Agencias / MonitorSur, Xalapa, Veracruz .- Aves y peces embadurnados de petróleo. Ríos ennegrecidos y cientos de animales muertos. Se trata de una estampa que ha dejado producirse eventualmente a convertirse en un acontecimiento que se repite con cierta regularidad en diversos países de América Latina. Hace un mes, el pasado 7 de abril, en plena crisis sanitaria mundial a causa del coronavirus, se produjo un derrame de al menos 15.000 barriles de crudo en la Amazonía ecuatoriana que afectó a 120.000 personas.

Este suceso recuerda al desastre causado por Texaco años atrás, cuando la empresa vertió más de 16,8 millones de galones de petróleo en los ríos y lagunas de la Amazonía ecuatoriana contaminando a 480.000 hectáreas de las inmediaciones del Lago Agrio, entre 1964 y 1992, según recoge la web de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco.

Según Alexandra Almeida, de la organización no gubernamental ecuatoriana Acción Ecológica, los derrames no se han detenido desde entonces ya que son “intrínsecos” de la industria petrolera. “No hay forma de extraer petróleo sin impactos ambientales y sociales”, aseguró a DW. 

“La situación de derrames en la Amazonía se ha convertido, también, en una pandemia”, dijo a DW Diego Saavedra, especialista del Programa Gobernanza y Gestión Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales de Perú, país que fue afectado por este derrame ecuatoriano.

“Es la segunda vez que ocurre un daño transfronterizo en los últimos seis años y no hemos aprendido a coordinar entre Perú y Ecuador la contención bilateral de estos derrames”, lamentó a DW Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible de Perú. “La actual pandemia ha impedido que la autoridad ambiental pueda desarrollar la supervisión y fiscalización del lugar”, agregó.

Según la organización Amazon Frontlines, entre 2005 y 2015 se produjeron 1.169 derrames en Ecuador, el 81% de ellos en la misma Amazonía. “La tecnología está obsoleta y no se aplican sistemas de mantenimiento adecuados a la infraestructura”, explicó Almeida.

Un deslizamiento de tierra entre las provincias de Sucumbíos y Napo, una zona cubierta por la selva amazónica, causó la interrupción del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Poliducto Shushufindi-Quito, que transportan crudo. El derrame fue de al menos 15.000 barriles.

En el caso peruano, “la actividad petrolera tiene más de 50 años en la cuenca Amazónica, y en datos oficiales se hablan de más de 200 derrames en infraestructuras de transporte”, lamentó a DW Saavedra.

Para Carol Mora, Directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental “el problema es abordado con enfoque derrame a derrame”. “No existe una mirada sistémica de la Amazonía, los derrames no son entendidos como un problema integral que amerita soluciones integrales y durante todo el ciclo de vida de los proyectos”, consideró a DW.

La cruda realidad del crudo

El vertido ecuatoriano se produjo unos días antes de la celebración del décimo aniversario del derrame del Golfo de México. A pesar de este acontecimiento histórico, los vertidos de petróleo, en lugar de disminuir han aumentado en América Latina.

Para Dolores Rojas, Coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Boell de México, uno de los factores que contribuye a ello son las llamadas puertas giratorias. “En la región, ha habido funcionarios que actúan como representantes o gestores de las empresas al interior de los gobiernos o son promovidos como legisladores a favor de las empresas en los congresos”, dijo a DW apuntando a Alfredo Elías Ayud, ex director de la Comisión Federal de Electricidad de México.

Así, “los conflictos de interés obstaculizan el buen funcionamiento de las instituciones públicas encargadas de la regulación, la supervisión y la sanción a las empresas que causan algún daño ambiental y a la salud”, consideró. No obstante, en el último caso, “la historia ha demostrado que las multas no minimizan los daños”, consideró a DW Fernando Cabrera, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “Los Estados no están muy interesados en realizar buenas fiscalizaciones, prefieren obtener recursos económicos a cuidar el ambiente y las poblaciones”, agregó.

Rojas coincidió que el pago de las multas millonarias “las empresas terminan contabilizándolas como un gasto necesario para seguir operando”.Por este motivo, “los marcos normativos tienen que ser mucho más estrictos y restrictivos”, dijo a DW Pablo Ramírez, Coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace en México. A ello hay que añadirle mecanismos de supervisión y de mitigación de riesgos, apuntó Rojas que abogó por “cierres inmediatos y definitivos para empresas que no cumplan con los estándares”.

La solución pasa por la transición

Todos los expertos consultados abogaron por una transición energética en la que se deje atrás al petróleo y con ella este tipo de catástrofes medioambientales. “La única manera de terminar de terminar con ellos es dejando el petróleo bajo suelo”, recalcó Ramírez recordando que actualmente “la desaceleración de la economía ha colapsado los precios”. “Ahora mismo las industrias fósiles no son sustentables ni desde la perspectiva económica, la mayoría de los pozos dejan de ser rentables para su explotación”, concluyó. (jov)

Con información de la agencia ‘Deutsche Welle’.