Agencias / MonitorSur / HOUSTON .- Sentada frente a su abogado en un centro de detención migratoria en una región rural de Georgia, Mileidy Cardentey Fernández se desabrocha el uniforme para mostrar las cicatrices en su abdomen: tres pequeñas marcas circulares.

A la mujer de 39 años originaria de Cuba únicamente se le dijo que tenía que someterse a una operación para tratarle quistes en los ovarios, pero un mes después sigue sin estar segura del procedimiento que se le realizó. Luego de que solicitó sus registros médicos en repetidas ocasiones para averiguarlo, el Centro de Detención del condado Irwin le entregó más de 100 páginas en las que se detalla el diagnóstico de quistes, pero nada sobre el día de la cirugía.

“Lo único que me dijeron fue: ’Te vas a dormir y cuando despiertes ya habremos terminado”, dijo Cardentey, a través de su abogado, durante una entrevista telefónica esta semana.

Cardentey conservó su brazalete de hospital. Tiene la fecha, 14 de agosto, y parte del nombre del médico, el doctor Mahendra Amin, un ginecólogo vinculado esta semana a las acusaciones de practicar histerectomías —extirpación total o parcial del útero— y procedimientos no deseados por mujeres inmigrantes y que ponen en riesgo su capacidad de tener hijos.

Una revisión de The Associated Press a los registros médicos de cuatro inmigrantes detenidas y entrevistas con sus abogados revelaron crecientes acusaciones de que Amin realizó cirugías y otros procedimientos que las inmigrantes nunca solicitaron o no comprendían en su totalidad.

A pesar de que algunos de los procedimientos podrían justificarse basándose en los problemas documentados en los registros, las mujeres no dieron su consentimiento o no tenían conocimiento pleno, lo que genera graves problemas éticos y legales, informaron expertos legales y médicos.

Amin ha realizado cirugías y otros tratamientos ginecológicos a por lo menos ocho de las mujeres que han pasado por el Centro de Detención del condado Irwin desde 2017, incluso una histerectomía, dijo Andrew Free, abogado de derechos civiles y migratorios que trabaja con otros colegas para investigar los tratamientos médicos realizados en el lugar. Varios médicos, a pedido de los abogados, están examinando los nuevos registros, y más mujeres han reportado ser pacientes de Amin, dijo Free.

“Hay indicios de que existe una falta sistémica de consentimiento informado y legalmente válido para realizar procedimientos, lo que a final de cuentas podría resultar en una esterilización, intencional o no intencional”, declaró.

La revisión hecha por la AP no encontró evidencia de histerectomías masivas en el centro de detenciones, según se afirma en una denuncia ampliamente compartida que fue presentada por la enfermera Dawn Wooten. Ella dijo que muchas mujeres detenidas fueron llevadas a un ginecólogo que no nombró y a quien llamó “el coleccionista de úteros” debido al número de histerectomías que realizó.

La denuncia desató una reacción indignada de congresistas demócratas y una investigación del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Evocó además comparaciones con esfuerzos previos aprobados por el gobierno en Estados Unidos para esterilizar a personas con el pretexto de mejorar la sociedad: víctimas que eran desproporcionadamente pobres, enfermos mentales, indígenas, negros y otras minorías. Treinta y tres estados tuvieron programas de esterilización forzada en el siglo XX.

Una abogada que ayudó a presentar la denuncia dijo que ella nunca habló con alguna mujer que hubiera tenido una histerectomía. Priyanka Bhatt, abogada por el grupo activista Project South, dijo a The Washington Post que incluyó las acusaciones de histerectomía porque quería que ello generara una investigación para determinar si eran ciertas.

“Tengo la responsabilidad de escuchar a las mujeres con las que he hablado”, dijo Bhatt a la AP el viernes. Agregó que una mujer afirmó que fue presionada reiteradamente para someterse a una histerectomía y que las autoridades le dijeron que no pagarían para que obtuviera una segunda opinión médica.

Amin dijo al sitio web noticioso The Intercept, que reportó inicialmente la denuncia de Wooten, que él solamente ha realizado una o dos histerectomías en los últimos tres años. Su abogado, Scott Grubman, dijo en una declaración: “Esperamos que todos los hechos salgan a la luz y confiamos en que, una vez que eso suceda, el doctor Amin será exonerado de cualquier acción indebida”.

Grubman no respondió el jueves a nuevas preguntas.

En un comunicado el viernes, el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), Tony Pham, aseguró: “Si hay algo de verdad en esas acusaciones, estoy comprometido a hacer las correcciones necesarias para asegurarnos de que continuamos dando prioridad a la salud, el bienestar y la seguridad de los detenidos del ICE”.

LaSalle Corrections, la firma privada que opera el centro de detención, dijo en una declaración que refuta “enérgicamente esas acusaciones y cualquier insinuación de que se procedió indebidamente”.

Las mujeres detenidas en el Centro de Detención del condado Irwin que necesitaban un ginecólogo solían ser llevadas al doctor Amin, de acuerdo con historiales médicos provistos a la AP por el abogado Free y el abogado Alexis Ruiz, que representa a Cardentey. Las entrevistas con detenidas y sus abogados indican que algunas mujeres llegaron a tenerle miedo al doctor.

Los expedientes revisados por la AP muestran que se le realizó una evaluación psiquiátrica a una mujer el mismo día que se rehusó a que le hicieran un procedimiento quirúrgico conocido como dilatación y curetaje. Normalmente llamado DyC, el procedimiento implica el retiro de tejido del útero y puede usarse para tratar un sangrado excesivo. En una nota escrita en papel membretado de la oficina de Amin se afirma que la mujer estaba preocupaba.

De acuerdo con una síntesis escrita de su evaluación psiquiátrica, la mujer dijo: “Estoy preoocupada por el procedimiento que van a hacerme”.

En la síntesis se afirma que ella negó necesitar atención para su salud mental y agregó: “Estoy preocupada porque vi a alguien más después de que las operaran y lo que vi me asustó”.

La AP también revisó los expedientes de una mujer a la que le hicieron una histerectomía. Ella dijo tener un sangrado irregular y la llevaron con Amin para una posible DyC. En un estudio de laboratorio del tejido se encontraron indicios de un cáncer temprano llamado carcinoma. Las notas de Amín indican que 11 días después la mujer aceptó que le hicieran la histerectomía.

Free, que habló con la mujer, dijo que ella se sintió presionada por Amin y “no tuvo la oportunidad de decir que no” o hablar con su familia antes del procedimiento.

Los médicos le dijeron a la AP que una histerectomía pudo haber sido apropiada debido al carcinoma, aunque quizá había disponibles opciones menos invasivas.

Los abogados de ambas mujeres solicitaron que sus nombres no fueran mencionados por temor a sufrir represalias de las autoridades de inmigración.

En otro caso, Pauline Binam, una mujer de 30 años traída de Camerún a Estados Unidos cuando tenía 2 años, vio a Amin porque tuvo un ciclo menstrual irregular y le indicaron que se hiciera una DyC, dijo su abogado Van Huynh.

Cuando despertó de la cirugía, señaló Huynh, le indicaron que Amin le había retirado una de sus dos trompas de Falopio, que conectan el útero con los ovarios y son necesarias para concebir un hijo. Los expedientes médicos de Binam indican que el doctor descubrió que la trompa estaba inflamada.

“Ella estaba estupefacta y como que lo confrontó acerca de que no le había dado su consentimiento para que le hiciera eso”, señaló Huynh. “La respuesta de él fue que de todas formas ya habían ingresado allí y descubrieron que existía ese problema”.

Aunque las mujeres todavía pueden concebir con una sola trompa de Falopio y un ovario intactos, los médicos que conversaron con la AP dijeron que el retiro de la trompa probablemente fue innecesario y nunca debió haberse efectuado sin el consentimiento de Binam.

Los médicos también cuestionaron cómo fue que Amin descubrió la trompa inflamada porque la realización de una DyC normalmente no implica explorar las trompas de Falopio.

La doctora Julie Graves, médico familiar y de salud pública en Florida, dijo que el proceso fue “absolutamente abominable”.

“Está establecido en la ley en Estados Unidos que no operas todo lo que encuentras”, agregó. “Si estás en un hospital escuela y un médico tratante hace algo así, estalla un escándalo y los despiden”.

Binam estaba a punto de ser deportada el miércoles, pero el ICE postergó esa acción a raíz de las peticiones de miembros del Congreso y una solicitud de su abogado para una suspensión de emergencia.

Grubman, abogado de Amin, dijo en un comunicado que el doctor “ha dedicado su vida adulta a atender a una población de alto riesgo y desatendida en las zonas rurales de Georgia”.

Amin completó su carrera de medicina en India en 1978 y su residencia en ginecología en Nueva Jersey. Ha practicado en las zonas rurales de Georgia durante al menos tres décadas, según documentos judiciales. Registros corporativos estatales también muestran que el doctor es ejecutivo de una compañía que administra el Hospital Condado Irwin.

En 2013, investigadores estatales y federales demandaron a Amin, a la autoridad hospitalaria del condado Irwin y a un grupo de otros doctores acusados de presentar facturas falsas al Medicare y Medicaid, los servicios gubernamentales de atención médica a los ancianos y las personas de bajos ingresos, respectivamente.

En la demanda se afirma que el personal de enfermería del Hospital Condado Irwin estaba capacitado para seguir las “instrucciones fijas” de un médico, descritas como “procedimientos preparados con base en el diagnóstico de la enfermera”. Esto significaba que el personal de enfermería a menudo decidía los planes de tratamiento, pero eran facturados al Medicaid y Medicare como si el doctor los hubiera ordenado, según la demanda.

Los investigadores vincularon una de las instrucciones fijas a Amin, alegando que él solicitó que “siempre se hicieran ciertas pruebas a pacientes embarazadas, sin ninguna evaluación médica y sin importar el problema de salud que tuviesen”.

Se alcanzó una solución a la demanda en 2015 sin sanciones contra Amin que se conozcan. El hospital pagó 520.000 dólares tras llegar a un acuerdo, y señaló que ningún médico pagó nada de esa cantidad y fue “exonerado de toda responsabilidad”.

La Junta Médica Conjunta de Georgia describe a Amin como un médico acreditado y sin ninguna medida pública disciplinaria en su contra. La directora ejecutiva de la junta, LaSharn Hughes, dijo que los expedientes de las investigaciones eran confidenciales de acuerdo con la ley estatal.

Los fiscales estatales no remitieron a Amin ante la junta médica después de la demanda relacionada con las facturaciones porque no implicó acusaciones específicas de daño a paciente alguno, dijo Katie Byrd, portavoz del secretario de Justicia de Georgia, Chris Carr.

Con información de la agencia ‘The Associated Press’.