Ciudad de México, 17 de marzo 2015 (Círculo Digital).- Rectores la UNAM, UAM y la UdeG demandaron al Congreso de la Unión abrir un debate “amplio, plural e incluyente” en el que intervengan todos los sectores del país para discutir la iniciativa de Ley General de Aguas.

En un comunicado conjunto enviado ayer, los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles; Autónoma Metropolitana (UAM), Salvador Vega y León, y de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, afirmaron que dada la “trascendencia y complejidad” de la temática del agua es necesario un debate público con las características antes mencionadas.

“Los rectores de la UNAM, la UdeG y la UAM reconocemos la sensibilidad mostrada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al diferir la discusión de la Iniciativa de Ley General de Aguas”.

EXPERTOS PREOCUPADOS

Los rectores recordaron que integrantes de las comunidades de estas casas de estudios han expresado su preocupación sobre algunos contenidos de la iniciativa que limitan el desarrollo de la investigación en la materia, que potencialmente penalizan la realización de proyectos de investigación, que favorecen la concentración innecesaria de información y que dificultan la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas.

“Dada la trascendencia y complejidad de la temática del agua, nos pronunciamos por la organización de un debate amplio, plural e incluyente en el que puedan intervenir todos los sectores del país, a fin de que las resoluciones a las que se llegue garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”, señalaron.

En tanto, más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron este día la Ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.

Las organizaciones han señalado que la llamada “Ley Korenfeld” violenta derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información.

Un ejemplo se encuentra en el artículo 76 de la nueva ley, donde existe la posibilidad de suspender el servicio de agua por falta de pago.

La iniciativa, que ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, se encuentra detenida su discusión en el Pleno. (Con información de La Jornada y sinembargo.mx)