Redacción

Ciudad de México, 26 abril 2017.-El Senado de la República aprobó hoy la minuta que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. La ley establece la ‘prohibición absoluta a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentran proscritos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa’

La ley aprobada por el Senado prevé, entre otras medidas, una pena de 30 años de prisión a funcionarios, policías o agentes del Ministerios Público que incurran o participen en esos ilícitos.

El dictamen establece que comete el delito de tortura el servidor público que con el fin de obtener información o una confesión, en el marco de una investigación, cause dolor o sufrimiento a otra persona, como medio intimidatorio o castigo personal.

La nueva ley, fundamentada por la presidenta de la comisión Gobernación, la priista Cristina Díaz, se aprobó por unanimidad y ya se turnó al Ejecutivo para su publicación.

ONU felicita al Congreso

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU-DH) para los Derechos Humanos celebró la aprobación de dicha norma, lo cual representa el cumplimiento de una de las recomendaciones formuladas por el comisionado, durante su visita en octubre de 2015.

Mediante un comunicado, el representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, comentó que el siguiente reto es la implementación de la ley: evitar el uso de la tortura en investigaciones criminales, castigo a quienes la perpetren y reparación del daño a la víctima. De todo esto, la Oficina del Alto Comisionado estará al pendiente.

“Las potencialidades de la ley adquirirán pleno significado cuando se traduzcan en una práctica observable y evaluable, esto es, cuando se prevenga la tortura, se sancione a los culpables, se excluyan las pruebas obtenidas mediante tortura y se repare de manera integral a las víctimas. Por ello, la ONU-DH hace un llamado para que la ley se promulgue a la brevedad y, sobre todo, se garantice su aplicación efectiva”, dijo.

Jarab reconoció la labor de instituciones como la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la aprobación de la ley, pero sobre todo, del impulso de víctimas para evitar que sus casos se repitan.

Con la nueva norma se prohíbe la tortura como:

Método de investigación

Se excluyen las pruebas obtenidas bajo ese medio

Creación de un registro nacional de casos

Mecanismos para la reparación del daño a víctimas

Sanciones

El servidor público que incurra en este delito.

10 a 20 años de prisión

500 a mil días de multa de salario mínimo

50% aumentará la pena, es decir hasta 30 años de prisión, cuando la víctima sea un menor adolescente

Hasta 30 años de cárcel si la víctima es una mujer embarazada, una persona con discapacidad, un adulto menor, migrante, afrodescendiente o indígena o si es sometida cualquier forma de violencia sexual

Espaldarazo de EPN

“Reconozco la labor de quienes participaron en su discusión y perfeccionamiento. Es un importante paso para construir un mejor país”, Enrique Peña Nieto, Presidente.