Redacción

Ciudad de México, 30 marzo 2017.-Dos motines consecutivos, cuatro internos muertos y 16 lesionados en el penal de Cadereyta, estado norteño de Nuevo León, confirman hoy las debilidades del sistema penitenciario mexicano, entre controversias al nivel federal y estatal

En el reclusorio de Cadereyta se repitió en menos de dos días un segundo motín, que resultó en perdidas humanas, la quema de dos pisos del penal y el robo de medicamentos de la enfermería.

A ello se agregan fugas en otras dos prisiones en los últimos días, incluidos de reos que esperaban tras las rejas su extradiccion a Estados Unidos.

En uno de esos escapes 29 reos utilizaron un túnel de cinco metros de profundidad y 40 de largo, en Tamaulipas, siguiendo la misma ruta de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exjefe del cartel de Sinaola, hoy preso en Estados Unidos tras historia escapistas y expedientes criminales en su país y en cortes judiciales estadounidenses.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, segundo al mando del ejecutivo que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, salió en su defensa y encomendó a los gobiernos estatales a blindar y atender los centros de reclusión bajo su responsabilidad constitucional.

Una buena recomendación, aunque al sistema penitenciario mexicano también le afecta la corrupción e infiltración de los grupos criminales, que sobrepasan, en hechos demostrados, la influencia y mando del gobierno federal.