Redacción

Ciudad de México, 19 julio 2017.-El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por el cual se crearon leyes e instituciones, entra en vigor hoy para enfrentar un flagelo que afecta el tejido político, social y económico en México.

Como novedad acompañan al sistema como organismos nuevos la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, aunque quedó pendiente por el Congreso designar al fiscal anticorrupción y aprobar la Ley General de Archivos.

Igualmente, falta establecer en la mayoría de los estados los sistemas locales anticorrupción, que deberían ser espejos del nacional, y que el Senado nombre a 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, quienes deberán encargarse de juzgar los casos graves de corrupción tanto de funcionarios públicos como particulares.

La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, se designó a un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales (unos 11 millones de dólares).

Participan también la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el fiscal anticorrupción, cuando sea aprobado.