Elva Narcia

@elvanarcia

Por primera vez, después de su violenta separación del cargo y tras doscientos trece días de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual ordenó la plena restitución de sus derechos políticos, la alcaldesa Rosa Pérez Pérez despachó el martes 14 de marzo desde el Palacio Municipal de San Pedro Chenalhó y llevó a cabo un acto público en la cabecera municipal.

Según medios de prensa unos doscientos elementos de seguridad resguardaron este evento histórico y simbólico.

Histórico porque el cumplimiento de la sentencia del Tribunal en el caso de Rosa Pérez sienta precedente para casos posteriores, no solamente en Chiapas sino en todo el país, pues el mensaje aquí es: el fallo de la máxima autoridad electoral se debe respetar y se debe cumplir, sin excepciones.

Otro mensaje, y no de menos importancia, es que nadie está o debe estar por encima de la ley. Pues, como lo debatieron en su momento los magistrados y la magistrada del TEPJF, Rosa Pérez fue obligada a separarse del cargo mediante el uso de violencia política de género e institucional.

En mayo de 2015 Pérez Pérez solicitó licencia indefinida con el fin de facilitar la liberación de los legisladores locales Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos Vargas, quienes habían sido retenidos en la cabecera municipal por un grupo encabezado por el síndico Miguel Sántiz Álvarez, como una medida de presión para exigir la renuncia de la alcaldesa.

Tras la separación del cargo de Rosa Pérez, el síndico municipal fue nombrado presidente sustituto.

Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió su fallo y ordenó la restitución de la alcaldesa, distintas voces se habían pronunciado de manera recurrente a favor del cumplimiento de la sentencia, pero las autoridades del estado de Chiapas argumentaron reiteradamente que no estaban dadas las condiciones para ello.

En febrero pasado, un grupo de simpatizantes de la alcaldesa emitió un ultimátum al gobierno de Chiapas y le dio 72 horas para la reinstalación de Pérez Pérez. Una vez cumplido el plazo, la madrugada del 22 de febrero, ese mismo grupo irrumpió y tomó el control de la cabecera municipal.

Los acontecimientos que propiciaron el acto público de este 14 de marzo, en el cual Rosa Pérez y su cabildo despachan desde el Palacio Municipal, fueron precedidos por una serie de sucesos violentos, entre ellos, la muerte aun sin esclarecer de dos hombres: Johnny Orlando Vázquez Ortiz y Lorenzo Sántiz, este último, hijo del presidente municipal sustituto.

Hace unos días la parroquia de Chenalhó manifestó a través de un comunicado su “profunda preocupación por la situación de violencia” y aseguró que ven con gran preocupación cómo se repite la historia, refiriéndose a la llamada “matanza de Acteal” ocurrida en ese municipio el 22 de diciembre de 1997, la cual dejó un saldo de 45 indígenas asesinados.

“Lo que más nos angustia es ver cómo ante toda esta realidad y ante las voces de la denuncia, las autoridades nada hacen para resolver el problema y se escudan en pretextos absurdos, se escabullen de su responsabilidad; en pocas palabras: abandonan su responsabilidad de hacer valer la justicia y el derecho que son la razón de su existencia”.

La situación en Chenalhó es muy tensa, el cumplimiento de la sentencia de TEPJF no garantiza paz y estabilidad en el municipio, la responsabilidad de las autoridades estatales y federales no culmina con la reinstalación de la presidenta municipal.

El que San Pedro Chenalhó tenga por primera vez al mando a una mujer, es un hecho sin precedentes, un legado histórico para las mujeres indígenas de ese municipio, un legado histórico para todos los municipios indígenas de Chiapas y de México.

La mitad de la gestión de Rosa Pérez ha transcurrido en medio de batallas legales, en medio de una lucha sin cuartel para que se le permita ejercer un cargo para el cual fue electa el 18 de julio de 2016.

Quienes cuestionan la legitimidad de su mandato, ya tuvieron la oportunidad de ventilar el caso en los Tribunales; quienes cuestionan su capacidad para gobernar, tendrán la oportunidad de llamarla a rendición de cuentas, por la vía legal; quienes insisten en el respeto a los sistemas normativos internos electorales pueden defender su bandera para los comicios por venir.

Le quedan tan solo 18 meses a Rosa Pérez para culminar su gestión, pero el haber sido restituida en el cargo no es garantía de que podrá hacerlo. A Pérez Pérez la han amenazado de muerte y la advertencia de un “nuevo Acteal” es una advertencia latente.

Es responsabilidad de las autoridades estatal y federal garantizar, tanto la seguridad de la alcaldesa como de la población en general, y propiciar para Chenalhó una vida en armonía y paz social. (Tomado de www.glifoscomunicaciones.org).