurridos en Tlatlaya, bajo la nueva clasificación de violaciones graves a derechos humanos y ahonden en la atención de las víctimas.

Al fundamentar el punto de acuerdo ante el Pleno de la Comisión Permanente, Padierna Luna recordó que luego de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas, la respuesta del Estado fue inadecuada al intentar engañar sobre los hechos para mantener una buena percepción del país.

Sin embargo, dijo, la realidad de los hechos salió a la luz cuando la prensa internacional informó el 11 de julio que las 22 personas fueron ejecutadas por el Ejército y que no fallecieron durante un enfrentamiento.

“Asimismo, advirtió que fueron secuestrados, torturados y ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya”, detalló.

Señaló que por esta razón, el 25 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó a ocho elementos del Ejército, un oficial y siete elementos de tropa, como posibles responsables de la muerte de estas 22 personas, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial militar.

Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 51/2014, donde se prueban violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército, y que fue alterado el lugar de los hechos y se fabricaron versiones de lo ocurrido.

“Cabe advertir que esta recomendación dista mucho de atender a cabalidad lo ocurrido”, destacó Padierna Luna.

En el caso de Iguala, donde murieron 6 jóvenes y desaparecieron 43, la senadora del PRD destacó que el vínculo más claro entre ambos sucesos trágicos es la presencia del cártel de los Guerreros Unidos en Tlatlaya e Iguala, así como su presunta capacidad de corrupción de los cuerpos policiacos y de los elementos del 27 Batallón de Infantería.

Recordó que en el relato hecho por la PGR sobre los hechos ocurridos en Iguala, al ser cuestionado Murillo Karam sobre el papel del Ejército en las inmediaciones del sitio, el procurador se congratuló de que no participaron en estos hechos porque hubieran respondido para “apoyar a la autoridad constituida” que era la policía municipal de Iguala.

“Su afirmación abrió un flanco muy peligroso en el otro expediente: Tlatlaya. ¿Respondieron los soldados que atacaron a 22 jóvenes en Tlatlaya a la petición de alguna autoridad?”, planteó la legisladora.

Dolores Padierna aseguró que la PGR ha desestimado toda información que obligue a replantear y abrir las líneas de investigación sobre los sucesos de Iguala, Guerrero, “y menos vincularlos con las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, Estado de México, a pesar de los indicios que señalan la presencia de las mismas células del crimen organizado”, aseveró.

“Es indispensable que la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) amplíen su investigación tanto de los sucesos en Tlatlaya, como en Iguala y agoten todos los posibles vínculos entre un suceso y otro”, concluyó.