La reclasificación que ha hecho la CNDH del caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves de derechos humanos pone en entredicho la credibilidad de las autoridades del gobierno del Estado de México, de la Procuraduría General de la República y del Ejército, las cuales se ha empeñado en demostrar que se trató de un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y elementos del ejército, afirmó a senadora Angélica de la Peña.
Indicó que las explicaciones de las autoridades civiles y militares sobre lo ocurrido en Tlatlaya fueron demasiado precipitadas y dieron lugar a todo tipo de suposiciones, las cuales aumentaron al conocerse las opiniones de peritos expertos independientes, las declaraciones de dos sobrevivientes y, sobre todo, porque la investigación quedó reservada por doce años a solicitud de la PGR.
Expuso que al ser reclasificado este caso, la información sobre la investigación realizada por la Procuraduría mexiquense, la PGR y la Procuraduría General de Justicia Militar, deberá ser entregada inmediatamente a la CNDH.
“Las instituciones a las que fue dirigida la recomendación 51/2014 deberán cumplirla totalmente lo antes posible, no hay pretexto válido para lo contrario, en el Congreso no permitiremos que haya otro caso Radilla Pacheco cuya resolución tarde décadas, el país exige conocer la verdad de los hechos y se castigue a todos los responsables, la misma demanda que en el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado resaltó que la conclusión de la investigación que realiza la CNDH podría definir al caso Tlatlaya como un crimen de lesa humanidad, con todas las implicaciones respecto al marco jurídico internacional en materia de derechos humanos.
Las violaciones graves de derechos humanos son, entre otras, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, así lo define nuestra Constitución y los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, “la ley debe aplicarse sin excepción, de manera inmediata, las y los mexicanos no aceptaremos nada que no sea verdad y justicia”.
