La entrega de recursos de programas sociales como Prospera, Adultos Mayores e Inclusión Social, el gobierno federal los adelantará a 45 días antes de las elecciones del 7 de junio para evitar su uso con fines político-electorales.
En conferencia de prensa para anunciar el Blindaje Electoral 2014-2015 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la abogada general de la dependencia, María Evangélica Villalpando Rodríguez, dijo que habrá cero tolerancia contra servidores públicos que violen está disposición en todo el territorio nacional.
Sin embargo, dijo que el combate a la pobreza “no se detiene”, por lo que los programas denominados Comedores Comunitarios, Diconsa, Liconsa y Estancias Infantiles se mantendrán vigentes en apoyo a la población de escasos recursos.
Los 18 programas sociales se suspenderán del 23 de abril y hasta el 7 de junio a fin de garantizar a la ciudadanía que los recursos públicos de los órganos desconcentrados y sectorizados de la Sedesol serán utilizados en forma adecuada y no con fines político-electorales.
Para ello, sus órganos desconcentrados y sectorizados en todo el país resguardarán los recursos muebles e inmuebles y colocarán sellos de seguridad que garanticen que no serán utilizados con fines distintos para los cuales están específicamente destinados, dijo.
Villalpando Rodríguez resaltó en las jornadas de resguardo a los consejeros de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs), así como a senadores, diputados federales y locales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación.
Por otra parte, la funcionaria expuso que la dependencia no es la responsable de la entrega de televisores a la población, como parte del llamado “apagón digital”, pues sólo acordó con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte compartir su base de beneficiarios.
“Si yo hiciera comentarios respecto a si eso afecta o no (la entrega de televisores), serían simplemente especulaciones y no quedaría dentro de mi ámbito de atribuciones”, comentó Villalpando Rodríguez.
Lo cierto, insistió, es que ningún programa social puede ser condicionado con fines político-electorales y los servidores públicos que hagan proselitismo podrán ser denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
En este marco, destacó el compromiso de la Sedesol con la imparcialidad y transparencia de sus 18 programas sociales; “no habrá tolerancia, la misión de la Sedesol de contribuir a la construcción de una sociedad más justa estará por encima de cualquier interés o preferencia electoral”.
Recordó que la Sedesol entregó a los servidores públicos un Protocolo Electoral, esto es, un instrumento de consulta básica para que conozcan y se inhiban de comisión de conductas contrarias a la ley.
Villalpando Rodríguez definió que la finalidad del “blindaje electoral” es evitar que los recursos públicos, las acciones que hace y los programas de la Sedesol influyan en el ambiente de los procesos electorales.
“El programa consiste particularmente en reprogramación de la entrega de recursos pecuniarios, aun cuando la normatividad no obliga a suspender la operación de ninguno de los programas sociales”, acotó.
La funcionaria precisó que la Sedesol ha capacitado a 16 mil 148 servidores públicos, cifra sin precedente en el sector, que refrenda el compromiso de la dependencia con la legalidad, el blindaje electoral y el adecuado uso de los recursos públicos.
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