Juan Balboa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.-“Jtatic Samuel, hoy aquellos que quisieron matarte ahora dicen que estuvieron al lado tuyo; Señor Padre, todos los que te quisieron hacerte daño dicen que son amigos tuyos. Que mentirosos.

“¡Queremos iglesia al lado de los pobres”.

Quien gritaba por el micrófono frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas era el párroco de la Iglesia del Cristo Negro de Tila, Heriberto Cruz Vera, el sacerdote que estuvo en su lecho de muerte el pasado 24 de enero 2011en el Distrito Federal y animador de la misa masiva que se realizó el miércoles pasado frente a la Catedral de San Cristóbal e las Casas, conocida mundialmente como la Catedral de la Paz.

Y las palabra del párroco Heriberto Cruz Vera, uno de los discípulos del obispo Samuel, iba dirigido a varios de los hombres de poder y dinero de San Cristóbal de las Casas, conocidos como auténticos coletos, a los políticos que sin recato visitaron su féretro expuesto en la parte central de la Catedral.

Eran palabras que parecían bombas para los partidos políticos, sin excepción, que expresaron su “pesar por la muerte del obispo de los pobres”, cuando ellos mismos lo atacaron; al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero que sin ninguna relación negoció con el actual obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, estar presente en todos los actos íntimos (hasta cargar el ataúd) del obispo; y, desde luego, a los medios de comunicación, en particular a los de Chipas, que desplegaron sus primeras planas y sus flachazos informativos dando la buena nueva de que un “obispo bueno” había fallecido.

La corriente que aún se mantiene vigente en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) apareció con una nueva redacción –ha tenido varias- en sus comunicados y recordó la campaña de violencia y agresión que sufrió el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas por parte de los gobernadores, empezando por el papá del que ahora tiene la embestidura de mandatario.

“…Lo que los gobiernos olvidaron propositivamente para cultivar la muerte, se hizo memoria de vida en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“Don Samuel Ruiz García y su equipo no sólo se empeñaron en alcanzar la paz con justicia y dignidad para los indígenas de Chiapas, también arriesgaron y arriesgan su vida, libertad y bienes en ese camino truncado por la soberbia del poder político.

“Incluso desde mucho antes de nuestro alzamiento en 1994, la Diócesis de San Cristóbal padeció el hostigamiento, los ataques y las calumnias del Ejército Federal y de los gobiernos estatales en turno.

“Al menos desde Juan Sabines Gutiérrez (recordado por la masacre de Wolonchan en 1980) y pasando por el General Absalón Castellanos Domínguez, Patrocinio González Garrido, Elmar Setzer M., Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz Ferro (uno de los autores de la matanza de Acteal en 1997) y Roberto Albores Guillén (más conocido como “el croquetas”), los gobernadores de Chiapas hostigaron a quienes en la diócesis de San Cristóbal se opusieron a sus matanzas y al manejo del Estado como si fuera una hacienda porfirista”, señala el comunicado zapatista.

Las agresiones sistemáticas del poder contra Samuel Ruiz

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas fue agredida sistemáticamente desde el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, agresión que se agudizó con el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez y Patrocinio González Garrido.

Con este último, Patrocinio, la iglesia católica sufrió atentados y cierres de templos.

Los templos ubicados en los municipios de Tila y Sabanilla, en la región de la zona norte del estado, fueron las más afectados por la violencia que en contra la Iglesia desato el gobierno del estado y federal a través del grupo paramilitar priista “Paz y Justicia”.

En Tila, la organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI) profano los templos de las comunidades de Corosil, reconstruido después por la propia comunidad; Huanal, también reconstruida por los pobladores; Jolniextié, y Libertad Jolniextié. Seis más fueron cerrados aún con la oposición de los católicos: Miguel Alemán, El Limar, Panwits, Crucero, Masoj Grande y Pastatal.

El atrio de la iglesia de El Limar, poblado considerado el principal centro de operaciones de Paz y Justicia en el municipio de Tila, fue ocupado durante meses por el Ejército mexicano y la Policía de Seguridad Pública del Estado.

En el municipio de Sabanilla, las comunidades choles de Bebedero, Moyos, Jesús Carranza, 20 de Noviembre, Pasija de Morelos, Xuxupa y Paraíso, también fueron cerrados a fines de los años noventa.

Los municipios de Huixtán y Chenalhó siguieron en la lista con el mayor número de parroquias afectadas por la violencia. En el primero, destaca la iglesia de la comunidad de San Fernando, que fue cerrada para todos los católicos y se prohibió asistir a la eucaristía bajo la amenaza de cárcel.

En la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, fue cercado con alambre la casa de los catequistas. Pero aún más grave es la prohibición de las autoridades y agentes municipales priistas del municipio de Chenalhó, para que el sacerdote sustituto del cura francés Michel Henri Jean Chante -expulsado en el 1998, después de 32 años de ser el sacerdote en el municipio de Chenalhó- tomará posesión.

Violencia tenía como objetivo matar la pastoral autóctona

Pero la saña del gobierno federal fue contra los sacerdotes extranjeros. La agresiones contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas se iniciaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a nivel federal, y de Patrocinio González Garrido, en el estado, pero se agudizaron tras la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994.

En 1998, Michel Henri Jean Chanteau, párroco de Chenalhó, fue detenido y expulsado del país, después de que el gobierno mexicano le negara la regularización de sus documentos migratorios.

Michel Chanteau, quien había cumplido 33 años de ser párroco en Chenalhó, engrosó a la lista de agresiones en contra del gobierno diocesano: encarcelamientos, expulsiones, amenazas de muerte y daños en templos.

El sacerdote francés formaba parte, desde 1994, de una lista negra de la Secretaría de Gobernación, la cual incluía a la mayoría de los curas extranjeros en la diócesis.

A partir del levantamiento armado del EZLN, Chanteau fue uno de los objetivos principales de la violencia que desataron, en el primer semestre de 1997, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con Chanteau, sumaron ocho los sacerdotes extranjeros -muchos de ellos con más de diez años de actividad pastoral en las zonas indígenas- que fueron expulsados de México, mientras que 15 curas abandonaron el país por presiones del gobierno mexicano.

El sacerdote belga Marcelo Rostaert, párroco del municipio de Soyatitán, fue el primer religioso detenido por cuerpos policiacos. El 22 de julio de 1990 fue arrestado y acusado de ser autor intelectual de invasiones de tierras en el municipio de Venustiano Carranza, según el expediente penal 578-B/990. El primero de agosto abandonó el país obligado por las autoridades migratorias.

A su vez, Joel Padrón González, párroco de Simojovel, lo detuvieron sin orden de aprehensión el 18 de septiembre de 1991. Sufrió cárcel en el antiguo penal estatal de Cerro Hueco, acusado de los delitos de despojo, daños, robo, amenazas, también de conspiración, portación de armas prohibidas, asociación delictuosa y hasta pandillerismo, según consta en la averiguación previa 3546\991.

El 10 de enero de 1995, el padre Miguel de Alba Cruz sufrió un intento de homicidio en la población de Chicomuselo. Asimismo, seminaristas de San Cristóbal de las Casas fueron hostigados y amenazados de muerte 20 días después.

El 10 de febrero del mismo año, Jorge Santiago Santiago, asesor de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), fue detenido por ser presunto enlace con el EZLN. Se le acusó de los delitos de sedición, motín, rebelión, conspiración y terrorismo. Recupera su libertad meses después, al no aportar el órgano acusador elemento alguno de prueba para demostrar que era responsable.

En esos días, el sacerdote Víctor Anguiano, párroco de La Trinitaria, fue agredido al igual que el edificio del archivo diocesano. La curia diocesana sufrió otras agresiones en febrero de 1995. Un mes después, miembros del PRI hostigaron y amenazaron a frailes y monjas dominicos de la parroquia San Jacinto de Polonia, en Ocosingo.

Otros tres sacerdotes extranjeros de la diócesis de San Cristóbal -Rodolfo Izal Elorz (español), Jorge Alberto Barón Guttein (argentino) y Loren Riebe Estrella (estadounidense)- fueron detenidos y expulsados del país, acusados de participar en invasiones de tierras y “organizar” a los indígenas.

En marzo de 1996, los sacerdotes jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas Morales fueron detenidos violentamente por elementos de la Policía Judicial y Seguridad Pública del estado. Los acusaron de haber participado presuntamente en una emboscada donde murieron dos policías y cinco más fueron heridos.

En el segundo semestre del mismo año, el Instituto Nacional de Migración negó el permiso migratorio FM-3 a otros dos sacerdotes extranjeros del municipio de Salto de Agua: Joaquín Mnich, de Alemania, y Eduardo Machado, de India.