• En tan solo dos meses se han recuperado el 40 por ciento de las 7 mil hectáreas invadidas durante años / Ahora fueron los predios La Candelaria I y II, El Paraíso, El Peñasco I, Fracción El Peñasco y Fracción Montecristo, los cuales permanecían invadidos desde 2010.
• Hasta el momento 120 personas han sido vinculadas a proceso y 2 mil 866 hectáreas recuperadas en Tuxtla, Berriozábal, Jiquipilas, Ocozocoautla y San Fernando.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Fuerzas de seguridad coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron esta mañana una orden judicial de desalojo de 464 hectáreas en los municipios de San Fernando y Berriozábal, las cuales permanecían invadidas por un grupo de personas desde 2010, informó el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.
Con estas suman ya 2 mil 866 hectáreas recuperadas, lo que representa el 40 por ciento de las 7 mil hectáreas invadidas desde hace más de 10 años.
Acompañado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal de Coordinación, Jordán de Jesús Alegría Orantes y el fiscal de Procedimientos Penales, Jorge Segismundo Rotter Díaz, dio a conocer que se trata de los predios denominados La Candelaria I y II (municipio de San Fernando) y El Paraíso, El Peñasco I, Fracción El Peñasco y Fracción Montecristo (municipio de Berriozábal), donde se localizaron casas de material de lámina, cartón, nylon y concreto, cuyos ocupantes se retiraron de manera voluntaria de las áreas invadidas.
El responsable de la procuración de justicia en Chiapas resaltó que con esta restitución también se logró el libre tránsito de los propietarios que desde la fecha de invasión no podían usufructuar y gozar de la posesión y de la propiedad de sus bienes que destinaban para la producción agrícola y ganadera.
Detalló que hasta el momento 120 personas han sido vinculadas a proceso y 2 mil 866 hectáreas recuperadas durante los operativos de desalojo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Jiquipilas, Ocozocoautla y San Fernando, entre ellos las áreas naturales protegidas de Cerro Brujo (mil 27 hectáreas), Villa de Allende (386 hectáreas) y Parque Nacional Cañón del Sumidero (21 hectáreas).
Llaven Abarca subrayó que el operativo ejecutado con más de mil elementos federales, estatales y municipales, así como con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se llevó a cabo de acuerdo con el Protocolo de Desalojos, con absoluto respeto a los derechos humanos y de manera pacífica.
Finalmente, resaltó que estos temas se han atendido de manera eficaz en la mesa de seguridad que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, junto con autoridades federales, estatales y municipales, con el fin de fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica y la paz en la entidad.
