• Analizan impacto de acciones afirmativas en la participación política de las personas con discapacidad.
• Exponen participantes los retos y obstáculos que enfrentan para poder participar.

Para continuar con el foro “Acciones afirmativas de personas con discapacidad y población LGBTIQ+ Retos en la implementación”, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en coordinación con la revista “Voz y Voto”, se realizó el segundo panel “Personas con discapacidad”, con el objetivo de reflexionar sobre el impacto que tuvieron las acciones afirmativas aplicadas en los procesos electorales locales ordinario y extraordinario 2024, para favorecer la participación política y conocer los retos que enfrentaron las candidaturas de ese grupo poblacional.

El panel, moderado por Gloria Alcocer Olmos, directora de la revista Voz y Voto, estuvo integrado por Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Magistrada Electoral del Tribunal Electoral del estado de Chiapas; Ernesto López Hernández, Titular de la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del estado de Chiapas; Luz María Castillo Moreno, diputada local en la LXIX Legislatura del Congreso del estado de Chiapas, electa por la acción afirmativa de discapacidad; Elizabeth Patricia Pérez Santiz, activista defensora de personas en situación de discapacidad y presidenta de Amor sin Fronteras A.C; así como Gerardo de Jesús Hernández Morales, maestro especializado en atención a la discapacidad visual.

Al iniciar el panel, hizo uso de la palabra la consejera electoral Teresa de Jesús Alfonso Medina, quien subrayó la importancia de estos ejercicios de diálogo y retroalimentación porque permiten aprender la necesidad de deconstruirnos como sociedad e individuos en diversos aspectos, y ayudan a adquirir mayor compromiso con las agendas de diversas poblaciones, para continuar mejorando como órgano electoral.

Por su parte, Marina Martha López Santiago, afirmó que cuando las personas con discapacidad hacen exigibles sus derechos políticos-electorales, se enfrentan a diversas resistencias que tienen que ver con la falta de sensibilidad para adoptar el enfoque de atención a esta población, las deficiencias en los procesos, los procedimientos y en las instalaciones que garanticen su correcta accesibilidad, así como los vacíos jurídicos e institucionales para garantizar el plenos respeto de sus derechos en todos los sentidos.

Posteriormente, la magistrada Sofía Ruiz Olvera apuntó que las acciones afirmativas no brindan resultados de manera inmediata, generalmente se ven de forma paulatina. Destacó que dichas medidas no solo son tarea de las instituciones electorales, también es necesario que el Poder Legislativo se involucre con políticas públicas, iniciativas o agendas que visibilicen y beneficien a las todas las poblaciones en desventaja; las acciones afirmativas requieren ser integrales, concluyó.

Ernesto López Hernández indicó que cuando se avanza en el fortalecimiento de los derechos de los grupos vulnerables, también se necesita cambiar la mentalidad y la forma de actuar, a fin de generar una sociedad más incluyente. Hay muchos retos, expresó, uno de ellos es contemplar los delitos electorales y una serie de conductas de protección hacia poblaciones con discapacidad. Respecto a la autoadscripción calificada, consideró que las autoridades electorales tienen un desafío titánico, pues necesitan elementos objetivos para determinar si hay o no una simulación a la ley.

La diputada local Luz María Castillo Moreno, resaltó el hecho de que en Chiapas solo existen 15 intérpretes de lengua de señas mexicana, “es muy poco y por ello es indispensable trabajar en protocolos con perspectiva de discapacidad para personas con debilidades visuales y auditivas. Las acciones afirmativas son el primer paso porque nos permiten llegar a los espacios de toma de decisiones, pero después se necesita legislar y tener agendas inclusivas que permitan avances cada vez más sólidos y firmes”, opinó.

La activista Elizabeth Patricia Pérez Santiz, dio a conocer que, en Chiapas, el 4.2% de la población vive en una condición de discapacidad. Las barreras de comunicación, infraestructura e información, afirmó, limitan la posibilidad de participar, cumplir y hacer efectivos nuestros derechos político-electorales. La autoadscripción calificada debe presentar determinados lineamientos y filtros que permitan evitar las usurpaciones, tenemos que pasar de acciones afirmativas a acciones legislativas para poder tener beneficios concretos para este grupo poblacional.

Para finalizar, Gerardo de Jesús Hernández Morales manifestó que las acciones afirmativas son buenas, “gracias a esto el Congreso de la Unión tiene a 11 diputadas y diputados en condiciones de discapacidad. El trabajo de las instituciones electorales ha dado resultados pero es necesario ir perfeccionado los procesos. Sabemos que es una realidad que aún hay desigualdades, pues al hacer política nos enfrentamos a desventajas presupuestales, de accesibilidad y a una cultura de simulación que con el trabajo colectivo y acciones concretas, debe de ir cambiando”.

En su momento, la moderadora del panel, Gloria Alcocer, subrayó que estos espacios de reflexión y análisis son muy necesarios porque brindan voz y voto a la ciudadanía, porque permiten conocer dónde estamos y hacía dónde queremos ir. Necesitamos, precisó, defender y fomentar estos encuentros que nos dejan la enseñanza de la necesidad de reconstruirnos y la importancia de involucrarnos en las causas para una sociedad más justa.

Correspondió a la consejera electoral del IEPC, Gloria Esther Mendoza Ledesma el cierre del foro y en su mensaje agradeció y reconoció a las personas participantes, porque, dijo, nadie va a pugnar mejor por los derechos humanos de un grupo históricamente discriminado que una o un integrante de ese grupo y manifestó el compromiso con la progresividad, inclusión e igualdad.

Durante el foro estuvieron presentes también las consejeras María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional, Sofía Martínez de Castro León, Teresa de Jesús Alfonso Medina y Helena Margarita Jiménez Martínez,  el Secretario Ejecutivo, Manuel Jiménez Dorantes, así como integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, representaciones y estructura de partidos políticos, público en general, entre otras personas.