Agencia/Monitor Sur- Ciudad de México- En el segundo trimestre del año, el Senado abrió la cartera de los mexicanos para destinar 175.5 millones de pesos a la actualización de equipos de cómputo y la contratación de un sistema de videovigilancia, entre otros gastos.

Sin licitación de por medio, asignó un contrato de servicios de videovigilancia y radiocomunicación a MCS Network Solutions, empresa que aparece en la red como especializada en conectividad y telecomunicaciones.

“A sus órdenes en equipos para seguridad integral”, dice en su sitio de internet.

El convenio será por tres años, para el periodo que va del 30 de mayo de este año al 30 de mayo de 2018.

“Contrato por 36 meses que de acuerdo a la normatividad queda sujeto a la disponibilidad presupuestal de cada ejercicio”, indica un informe.

En el artículo 21 de las Normas para Adquisiciones del Senado se establece que se podrán hacer adjudicaciones directas cuando se requieran servicios con carácter confidencial.

La Cámara alta también pagó 79.4 millones de pesos a la compañía Expertos en Cómputo y Comunicaciones, a la que se le encargó la actualización de computadoras e impresoras los próximos tres años.

Además, erogó 15.58 millones de pesos para contratar -con la firma Milenium Technologies- un servicio de prevención, monitoreo y detección de amenazas y fallas en la red informática y de comunicaciones en todos los sistemas del Senado.

En ambos casos, pese a que los montos suman más de 95 millones de pesos, tampoco se hizo licitación y se justificó la adjudicación directa con el argumento de que la Mesa Directiva está facultada para acordar esas contrataciones.

“Cualquier adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública que autoricen los Órganos de Gobierno de la Cámara, se adjudicará mediante el procedimiento de adjudicación directa”, señala el mismo artículo 21 de las Normas para Adquisiciones.

La Cámara también contrató asesorías por 6.4 millones de pesos para poner en orden las finanzas y actualizar sus normas internas a fin de cumplir con los nuevos ordenamientos de apertura de datos en poder de autoridades.

La Ley General de Transparencia fijó el 30 de agosto para que el Congreso abriera el manejo de sus finanzas sin mediar petición de ciudadanos, lo cual no ocurrió.

Los contratos están en el Informe sobre Contrataciones en Materia de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Formalizados, el cual por normatividad reporta el Senado cada tres meses.

Con informació de Reforma