Redacción

Ciudad de México, 29 julio 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación de que a seis años de la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, faltan mecanismos armonizados y coordinados entre los órdenes de gobierno para asegurar su implementación en el país.

Añadió que los esfuerzos han sido “insuficientes” para garantizar a las víctimas los derechos que en la ley se señalan, especialmente en materia de identificación, reinserción y reparación del daño.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas – que se conmemora el 30 de julio—, la CNDH llamó al gobierno mexicano a ratificar el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como continuar con los esfuerzos para elaborar, institucionalizar e implementar en los ámbitos federal y estatal protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Comisión expuso en un comunicado que en el ámbito federal, si bien se han dado importantes pasos para dar a conocer el tema y existe mayor interés por la capacitación a los servidores públicos, la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos es aún un reto.

Además, la intervención y cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley General por parte de las diferentes autoridades de la administración pública federal varía considerablemente entre unas y otras. Los derechos a la reparación del daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a trata de personas, que implica el deber de prevención, siguen sin ser garantizados por el gobierno de México.

Señaló que la mayoría de las entidades federativas cuentan con legislación aprobada, comités interinstitucionales y alguna unidad o fiscalía especializada para la investigación de este delito; sin embargo, “se carece de programas estatales con indicadores de cumplimiento y rendición de cuentas, estrategias de trabajo regionales, presupuestos etiquetados y, en general, de políticas sociales dirigidas al combate de las causas estructurales de la trata de personas como la desigualdad, la discriminación y la violencia”.

De acuerdo con el Informe Global sobre Trata de Personas 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 71 por ciento de las víctimas son mujeres. La desigualdad de género es también evidente con las víctimas menores de 18 años de edad, ya que las niñas y las adolescentes representan el 20 por ciento de las víctimas totales.

En cuanto a las modalidades de explotación por sexo, añadió, se observa que las niñas y mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual en 96 por ciento, mientras que hombres y niños en 4 por ciento.

La CNDH exhortó a cumplir con las recomendaciones que ha emitido relacionadas con violaciones a derechos humanos en agravio de jornaleras y jornaleros agrícolas de origen indígena, posibles víctimas de delitos en materia de trata de personas; especialmente la Recomendación 28/2016 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al gobierno de Baja California Sur; la Recomendación 70/2017, dirigida a la misma secretaría y a las autoridades gubernamentales de San Luis Potosí.

Asimismo, la Recomendación 15/2018, dirigida a la STPS, IMSS y gobierno estatal y presidencia municipal de Colima, así como con las propuestas contenidas en el Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas.

Recordó que el pasado 20 de julio, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) otorgó al Estado mexicano plazo de dos años para presentar un informe preliminar para frenar la violencia y discriminación contra las mujeres, siendo la trata de personas y la explotación de la prostitución aspectos que serán evaluados.