Agencias/Círculo Digital/Ginebra.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), propuso al Gobierno de México crear una fiscalía especial en la materia con atribuciones similares a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)a, para combatir ese flagelo que ha sembrado caos en el País.

El Comité cuestionó a los funcionarios del Gobierno de México que han hecho poco o nada sobre para evitar las desapariciones forzadas, cuyas estadísticas reales generan más dudas que certezas.

Funcionarios de México comparecieron hoy ante el Comité que, regularmente, examina en Ginebra a los 44 Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Una y otra vez los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales u oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país.

Y, de éstas, cuántas eran mexicanos, cuántas emigrantes mexicanos o centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos, y si se está creando un banco genético de esos extranjeros, cuántos niños y cuántas mujeres.

Los relatores explicaron que, si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra.

Todas estas cuestiones quedaron en el aire, dado que la delegación se limitó a dar algunos datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus funciones al estar relacionados con en este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió.

La subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García, afirmó que la dependencia aún estudia la creación de esta fiscalía, y que los Ministerios Públicos están profesionalmente capacitados para investigar este delito, y que cuentan con 27 expertos en investigación forense.

El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.

Pero no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito.

Con anterioridad, además, señaló que se habían localizado 18 mil personas hasta el 31 de octubre del 2014, “el 69%”.

Cuestionada la delegación para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin respuesta.

Proponen 14 medidas

Por su parte el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, su informe sobre esta materia.

En su participación en este encuentro, celebrado en Ginebra, Suiza, el ombudsman nacional también propuso un plan de 14 medidas para atender de manera integral la problemática en materia de desaparición de personas en México, informó la CNDH en un comunicado.

Entre ellas destacan el reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales; aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada y expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Sostuvo que es necesario continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, así como con la identificación de personas, además de crear un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una base de datos.

También planteó que la obligación de investigar no sólo debe limitarse a encontrar y sancionar a los responsables, sino a dar con el paradero de los desaparecidos; establecer protocolos de búsqueda de desaparecidos y crear un Sistema Nacional de Información Genética.

Además, poner especial atención en la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

En el plan, el titular de la CNDH agrega que se debe tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de cuerpos policiales.