La diputada del PRD Lorenia Valles Sampedro demandó la fiscalización de los recursos del Fideicomiso Río Sonora y que haya mecanismos de transparencia que permita conocer si dicho instrumento está ayudando a la gente, como presumen los gobiernos estatal y federal, y qué tanto es verdad que la emergencia concluyó.

Aseguró que es de primer importancia que Grupo México cumpla con la entrega de 5 mil millones de pesos, como lo pidió la Comisión Especial del Río Sonora de la Cámara de Diputados, para atender plenamente las posibles afectaciones a futuro derivado de la contaminación.

Explicó que esos recursos deben servir también para una reconversión de la economía de la región, de los sectores afectados y generar mayor inversión en infraestructura, impulsar el turístico y que aquella zona alcance un despegue económico importante y puedan ser autosuficientes.

Al referirse a la comparecencia que tendrá próximamente el titular del fideicomiso Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo en la Cámara de Diputados, Valles Sampedro aseguró que las versiones que han venido difundiendo el gobierno de Guillermo Padrés y el gobierno federal, derivado de la mayor contaminación en la historia del país, distan mucho con lo que gente afectada en Sonora denuncia.

Explicó que en las pasadas semanas hizo recorridos por las poblaciones afectadas en diversos municipios donde escuchó reclamos y preocupaciones de la gente, y apuntó que más allá de la revisión de las cifras que ambos gobiernos han difundido, dichos datos no coinciden con la realidad y con lo que la gente está denunciando.

Afirmó que en Sonora los afectados por el derrame de contaminantes de la Minera de Cananea, hablan de injusticias y denuncian, como es el caso de  agricultores, que hay quienes sólo han recibido 10 mil pesos por hectárea como compensación económica por sus pérdidas, mientras otros aseguran no han recibido nada.

“Esto contrasta con la información del caso de una joven, empleada del gobierno estatal que se dedica a aplicar uñas acrílicas, a quien se le entregó un cheque por 300 mil pesos, mientras que agricultores nos han informado que han recibido entre 10 o 50 mil pesos”, apuntó.

Valles Sampedro consideró que el uso de esos recursos no deben ser discrecional sino en base a criterios, claros, específicos; que no generen injusticias, ni división entre la gente, y acusó que agricultores que siembran alfalfa o Chiltepín, se les ha negado indemnizarlos, la primera por ser un forraje, y la segunda porque se da de manera silvestre.

Dijo que si bien Lacy Tamayo está convocado para informar sobre el pago de indemnizaciones a los afectados por el derrame de desechos tóxicos de la mina de Cananea, sería importante que tocara los problemas que se generaron por la contaminación: salud de la población afectada, medio ambiente; abasto y calidad del agua; el económico de la región y el mediático que están directamente relacionados con los recursos financieros que debe aportar Grupo México.

La legisladora  detalló que hay personas que presentan llagas en la piel, pierden su cabello, derivado muy probablemente de contaminación, por lo que urge hacer ya el monitoreo en salud que se comprometieron las autoridades para lo que ya hay recursos, así como la edificación de un centro epidemiológico en el municipio de Ures, que se tiene previsto se termine su edificación en febrero.

Aseguró que el tema del abasto y calidad del agua sigue siendo un problema, por lo que en días pasados la población bloqueó la carretera que sigue la  ruta del Río Sonora, donde la población exigió calidad del agua, además de que no trabajan la totalidad de los pozos que se acordaron para tener nuevas fuentes de abasto del líquido con mayor calidad, lo mismo que de la tierra.

Destacó su preocupación por que a través de spots de radio y televisión se busque  convencer a la gente que “las cosas ya están bien”,  que el agua es de calidad y la pueden consumir sin ningún problema, pero afortunadamente la gente no les cree, e incluso se molesta mucho.

De igual manera consideró “muy prematuro el cierre de la etapa de emergencia” por la contaminación de los Ríos Sonora y Bacanuchi y exigió a los gobiernos de Guillermo Padrés y al federal, proteger a la gente afectada,  y no dedicarse a “lavarle la cara a Grupo México”. 

Dijo que a través de campañas propagandísticas, de declaraciones, ambos gobiernos pretenden dejar atrás la emergencia pero para la población no está cerrada, todavía tienen muchas dudas si el caudal de los ríos están limpios de los contaminantes derramados, lo mismos que sus tierras.