Un añejo conflicto con el capitán José Manuel Fernández Aguirre, quien fuera secretario de Trabajo y Conflictos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), ha llevado a Aeroméxico a inmiscuirse en los asuntos electorales del gremio y vulnerar la autonomía del sindicato.

En plena campaña por la renovación de un tercio de la directiva sindical, que concluirá el próximo 15 de febrero, la empresa, que dirige Andrés Conesa Labastida, recurrió a un juez civil para vetar a Fernández Aguirre e impedirle participar como candidato a secretario de Trabajo y Conflictos.

Aeroméxico utilizó una demanda en proceso que interpuso contra el capitán José Manuel Fernández en 2017, por supuestamente haber instigado un paro en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 28 de noviembre de ese año, para lograr que mediante un ordenamiento judicial, ASPA suspendiera sus derechos sindicales y lo eliminaran de la lista de candidatos.

De acuerdo con el ordenamiento promovido por Aeroméxico, y elaborado por el juez 52 de lo civil de Primera Instancia del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Helio Victoria Guzmán, y fechado el 19 de enero de 2022, José Manuel Fernández Aguirre fue vetado para no dejarlo participar en la elección interna del sindicado por el temor de la empresa a “que pueda volver a abusar de sus atribuciones para intentar de nueva cuenta afectar a Aeroméxico”.

El juez Victoria Guzmán dio crédito a los supuestos de la empresa basado en una sentencia que el demandado apeló y que en noviembre del año pasado admitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implica que no es una “sentencia definitiva”, como lo determinó el juez en el ordenamiento que envió a ASPA para que la Comisión Electoral le suspendiera sus derechos, un hecho que podría configurar una irregularidad que el propio sindicato debió haber combatido legalmente.

El juez Helio Victoria elaboró su ordenamiento a partir de una narrativa parcial de lo acontecido el 28 de noviembre de 2017, dando por juzgado un hecho que aún no tiene sentencia definitiva y que aún se dirime en los tribunales, permitiendo la intromisión de Aeroméxico en los asuntos internos del sindicato de pilotos, cuya Secretaría General ostenta José Humberto Gual.

Según Aeroméxico, José Manuel Fernández Aguirre abusó de su cargo sindical y “convocó y organizó de manera ilegal a un grupo de pilotos a un paro de labores para interrumpir las operaciones”. La aerolínea que dirige Andrés Conesa exigió en la demanda civil contra Fernández Aguirre más de 30 millones de pesos “por concepto de indemnización por responsabilidad civil”. 

La sentencia en la que se basó el juez Victoria para suspender los derechos sindicales del capitán Fernández Aguirre, fue emitida en noviembre de 2020 por la Quinta Sala Civil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y a partir de ese dictamen, determinó que “al permitir a dicho demandado ocupe el mismo cargo o algún otro similar al que ostentaba dentro de ASPA, pueda volver a abusar de sus atribuciones para intentar de nueva cuenta afectar a Aeroméxico”.

La improvisada revuelta de pilotos de 2017, provocada por el despido de un capitán, y que generó suspensión de vuelos de la aerolínea, ha sido contada desde entonces desde el punto de vista de Aeroméxico, y la historia se ha centrado en la propia narrativa de las dos demandas que interpuso la empresa en contra del entonces secretario de Trabajo y Conflictos de ASPA. 

De acuerdo con la resolución del juez Victoria Guzmán, “el señor José Manuel Fernández Aguirre tiene la intención de volver a postularse o participar dentro del procedimiento de elección para el año 2022 y ocupar nuevamente el cargo de secretario del Trabajo y Conflictos laborales de ASPA”, por lo tanto, el juzgador ordenó al sindicato de pilotos “se abstenga de ejecutar cualquier trámite, acto o procedimiento por virtud del cual José Manuel Fernández Aguirre pretenda postularse, registrarse, inscribirse, anotarse, o de cualquier otra forma iniciar cualquier procedimiento ante ASPA, cuyo objeto, finalidad o consecuencia, sea ocupar cualquier cargo de elección, incluyendo secretario del Trabajo y Conflictos”.

Pero como el piloto ya estaba registrado en una planilla para competir por la Secretaría del Trabajo, el juez extendió un ordenamiento a la medida de Aeroméxico, y solicitó que “en caso de que haya iniciado ya cualquier procedimiento para postularse, se ordena al sindicato se suspenda dicho trámite, hasta que concluya el procedimiento de elección de cargos de ASPA”.

El veto del juez Helio Victoria Guzmán no tomó en cuenta que la apelación a la sentencia que tomó como base para su resolución, fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un nuevo dictamen en el seno de los ministros y no representa una sentencia definitiva que pueda derivarse en una suspensión de derechos civiles y mucho menos sindicales.

Fernández Aguirre ha venido combatiendo desde hace años en los tribunales las dos demandas que interpuso en su contra Aeroméxico, una civil y otra penal, en las que le exige una indemnización de más de 30 millones de pesos y una pena de prisión por lo ocurrido el 28 de noviembre de 2017.

En la demanda penal, hace apenas un par de semanas, los abogados del capitán obtuvieron una victoria en un tribunal federal en donde un grupo de magistrados reconocieron que su defendido no instigó ni organizó el paro que le atribuye Aeroméxico.  

El 13 de enero de 2022, el Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, concedió un amparo directo al capitán Fernández Aguirre, que obliga a que se le dicte una nueva sentencia por no haber encontrado evidencia de que fue el instigador de la rebelión de pilotos el 28 de noviembre de 2017, y da crédito al hecho de que estuvo presente en su calidad de secretario del Trabajo y Conflictos de ASPA.

“Lo que se advierte es que no es con el carácter de instigador con el que es responsable, sino en todo caso el de auxiliador. Y no es el instigador porque con los datos de prueba disponibles en la condena, no se advierte que él hubiera sido el motor de la idea y del inicio de la ejecución del paro y sin él tener una nave asignada como para que también él hubiera sido un copartícipe”, argumentó el magistrado Juan José Olvera López.

Aeroméxico buscó desde el día de la revuelta de pilotos, no solo despedir a José Manuel Fernández Aguirre de la empresa, sino suspenderle todos sus derechos políticos y civiles para neutralizar su activismo dentro del sindicato.

Pero fue hasta principios de este 2022 que Aeroméxico logró su cometido mediante argucias legales, envueltas en la sospecha de irregularidades procesales, sospecha que involucra también a las autoridades del sindicato de pilotos.

El 24 de enero de 2022, a unos días de arrancar la campaña para la renovación de la directiva sindical, ASPA le informó al capitán José Manuel Fernández Aguirre, a través de la Comisión Electoral del sindicato, que lo habían eliminado de las listas de aspirantes debido a un ordenamiento judicial:

“Le informamos que se entregó el formato al Comité Ejecutivo para publicación con el nombre de los candidatos para la elección de directiva sindical grupo III/22, el cual no contiene su nombre, no obstante estaremos al pendiente de la resolución que nulifique o indique lo contrario; debe saber también que los trabajos del proceso electoral deben continuar, por lo que si la resolución no atiende a los tiempos de la elección de la directiva sindical, no podrá participar en estas elecciones”.

En el documento, firmado por los capitanes Cayetano Mancera, Carlos Obregón y Mauricio Kuri, le aseguraban a Fernández Aguirre que les preocupaba la “autonomía sindical” y que le habían requerido al “área correspondiente” iniciar las “acciones legales” por este “lamentable acto”.

Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación, los derechos sindicales del capitán José Manuel Fernández Aguirre siguen suspendidos por intermediación de Aeroméxico, y la autonomía sindical de ASPA se mantiene en entredicho.  

A través del secretario de Prensa y Publicidad, José de Jesús Suárez Valdez, se solicitó un comentario al sindicato de pilotos sobre la intromisión de Aeroméxico en el proceso electoral, un hecho que a todas luces violenta la autonomía sindical, pero no hubo respuesta a la solicitud.

Aeroméxico tampoco quiso dar declaraciones sobre el veto que promovió contra el capitán Fernández Aguirre.