Agecncia / MonitorSur / Xochihuehuetlán, Guerrero.- Padres de familia y alumnos en Guerrero reclamaron con una acción colectiva una secundaria de calidad en lugar de las aulas de carrizo y lámina que tienen.

Sin embargo, la PGR –en representación de la Presidencia– impugnó la demanda porque no son consumidores, ya que reciben un servicio público de manera gratuita y no de una escuela privada.

Desde hace dos años, 155 alumnos acuden a la Secundaria Nicolás Bravo, en el municipio de Xochihuehuetlán, en la Montaña de Guerrero, cuyas tres aulas están hechas por horcones de madera con una separación considerable entre sí.

El techo es de lámina que está suelta y cuando hay ráfagas de viento se vuela. Los palos que sostienen las láminas del techo están sujetos con alambre.

En algunas partes las aulas cuentan con paredes de carrizo, otras zonas sin carrizo son cubiertas con sarapes, malla alambrada o telas raídas.

Una barda de alambre de púas funge como cerco. Al interior de las aulas, el suelo es de tierra. Las butacas oxidadas son insuficientes para los alumnos; los pizarrones están rotos, manchados y desgastados.

A través de una Acción Colectiva en Sentido Estricto 65 padres de familia y 88 estudiantes demandaron a la Presidencia, la SEP, el Gobernador de Guerrero y al Alcalde de Xochihuehuetlán.

Así como a los secretarios de Educación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa para que les construyan su escuela.

“Creemos que la figura de Acción Colectiva en Sentido Estricto es una muy poderosa figura, y está hecha para demandar al Estado por una mala prestación del servicio público”, dijo Teresa Aguilar, abogada de Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, representante legal de los padres y alumnos que interpusieron la demanda.

La demanda se presentó en enero de 2015 en el Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Chilpancingo y se aceptó seis meses después.

Con ella buscan, explicó Aguilar, la construcción de una escuela de calidad y una indemnización, a la cual renunciaron en lo individual los padres de familia para crear un fondo de mejora para la secundaria.

Pero la PGR, en nombre de la SEP y de Presidencia, presentó una apelación en contra de la admisión de la demanda.

“No existe un contrato entre los padres de familia y la citada escuela, por tratarse de una escuela pública que se encuentra al servicio de la comunidad y no así de una escuela del sector privado”, justifica la PGR, en el escrito firmado por Isidra García Sánchez, Agente del Ministerio Público Federal.

Con información de “AM”