Ciudad de México, 18 de marzo de 2015 (Círculo Digital / Maya Comunicación).- El diputado Kamel Athié, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados, refirió que “es totalmente falso que la Ley es privatizadora del agua”, al respecto de la iniciativa de Ley General de Aguas.

Mediante un comunicado, el diputado del PRI por Chihuahua explicó que “el artículo 129 de la iniciativa al que tanto se hace alusión como privatizador del agua, está contenido actualmente en el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992, es decir, no existe cambio alguno en este sentido en la iniciativa de la Ley General de Aguas que se discute”.

Precisó que no existe ningún municipio en el país que haya privatizado el agua en más de 20 años que tiene de vigencia dicho artículo “por lo que resulta claro, con ese simple hecho, que sólo se está engañando a la población con ese argumento”.

El diputado informó que el obligado a prestar el servicio público de agua continuará siendo el municipio, en términos de lo que establece la Constitución en su artículo 115.

“Lejos de tener una finalidad privatizadora, se fortalece al organismo público municipal prestador de dichos servicios y ratifica que la propiedad de las aguas es y seguirá siendo de la Nación en términos del artículo 27 constitucional, situación que la iniciativa de Ley reconoce, garantiza y respeta en todo momento”, aseguró.

Derecho humano al agua

El 8 de febrero de 2012 se reformó el artículo 4o de la Constitución para reconocer el derecho humano al agua, en términos de dicha reforma se establece la obligación de expedir la Ley General de Aguas, dijo.

“La Ley General de Aguas aborda 2 principales temas, el derecho humano al agua y el segundo, el cual se encuentra íntimamente vinculado con el primero, la administración de las aguas nacionales”, informó.

El legislador tricolor expuso que México es de los primeros países que está estableciendo una regulación en este tema y “lo que norma la iniciativa es el favorecer en todo tiempo a la persona, como derecho humano, a tener acceso, disposición y saneamiento del vital líquido para su consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Para cumplir esto, dijo, se establece la obligación para los municipios de llevar a cabo una planeación que les permita cubrir dos supuestos básicos:

Primero, la cobertura universal, es decir, que toda la población tenga acceso al agua y segundo, que dicha cobertura asegure, como mínimo, la cantidad de 50 litros por persona al día, cantidad que establece la Organización Mundial de la Salud y que la Organización de las Naciones Unidas retoma.

Asignación a grupos vulnerables

Athié Flores dijo que se pone un especial énfasis en que los municipios asignen, a través de sus programas sociales, beneficios para grupos como los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. Explicó que también se establece en la iniciativa que no se requiere concesión para la población del campo que utiliza el agua para cabezas de ganado y la siembra de sus tierras para su consumo personal.

Prevé y fomenta esquemas de reúso de aguas, utilización de aguas residuales y pluviales e infiltración o recarga de acuíferos, mediante estímulos económicos y administrativos a quienes los implementen, entre  otros mecanismos que permitan disminuir la sobreexplotación de las aguas, comentó.

Trasvases

En relación a los trasvases, que también se cuestionan por los detractores de la iniciativa, se regulan por primera ocasión “buscando que este tipo de esquemas sólo se utilicen en situaciones donde exista una disponibilidad real en una cuenca, buscando que no se afecte el ciclo hidrológico y como una alternativa excepcional”.

Al respecto, recordó que la existencia de los trasvases no es nueva, y como ejemplo ofreció el sistema Cutzamala que no es otra cosa que un trasvase de agua a la ciudad de México “por lo cual es importante que sí esté regulado para que se lleve a cabo bajo normas y una supervisión”.

Concesiones

Se establece un régimen de concesiones que retoma el esquema de la actual Ley de Aguas Nacionales, refirió el diputado “pero estableciendo una regulación por cada uso, atendiendo así, a las diferentes actividades y necesidades que requieren del agua, buscando con ello asegurar el agua para actividades agrícolas y económicas bajo un enfoque de sustentabilidad”.

Se privilegia la recuperación de volúmenes de agua destinados al restablecimiento de las cuencas y acuíferos sobreexplotados y se potencializan las multas en infracciones graves como es la contaminación, detalló.

En aquellos casos en que haya la suficiente disponibilidad de agua se pretende que se otorguen volúmenes extraordinarios para satisfacer las necesidades de consumo humanas “incluyendo la suficiencia alimentaria al ampliar la existencia de los ciclos agrícolas y de ésta forma contribuir al combate a la pobreza”.

No se incrementan tarifas

En la parte económica, se establece un sistema de financiamiento del sector hídrico que privilegia el que las tarifas que los ciudadanos pagan por el servicio de agua potable que reciben sean justas y su recaudación se destine para mejorar el servicio, precisó.

“Hay que mencionar que en esta Ley no se establece ninguna tarifa, ya que esta es una facultad principalmente de los congresos estatales, por lo cual es falso que exista un incremento en las tarifas, por el contrario, se fijan esquemas para que su cálculo atienda a criterios más objetivos y justos y se aseguran los mecanismos para hacerlas equitativas mediante la posibilidad de aplicar subsidios, que dicho sea de paso, no se propone su eliminación como erróneamente se ha externado”, recalcó.

No hay fast track

El diputado insistió en que es falso que la iniciativa se esté discutiendo en forma apresurada (fast track) e informó que “desde hace dos años se estableció comunicación con distintas organizaciones y ONG’s para su discusión y enriquecimiento, como: la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) que agrupa a los organismos que dan atención al 85% de la población; la Asociación Nacional de Unidades de Riego que agrupa al 100% de los distritos y unidades de riego del país y el Consejo Consultivo del Agua, así como con las comisiones de la Cámara de Diputados, tanto de Agua Potable y Saneamiento, de Recursos Hidráulicos y la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego”, finalizó.