Agencias / MonitorSur / Lleida, España .- Desde que salió de su natal Senegal hace 20 años, Biram Fall nunca ha dormido en las calles. Esta semana, cuando se le acabaron sus ahorros por no encontrar trabajo en los huertos de durazno en el norte de España, también se rehusó a pasar por esa situación.

Como parte de un ejército de mano de obra barata que sigue la maduración de los diversos cultivos en el país, Fall, de 52 años, atendió en mayo un llamado urgente de que se presentaran trabajadores en Lleida, una importante puerta de entrada a las fértiles tierras agrícolas de los alrededores.

Sin embargo, los migrantes ansiosos de recuperarse de la falta de ingresos debido al coronavirus rebasaron la demanda estacional de trabajadores. Los que no pueden pagar apartamentos compartidos y abarrotados deambulan por el centro de al ciudad, descansan bajo porches en plazas o en albergues improvisados del gobierno.

Renuente a correr el riesgo de contagio entre ellos, Fall contó los pocos euros que le quedaban de la venta de caracoles recolectados al lado de las carreteras y empacó sus cosas. Después de pellizcarse el antebrazo se pregunta si existe quien crea que el virus no puede penetrar la piel negra y que sólo infecta a la gente blanca.

“Sólo se nos deja dormir en la calle, como perros callejeros”, dijo el inmigrante mientras jalaba un carrito por la carretera y cargaba en el otro brazo una bolsa de plástico con un edredón perfectamente doblado.

La pandemia quizá se ha desacelerado en gran parte de Europa continental, pero en medio de docenas de nuevos contagios en diversas partes de España, los que se han registrado entre los trabajadores agrícolas estacionales están preocupando en particular a las autoridades de salud como un posible vector para una mayor propagación.

En la localidad de Fraga, donde muchas plantas procesadoras de frutas realizan sus actividades alrededor de los frondosos huertos, 360 infecciones en las últimas dos semanas han obligado a las autoridades a imponer de nuevo las restricciones a nivel local después que el país dejara atrás casi tres meses de confinamiento y un parón de actividades.

El condado cercano a Lleida, de 200.000 habitantes, es el más reciente que suspende actividades, anunciaron el sábado las autoridades regionales catalanas después que los contagios en la provincia se duplicaran en una semana, de 167 a 325. Como las admisiones en hospitales y unidades de cuidados intensivos aumentan de nuevo de manera preocupante, un pabellón de emergencia fue instalado afuera de un hospital local.

“La crisis en Lleida no es sólo sanitaria, tiene también un fuerte componente social”, dijo la resonsable de sanidad en la regional de Cataluña, Alba Vergés, en referencia a los trabajadores después que su gobierno pusiera a la localidad en cuarentena.

Cualquier rebrote se analiza con todo cuidado en un país nervioso por haber perdido al menos 28.300 vidas a causa del COVID-19, según los registros oficiales.

Durante el momento de mayor intensidad de la pandemia, en abril, los sindicatos agrícolas y asociaciones de negocios, temerosos de que las frutas se pudrieran en los árboles debido a una escasez de trabajadores, pusieron anuncios para empleos que atrajeron a más interesados de lo previsto. El granizo también ha destruido cultivos en algunas localides, creando lo que la teniente de alcalde de Lleida, Sandra castro, describió como la “tormenta perfecta” para una “crisis social que se añade a la crisis sanitaria existente”.

Dos salones gigantescos para exhibición de productos fueron colmados temporalmente de camas equidistantes para más de 200 trabajadores. Se toma la temperatura a quienes llegan: los que tengan síntomas de COVID-19 son examinados y si dieron positivo son enviados a instalaciones de cuarentena.

Sin embargo, Castro dijo que su gobierno no puede hacer mucho, en especial con los migrantes carentes de permisos para trabajar, que, según cálculos de la ciudad, conforman más de la mitad de los que se presentaron a pesar de las restricciones de viaje.

“Son personas a las que condenamos a vivir en la sombra, en situación de exclusión social, de vulnerabilidad, expuestas a que se le vulneren todos los derechos. Y ese es el primer problema y la primera gran frustración a la que nos enfrentamos como ayuntamiento, antes de que podamos solucionar nada”.

Unos 470.000 migrantes podrían estar en este momento en España buscando maneras para trabajar y vivir legalmente en Europa, según PorCausa, una fundación con sede en Madrid dedicada a fomentar la conciencia sobre el tema de la migración.

En un análisis reciente, PorCausa afirmó que regularizar a los llamados “sin papeles” no sólo es una cuestión justa sino que tiene sentido económico en un país que necesita contribuyentes jóvenes. El tema es altamente polarizador y da pie para que la extrema derecha gane votos. En tanto, la gobernante coalición de izquierda no ha seguido los pasos de Portugal ni Italia y sólo ha extendido permisos de trabajo temporales para el verano.

En Lleida, los migrantes que deambulan sin rumbo son un panorama frecuente y causan las quejas de los habitantes locales, en especial este año de devastación por el coronavirus.

Sin embargo, muchos agronegocios no facilitan alojamiento suficiente ni adecuado para sus trabajadores, como deberían conforme a los convenios suscritos con los sindicatos, dijo Gemma Casal, activista de la plataforma local Fruta con Justicia Social.

También dijo que las autoridades a todos los niveles parecen improvisar su respuesta verano tras verano.

Sin embargo, dijo, el principal problema yace dentro del modelo agrícola. El desmesurado poder de los grandes distribuidores de alimentos para fijar los precios de los productos significa que “los campesinos acaban trasladando sus costes laborales a la administración, las entidades sociales o los propios migrantes que acaban pagando por el alojamiento”.

Una paga neta de unos 6,5 euros la hora (7,30 dólares) no es atractiva para los mismos españoles en la región.

“Los inmigrantes son esenciales para el sector frutícola”, dijo Gramunt. Sin embargo, niega que la contratación de “sin papeles” sea generalizada en la agricultura, sostén económico en la región. Los agricultores que contratan a estas personas enfrentan multas de hasta 6.000 euros por cada trabajador ilegal.

Fruta con Justicia Social considera impulsar la entrega de un certificado de buenas prácticas agrícolas que los consumidores europeos puedan identificar debido a que las licencias de exportación se conceden en la actualidad principalmente en función de los contratos de trabajo, lo que permite a muchas compañías encontrar lagunas y sacar ventaja de los trabajadores estacionales.

“Los consumidores europeos parecen haber despertado a la realidad de la explotación en la industria textil, pero normalmente se habla que si tal o cual empresa ha producido en maquilas en países lejanos”, señaló Casal. “Pero aquí tenemos esclavismo del siglo 21 dentro de las propias fronteras de la Unión Europea y parece que da igual hacemos nada”.

Con información de la agencia ‘The Associated Press’.