Redacción
Ciudad de México, 20 marzo 2018.-En las carpetas de investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió, derivadas de 14 auditorías a la gestión de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el presunto desvío de 831 millones 141 mil 905.60 pesos, están involucradas también instituciones de educación superior.
En siete expedientes aparece la participación universidades o institutos que se ubican en el Estado de México, Morelos y Chipas, en donde se detectó un esquema consiste en la simulación de contratos.
Las investigaciones involucran a un centenar de funcionarios de la Sedesol, por los casos detectados entre 2014 y 2015, aunque en ninguno de ello se menciona a la titular de la dependencia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó en los análisis a la cuenta pública de los recursos de Sedesol, bajo la conducción de Rosario Robles, que se otorgaron contratos a instituciones que no contaban con la capacidad técnica ni humana para llevar a cabo las labores acordadas.
Las instituciones de educación superior señaladas en los expedientes de la ASF son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Politécnica de Chiapas.
En los expedientes de las auditorías también se menciona a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Politécnica de Texcoco y la Universidad Tecnológica de Nezahuacóyotl.
En el documento “Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2016, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros”, se indica que sólo en una auditoria está relacionado el sistema Radio y Televisión de Hidalgo.
Este organismo está involucrado en el presunto desvío de 955 millones 310 mil 800 pesos, entre marzo de 2014 y febrero de 2015, por la simulación de contratos y subcontratación de empresas fantasma, para la elaboración de una campaña de publicidad.
Las denuncias ante la PGR se presentaron entre octubre de 2015 y diciembre de 2017, por el análisis de la ASF a la cuenta pública de la Sedesol bajo la gestión de Rosario Robles.
La funcionaria permaneció en el cargo entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, cuando fue removida a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
En esta última dependencia, la ASF también detectó irregularidades en contratos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por 356 millones 556 mil 200 millones de pesos.
