Agencias / MonitorSur / VERSAILLES, Francia .- La memoria USB apareció de manera misteriosa al ser entregada por un mensajero desconocido. Contenía un explosivo tesoro: un conjunto de correos electrónicos sorprendentes que detallaban un intrincado esfuerzo de los ejecutivos de IKEA en Francia para obtener información sobre empleados, solicitantes de empleo e incluso clientes.
“Dígame si estas personas han tenido algo que ver con la policía”, rezaba el mensaje de un ejecutivo a un investigador privado, que buscaba la comprobación ilegal de los antecedentes penales de cientos de aspirantes a un puesto de trabajo en IKEA.
“De un día para otro, un trabajador modelo se convirtió en representante radical de los empleados”, se leía en otro. “Tenemos que averiguar por qué”.
Una década después de que esos correos electrónicos salieran a la luz, están en el centro de un juicio penal que ha acaparado la atención pública en Francia. Los fiscales acusan a la filial francesa de IKEA, el gigante sueco de los muebles para el hogar, y a algunos de sus antiguos ejecutivos de diseñar un “sistema de espionaje” entre 2009 y 2012.
Operaciones clandestinas
El presunto espionaje se utilizó para investigar a los empleados y a los organizadores de los sindicatos; comprobar si los trabajadores que tenían una licencia médica estaban enfermos y evaluar a los clientes que querían que se les devolviera el dinero por pedidos fallidos. Se contrató a un militar retirado para ejecutar algunas de las operaciones más clandestinas.
El caso despertó la indignación en 2012 después de que los correos electrónicos se filtraran a los medios de comunicación franceses e IKEA despidió de inmediato a varios ejecutivos de su unidad francesa, incluido su director general. No hay pruebas de que se haya producido una vigilancia similar en ninguno de los otros 52 países en los que la minorista mundial pule su imagen fresca de ahorro con estilo servido con albóndigas suecas.
Sin embargo, la amplia actividad en Francia, que según los documentos judiciales se remonta a 2002, ha renovado las preguntas sobre las violaciones de datos por parte de las empresas en un país que en la era digital ha elevado los derechos a la privacidad.
120 demandantes
El caso, que se deriva de una demanda presentada por el sindicato francés Force Ouvrière y cerca de 120 demandantes, en su mayoría organizaciones sindicales, también ha sacado a la luz las tensiones tan arraigadas en Francia entre empresarios y sindicatos, que suelen ser más acaloradas que en Suecia.
Paméla Tabardel, fiscal adjunta de Versalles, cerca de la sede de IKEA Francia en Plaisir, pide una multa de 2 millones de euros (2,35 millones de dólares) para IKEA Francia, penas de prisión de al menos un año para dos exdirectivos de la empresa y un investigador privado y multas para algunos gerentes de tienda y agentes de policía. En total, se acusa a 15 personas. Se prevé que el jurado emita su veredicto el 15 de junio.
“IKEA llegó a Francia con una imagen de minorista hogareño con valores humanistas”, dijo Tabardel a los jueces ante una sala abarrotada la semana pasada, cuando el juicio finalizaba. En cambio, dijo, IKEA Francia vigiló de manera ilegal a al menos 400 personas y utilizó la información en su beneficio.
El abogado de IKEA, Emmanuel Daoud, negó que se hubiera llevado a cabo una vigilancia sistemática en las tiendas de IKEA en Francia, que en la actualidad suman más de dos docenas, y exigió que se retiraran los cargos contra la empresa. Argumentó que cualquier violación de la privacidad había sido obra de una sola persona, Jean-François Paris, jefe de gestión de riesgos de la unidad francesa, quien según Daoud actuó “solo” sin el conocimiento de los altos ejecutivos de IKEA.
Paris testificó que los ejecutivos de IKEA Francia tuvieron conocimiento de la actividad y la habían apoyado. “No se trató de un acto personal, sino un sistema puesto en marcha a petición de la dirección de IKEA”, afirmó, y acusó a la empresa de “cobardía” por echarle la culpa a él.
Un abogado de Jean-Louis Baillot, el director general despedido que está imputado en el caso, negó que su cliente hubiera estado al tanto de cualquier tipo de vigilancia sistemática y dijo que Baillot había sido despedido de manera injusta.
Los abogados de las víctimas describieron una operación metódica que seguía dos vías: una que incluía la comprobación de los antecedentes penales de los candidatos a un puesto de trabajo y de los empleados sin su conocimiento y otra que tenía como objetivo a los líderes y miembros del sindicato.
“Sin rastro”
Los correos electrónicos y los recibos demuestran que Paris encomendó gran parte del trabajo a Jean-Pierre Fourès, un agente retirado del Ejército francés en África, enjuto y directo, que dirigía su propia agencia de investigación y se jactaba de “no dejar rastro” de su trabajo.
En un caso, se contrataron los servicios de Fourès para investigar si la subdirectora de comunicación y comercialización de IKEA Francia, quien durante un año tuvo una licencia por enfermedad para recuperarse de hepatitis C, había fingido la gravedad de su enfermedad cuando los directivos se enteraron de que había viajado a Marruecos.
El investigador contrató a un contacto para que se hiciera pasar por un trabajador de una aerolínea y le pidiera a la empleada de IKEA con 12 años de antigüedad, Virginie Paulin, que proporcionara copias de los sellos de su pasaporte para ganarse un boleto gratis. El pasaporte confirmó su viaje a Marruecos.
“¡Excelente!”, escribió Baillot en un correo electrónico a Paris y a Claire Héry, directora de recursos humanos. “Haremos más comprobaciones después de Navidad para acorralarla”, escribió (el abogado de Héry, Olivier Baratelli, dijo que no había pruebas de que ella estuviera al tanto de la vigilancia sistemática. Los cargos contra ella fueron retirados).
Paulin acabó siendo despedida. En 2012, declaró a The New York Times que tenía una segunda residencia en Marruecos y que había volado allí para recuperarse de su enfermedad. Dijo que su despido la había afectado tanto que intentó suicidarse.
Tensiones
Los ejecutivos de IKEA prestaron especial atención a los sindicatos y a sus esfuerzos por reclutar miembros. En 2010, las tensiones estallaron cuando Adel Amara, líder sindical de una tienda de IKEA en Franconville, al noroeste de París, convocó a los empleados a una huelga para pedir un aumento salarial del cuatro por ciento. IKEA dijo que la huelga le había costado millones de euros en ventas perdidas.
Después de eso, IKEA “trató de evitar más huelgas mediante un sistema de espionaje”, argumentó Vincent Lecourt, abogado de uno de los sindicatos franceses de la tienda. Los directivos de IKEA crearon una red de vigilancia para recabar información con el fin de despedir a Amara y frenar la actividad sindical de los militantes, según dijeron los abogados de los demandantes.
GSG, una empresa de seguridad francesa contratada por Paris, le aconsejó a IKEA que le tendiera una “trampa jurídica” a Amara y envió a uno de sus agentes para que se hiciera pasar por cajero, según los documentos judiciales. El infiltrado se hizo pasar por trabajador e informó sobre las conversaciones con Amara y la esposa de este, también empleada de IKEA, mientras espiaba a otros activistas sindicales.
“Su plan era infiltrarse en los sindicatos y reventarlos desde dentro”, dijo Lecourt.
Paris también contrató a un guardaespaldas disfrazado de auxiliar administrativo con el objetivo, según declaró, de proteger a los directivos que denunciaban que Amara los había acosado. Más tarde, un juez penal declaró a Amara responsable de acoso moral después de que IKEA France interpuso una denuncia.
Daoud, abogado de IKEA Francia, dijo que no había pruebas de las acusaciones de los sindicatos. “No hubo ninguna persecución a los miembros del sindicato”, dijo.
Esta afirmación no ha disipado el sentimiento de injusticia entre los trabajadores, que dicen haber quedado marcados para siempre desde el momento en que se enteraron de que su empresa los espiaba.
En una entrevista, Amara declaró que, en 2011, poco después de que IKEA lo despidiera, una persona que no quiso identificarse le entregó en su casa una memoria USB que contenía el explosivo tesoro de correos electrónicos que se convirtió en la base de la demanda.
Amara comentó que llevó la memoria USB a los medios de comunicación franceses, lo cual desató la tormenta mediática en torno a IKEA Francia que condujo a las investigaciones policiales y el juicio actual.
“IKEA actuó como si tuviera todo el poder sobre sus empleados”, dijo.
“Si IKEA no hubiera sido desenmascarada”, añadió, “habría seguido adelante”.