Agencia / MonitorSur / Ciudad de México.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, propuso crear la figura de “ciudadano informante”, una especie de testigo protegido para denunciar actos de corrupción en el ámbito público y privado.
Ante legisladores, organizaciones civiles anticorrupción y representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, el responsable de fiscalizar al gobierno federal indicó que México debe consolidar redes ciudadanas y gubernamentales para construir una política de integridad.
Se trata de “la figura de informante, sea funcionario público o no, que por estar en contacto directo con la gestión tiene información de conductas corruptas y decide compartirlas de manera anónima con las autoridades”, abundó Portal.
El titular de la ASF definió que los funcionarios comprometidos con el combate a la corrupción deben considerar para sí “la adopción, el mantenimiento y el resguardo de una política de integridad que sirva de referencia a los integrantes de una institución; el abandono definitivo de la concepción de que el servicio público es una alternativa para el enriquecimiento personal”.
Portal fue uno de los oradores de la conferencia Hablemos de Corrupción, donde se recordó que aun cuando una de las primeras reformas estructurales aprobadas por la LXII Legislatura fue la relativa al combate a la corrupción, todavía falta por aprobar las leyes reglamentarias.
Durante el foro María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, indicó que si la Reforma Constitucional Anticorrupción no deriva en la construcción de políticas públicas certeras para frenar este problema, las denuncias en la materia quedarán sólo como un lamento.
“Faltan las leyes, pero, sobre todo, faltan las políticas públicas. Y si a la hora de pensar las leyes no diseñamos las políticas públicas y no las fondeamos, una vez vamos a reforzar la vieja leyenda colonialista: acátese, pero no se cumpla, y eso debilita el Estado de derecho y eso propicia la ilegalidad”, dijo la articulista de Excélsior.
En tal sentido, María Amparo Casar, directora Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que los actos de corrupción en México representan anualmente 890 mil millones de pesos; es decir, 200 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero afectan sobre todo a los ciudadanos de escasos recursos.
“El 14 por ciento del ingreso promedio de los hogares al año se destina a pagos que nosotros llamamos eufemísticamente pagos extraoficiales, a mordidas, a corrupción.
“Esto quiere decir, lisa y llanamente, que la corrupción es un impuesto regresivo para la sociedad que acarrea males, en vez de bienestar, cada acto de lo que llamamos la pequeña corrupción cuesta 165 pesos”, indicó la también articulista de Excélsior.
Casar, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), añadió que de 2004 a la fecha los recursos destinados al combate a la corrupción en México han aumentado un 98 por ciento; sin embargo, México pasó del lugar 64 al 103 en Índice Mundial de Transparencia.
Además, prosiguió, la corrupción tiene costos políticos, que implican que 83 por ciento de los mexicanos no cre en los políticos y que el 88 por ciento no confíe en el Sistema Judicial y administración de Justicia.
Desconfianza
Roby Senderowitsch, gerente del Programa de la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial, expuso que la corrupción en México no es por un “código genético, ni es un problema cultural, sino por la confianza perdida en las instituciones.
“Cuando no hay confianza todo se vuelve más lento, porque no confiamos en nada que nos dicen ni en ninguna regla del juego. La corrupción no está en el código genético de los pueblos, ni en el código ético de los países; la corrupción se puede combatir, no es porque uno nace en un país determinado nació corrupto o será corrupto toda su vida, o las sociedades son corruptas desde el momento fundacional”, comentó.
Con información de “EXCÉLSIOR”
