México, DF (CirculoDigital).- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validaron la operación del Acueducto Independencia y los títulos de concesión de agua otorgados por las autoridades federales y estatales que asignan 40´182,450.60 millones de centímetros cúbicos; 11´720,000.00 millones de metros cúbicos; y 8¨582,594.00 millones de metros cúbicos de aguas superficiales del río Yaqui a las autoridades sonorenses.

Lo anterior, luego de que los ministros de la primera sala de la SCJN resolvieron las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Ignacio Río Muerto y Cajeme en contra de la construcción y operación de dicha obra hidráulica que desde hace dos años lleva el vital líquido de la presa El Novillo a la ciudad de Hermosillo Sonora.

Por votación de cuatro votos contra uno, los ministros declararon por otra parte, la invalidez de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el único efecto de que se garantice el derecho de audiencia, sin efectos vinculantes, a los municipios quejosos.

Para ello, el presidente de la República, como titular del Ejecutivo federal, tiene un plazo de 30 días para cumplir con el derecho de los citados municipios y para elaborar una nueva manifestación ambiental.

El ministro Arturo Zaldívar votó en contra de uno de los considerandos del proyecto (votó en términos generales a favor), en contra de la validez de los títulos de concesión.

José Ramón Cossío votó en contra del proyecto elaborado por Jorge Pardo Rebolledo (que contó con el apoyo de Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) por considerar que no tenía competencia para presentar la demanda.

Con ésta decisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prácticamete concluyo un litigio en el ámbito jurídico, pero no en el social, ya que la tribu yqaqui , la cual interpuso también amparos en contra de la construcción de la obra (en 2013) ha realizado bloqueos carreteros y movilizaciones en el estado de Sonora en protesta de ésta obra hidráulica que tiene 132 kilómetros de largo.

En los amparos, los quejosos solicitaron al máximo tribunal del país fijar desde disminuciones del volumen de agua que se pretende trasvasar hasta declarar ilegales los dictámenes en materia ambiental que sustentan la construcción del acueducto.

Los juicios de amparo fueron interpuestos por integrantes de la tribu yaqui del pueblo de Vícam, así como por las asociaciones de Usuarios Productores Agrícolas, de las secciones de riego número 16 y K-73+500.

Como resultado de las movilizaciones sociales dos de los dirigentes yaquis Fernando Jiménez Gutiérrez y Mario Luna Romero, fueron detenidos, consignados y están en prisión, por procesos penales iniciados por las autoridades locales por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de auto, compareció este miércoles ante un juez local y rechazó las acusaciones.