Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC Chiapas
La semana pasada fuimos testigos de la vorágine mediática en torno a la discusión de una posible nueva reforma electoral en el marco de la celebración de Foros de Parlamento Abierto promovidos por algunos legisladores del partido MORENA, y su inmediato “enfriamiento” por parte del mismo Presidente de la República y de los propios coordinadores parlamentarios del partido en el gobierno.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera del miércoles 19 de junio, decidió desmarcarse de la iniciativa presentada por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, informó que en este año tienen otras prioridades en la agenda, y que recordó que tal como lo ofreció en campaña presentarán una propuesta de reforma constitucional en la materia después de las elecciones intermedias de 2021.[1] En la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado, metió freno a la discusión y aclaró que aún “no hay nada definido en materia de reformas electorales, ni tampoco respecto de los organismos electorales federales y locales”, y que seran muy responsables y cuidadosos con el tema.[2] En el mismo sentido, en la Cámara Alta el senador Ricardo Monreal declaró que traen otras prioridades en la agenda legislativa, y aunque debehaber una reforma de cuarta generación en materia electoral, no es convincente que sea con la supresión de los OPLES como lo propusieron algunos diputados de su partido.[3]
Al mismo tiempo, legisladores y presidentes de los partidos políticos de oposición como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra de la propuesta de reforma electoral de un grupo de legisladores de Morena, argumentando que pretende debilitar a las instituciones y se posicionaron en contra de desaparecer al Consejo General del INE y a los Organismos Electorales Locales,[4]. Incluso, partidos aliados de Morena como el PT, a través de su líder Alberto Anaya, rechazaron las propuestas de estas iniciativas de reforma, y hasta la misma dirigente nacional de Morena Yeidkoll Polinski prefirió desmarcarse y no asistir al foro convocado por el diputado Gutiérrez Luna.PUBLICIDAD
La sensatez del presidente de la República y de los coordinadores parlamentarios de bajarse en este momento de la discusión, resulta entendible, razonable y plausible, pues la agenda legislativa enfrenta retos prioritarios en lo que resta del año, como el desafío migratorio, la relación con EEUU, el crecimiento económico, la inseguridad y el combate al cambio climático y sus efectos, entre otros temas, aunado a que cualquier reforma politica electoral debe construirse con base al consenso entre todos los grupos políticos. De tal suerte, que la élite política acertadamente concluyó que la modificación de las reglas de acceso al poder no resulta una prioridad en esta coyuntura, y que cuando llegue el momento habrá de analizarse a partir de diagnósticos más serios y profundos, a efecto de que contribuya al fortalecimiento democrático en nuestro país y no a su involución.
De cualquier manera, hay que tomarle la palabra al Presidente López Obrador en el sentido de abaratar el costo del modelo electoral mexicano, aun cuando, ello no conlleve modificaciones constitucionales o legales, pues el principio de austeridad debe ser una obligación constante en las políticas públicas, sin que esto implique poner en riesgo la eficiencia y la certeza de las próximas elecciones intermedias y, por otra parte, empezar a trabajar en los análisis y estudios pertinentes para llegar a la discusión de una reforma electoral seria y de gran calado en 2022.
En relación al primer punto, cabe señalar que el modelo vigente ofrece áreas de oportunidad que realmente pueden aprovecharse para abaratar los costos del sistema electoral mexicano en el ámbito local. Respecto al impacto del gasto dentro de los procesos electorales locales, se pueden explorar opciones como la reutilización de materiales electorales, la operación de PREPs propios en lugar de contrataciones externas, o la disminución del periodo de operación de los consejos municipales y distritales. Mientras tanto, fuera de proceso electoral se podría avanzar en una estandarización de áreas ejecutivas (fusiones) dentro de los OPLEs. Ninguna de estas medidas requiere reformas constitucionales, bastaría ingenio, suma de voluntades y, en algunos casos, reformas legales locales para avanzar en la ruta de un modelo más austero de cara a las próximas elecciones.
Ahora bien, respecto a lo segundo, sería importante aprovechar los próximos dos años para escuchar al mayor número de actoras y actores posibles, para llegar al debate legislativo con diagnósticos más certeros y no tomar decisiones con base en falsos supuestos. Debe abrirse la oportunidad para escuchar no solo a los políticos, a las burocracias electorales y a los académicos, sino también a la ciudadanía, que es en quien finalmente descansa la operatividad de una elección, y a quienes siempre se le deja al margen del análisis y la discusión. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa debería antes considerar si facilita las tareas de la ciudadanía que participa, por ejemplo, como integrantes de los consejos municipales y distritales, como capacitadores – asistentes electorales y como funcionarios de casilla responsables de contar, sumar votos y trasladar actas y paquetes hasta el consejo municipal o distrital correspondiente.PUBLICIDAD
Por supuesto que ello implicaría acercar las mesas de análisis a la ciudadanía, lo que puede lograrse a través de foros regionales, locales o distritales. La buena noticia, es que de acuerdo con lo manifestado por los actores políticos hay tiempo para desarrollarlos, y qué bueno, porque como dirían los clásicos, no por mucho madrugar amanece más temprano, y la historia nos dice que en asuntos públicos relevantes, como son las reglas de acceso al poder político, la prisa nunca ha sido buena consejera.
