Agencia/Monitor Sur – Estado de México – La resolución que otorga la libertad a cuatro militares involucrados en la masacre de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, puede traer como consecuencia la impunidad en el caso, advirtieron especialistas.

Para el Centro Prodh, que representa a una de las sobrevivientes, no se podrá hablar de justicia hasta que no exista una investigación debida de la Procuraduría General de la República (PGR) y se reconozcan los derechos de las víctimas.

“Sigue pendiente todo lo que pasó. Además de los homicidios, ésta es una parte de la justicia y no estará completa hasta que se investigue la cadena de mando, que tiene una relación directa con el derecho a la verdad de las víctimas”, comentó Araceli Olivos, coordinadora del área de defensa del organismo que representa a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia.

El lunes, un juez ordenó la liberación de los militares Alan Fuentes, Julio César Guerrero, Samuel Torres y Ezequiel Rodríguez, al ser exonerados de ejercicio indebido del servicio público, el único ilícito que les imputó la PGR tras ser detenidos por la matanza.

La resolución fue apelada por la PGR.

La abogada consideró que aunque los soldados no ingresaron a la bodega donde ocurrieron los hechos, sí se les podrían imputar otros delitos.

Por eso, llamó a la PGR a que perfeccione su acusación, apele con argumentos contundentes la resolución de libertad y acuse a los militares por otras conductas ilícitas, para procesarlos penalmente.

“Deberían subsistir los otros probables delitos, como alteración de la escena de los hechos, encubrimiento, omisión en la defensa de los derechos humanos y, en el mejor de los casos, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las sobrevivientes, e incluso tortura”, comentó.

Olivos recriminó también que la Procuraduría no haya indagado la cadena de mando, derivado de la orden de abatir criminales en horas de oscuridad que difundió el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos del 30 de junio de 2014.

Por otra parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, calificó como preocupante que la PGR no haya ofrecido evidencias de que los militares incurrieron en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

“(Hay que) ver si los protocolos se están implementando adecuadamente y respetándolos, y llamar a cuentas a quien no lo hizo, porque finalmente hay una consecuencia, y ésta es que personas que aparentemente violaron la ley, hoy están libres”, manifestó.

“Indudablemente la consecuencia inmediata puede ser la impunidad, pero a mí lo que me sigue preocupando mucho es qué tanto seguimos generando una cultura (…) de actuar de una manera poco profesional y de saltarnos los procesos”.

Con información de Reforma